Artículo de opinión de Rafael Fenoy Rico
Mucho se ha “vendido” por parte de la Junta de Andalucía la integración del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en el Sistema Educativo. Mucho se predica de la “igualdad de oportunidades”, que supone ofrecer más a quien menos tiene para superar los hándicap, las dificultades de orden social o personal que niñas y niños heredan. Mucho se utiliza la palabra “inclusión”.
Mucho se ha “vendido” por parte de la Junta de Andalucía la integración del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en el Sistema Educativo. Mucho se predica de la “igualdad de oportunidades”, que supone ofrecer más a quien menos tiene para superar los hándicap, las dificultades de orden social o personal que niñas y niños heredan. Mucho se utiliza la palabra “inclusión”. Pero cuando se trata de formar profesionalmente a este alumnado, de darle oportunidad de ser y sentirse útil socialmente y alcanzar el mayor grado de autonomía posible, no está todo dicho. En 2002 ya se regula mediante orden de un periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales. Por ello a partir de los 16 años se le tenía que ofrecer la posibilidad de formación profesional por medio de Programas de Transición a la Vida Activa y Laboral o Programas de Garantía Social, después denominados PCPI. Después, ya en 2014 un real decreto, 127/2014, de 28 de febrero, viene a concretar aspectos de la nueva Formación Profesional Básica (FPB), acordándose de este alumnado con NEE, en una disposición adicional, estableciendo que la finalidad de estos programas es dar continuidad al alumnado con NEE y responder a «colectivos con necesidades específicas» y que estarán adaptados a sus necesidades.
No obstante los familiares de este alumnado, así como el profesorado que lo ayuda quedan atónitos cuando instrucciones posteriores de 2014, impiden la escolarización de este alumnado con NEE en los Programas de FPB. Específica, dejándoles sin un futuro formativo. Más aún cuando en el Proyecto de Orden, en estos momentos en periodo de consultas para el próximo curso 2015-2016, mantiene los mismos requisitos de acceso que la instrucciones anteriormente citadas, discriminando negativamente a este pequeño colectivo de alumnado que apenas tiene oferta formativa que favorezca su inserción laboral, lo que significa, en última instancia, ser excluidos de luchar por un futuro.
Los dos elementos que deberían modificarse, al hilo de lo que se hace en otras comunidades autónomas serían: Aumentar la franja de edad establecida con carácter general para incorporarse al programa y evitar la referencia a la modalidad de escolarización estableciendo como requisito que “su grado de discapacidad permita expectativas razonables de inserción laboral al término del programa”.
De esta forma sería real una FPB inclusiva e integradora.
Rafael Fenoy Rico
Fuente: Rafael Fenoy Rico
