Artículo publicado en Rojo y Negro nº 387 de marzo
Estamos viendo cómo ha surgido un boom de movilizaciones del sector productivo del campo y no ha faltado tiempo para que la derecha o los contrarios al Gobierno “más progresista de la historia” se intenten apropiar de este movimiento. Sin embargo, hablamos de una lucha muy compleja con una amalgama de distintos intereses.
Desde principios del siglo XX hay intenciones desde el Estado e, incluso, desde asociaciones católicas para que se asocien y se beneficien de ello: mutuas, pósitos, institutos de previsión, cámaras agrícolas, compras al por mayor para vender en conjunto, etc. Los años del Franquismo fueron los años de bonanza donde se obedecían órdenes del Régimen y su intervencionismo y estos entes fueron absorbidos por la Organización Sindical Obrera: les decían qué producir y fijaban los precios, pero además, se admitía la máxima de que un trabajo tenía que dar como mínimo lo suficiente para vivir y mantener una familia. La Transición trajo la caída de la OSO y los agricultores no volvieron a organizarse de la misma manera salvo asociaciones de profesionales del sector que hoy conocemos como COAG, UCCL, ASAJA, etc.
Los problemas del campo siempre han existido
Cada vez se necesita menos mano de obra, mejor y costosa maquinaria y más terrenos para conseguir los mismos márgenes. Los agricultores son muy reacios a organizarse, van por libre y compiten en un libre mercado. La agricultura, como un sector estratégico, necesita una planificación económica, el completo libre mercado sería la completa ruina. Décadas atrás vimos cómo se daban las ayudas de la PAC y hoy vemos las consecuencias, fue un grifo de dinero público para que se mejorasen sus cultivos y productividad, pero sin ningún ente de vigilancia para su objetivo. No podemos negar que los tractores son herramientas que valen miles de euros, pero es curioso cómo muchos agricultores, mientras airean su mala situación, al mismo tiempo, tienen pisos en la ciudad y un cochazo… incluso aquellos que alegan haber trabajado a pérdidas durante décadas.
La protesta en sí misma no tiene un proyecto de reivindicaciones concretas como tal, resulta muy genérico pedir “ayudas al campo”. Desde una perspectiva anarcosindicalista deberían olvidarse de las producciones individuales y formar cooperativas potentes capaces de unificarse y competir, sería una evolución necesaria: se quejan de la diferencia de precios entre la producción y el supermercado, qué mejor forma de presionar que vendiendo ellos mismos sin intermediarios.
La generación relevo en este sector, como en muchos otros, es complicada, más aún cuando se necesitan bastantes hectáreas y miles de euros para comenzar, entre ellos no se apoyan y se exige que el Estado dé “paguitas de iniciación”. La solución desde nuestro horizonte político puede ir encaminada a expropiar tierras sin labrar y destinarlas a un fin socio-laboral, a beneficio de la sociedad y de la clase trabajadora.
Otro aspecto que valorar en este conflicto es la competencia interna y desleal. Faltan inspectores de trabajo, la garantía de que quienes cumplen con la ley no tengan “compañeros” con mano de obra esclava o que agricultores jubilados sigan ejerciendo la profesión. Sin salarios acordes al coste de la vida es imposible que se encuentren jornaleros que vivan dignamente, a la vez, que sin un sueldo en condiciones, el resto de la sociedad tampoco podrá comprar un producto local y ecológico.
¿Esto tiene solución?
Desde una perspectiva sindicalista, podemos apreciar la doble vara que está utilizando el Estado. Organizarse desde grupos de Whatsapp, convocar sin comunicar las manifestaciones, tal y como a los demás se nos exige a ley, y otras acciones violentas son permitidas… Si nosotros hiciéramos lo mismo, ya tendríamos a compañeros y compañeras en la Audiencia Nacional acusados de terrorismo de Estado (con su correspondiente montaje policial). Los manifestantes varían entre pequeños propietarios y grandes latifundistas hasta cooperativistas que bien podrían simpatizar con nuestro ideario. No se puede generalizar ni encasillar a todos los manifestantes, aunque al tonto del pueblo se le distingue muy bien llevando una bandera con el escudo franquista.
Otra rama de las protestas va en la línea de la teoría de la conspiración contra la Agenda 2030. Desde CGT sabemos que este proyecto es un blanqueamiento (greenwashing) del capitalismo y sin medidas reales frente a la crisis climática, una realidad que algunos agricultores niegan. No llueve, calienta, y la península ibérica se seca. No se entiende que la sobreexplotación del riego seca los acuíferos (pan hoy, hambre mañana). Se alega una competencia exterior injusta de la UE. Sin embargo, no podemos jugar al libre mercado cuando ganamos y exigir intervencionismo cuando perdemos. Desde el sindicalismo exigimos que en el origen de los productos o materias exista la misma Justicia Social, sin blanquear regímenes ni esclavitud añadiendo que los mínimos de la OIT están desactualizados (y no suelen cumplirse por los Estados firmantes). Son medidas que beneficiarían a la clase trabajadora y a las exigencias de este sector.
Como conclusión debemos reflexionar para poder entender los problemas de este sector y de la clase trabajadora del campo, sin olvidar a quienes tienen intenciones de apropiarse de estos movimientos, ni tampoco generalizar a sus participantes. Para ofrecer soluciones hay que llevar propuestas y ofrecer una reforma agraria que ponga los cimientos del futuro que deseamos.
Alberto García Lerma
Fuente: Rojo y Negro
