La actual Ley de Extranjeria, aprobada por el gobierno del PP con apoyo del PSOE, ya
tiene por fin su Reglamento. Este Reglamento, fruto del diálogo social entre patronal, sindicatos
institucionales y gobierno, mantiene el fondo y el espíritu de la Ley : discriminación y recorte de
derechos fundamental de las personas extranjeras, especialmente en los casos de entrada
irregular y de la población sin papeles.
La Ley de Extranjería y su Reglamento consolidan el papel del Estado Español de fronteratapón
dentro de la estrategia de la Unión Europea de conformar una Europa sin derechos sociales
fundamentales, una Europa fortaleza insolidaria con lo pueblos del Tercer Mundo a los que
explota, una Europa que se quiere dotar de un Tratado Constitucional que legitima la economía de
mercado, el capitalismo salvaje de la multinacionales y el desmantelamiento de los servicios
públicos. En este contexto los flujos migratorios, personas reales de carne y hueso con
necesidades y derechos, son simples números como mano de obra utilizable tanto en la economía
sumergida como en la economía “real”.
El Reglamento pretende regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las necesidades del
mercado laboral ; persigue equilibrar la actual relación entre el empleo irregular y el regular, de
cara a recoger mayor cuantía contributiva para las arcas públicas ; y abre a los sindicatos
institucionales (CC.OO. y U.G.T) la participación directa en la regulación de los flujos, en los
procedimientos y en el control de la contratación.
Pero el el Reglamento no da respuestas al largo millón de personas “irregulares” en su
triple dimensión : laboral (derechos laborales), social (derechos sociales) y cultural (respeto por
formas de vida propia, especificidades, convivencia, etc.). Sí da respuestas a los actuales
mercados de trabajo, articulando los procedimientos de aplicación para los sectores específicos
de construcción, campo, hosteleria y servicio doméstico, mediante un proceso de “normalización”
de sólo 3 meses de duración.
La CGT intentará que esta escasa medida alcance al mayor número de personas sin
papeles, pues lo fundamental es posibilitar que salgan del drama humano y social en el que
viven.. Pero nos permitimos preguntar : ¿cuántas personas sin papeles van a poder acceder a una
situación de regularización ? ; ¿por qué no una “normalización” permanente, no limitada en el
tiempo ? ; ¿por qué la libertad de circulación es un derecho otorgado a los capitales, … y negado a
las personas ?
La CGT denuncia esta “regularización” que deja en manos de los empresarios la decisión
final de que cientos de miles de personas sean oficialmente reconocidos como ciudadanos y
ciudadanas de 2ª categoría. Tanto en el caso de la regularización extraordinaria como en el caso
de la autorización de residencia por arraigo, quien emplea a una persona inmigrante es quien
tiene la capacidad de hacer o no que esta persona pueda tener los papeles en regla.
Por ello, la CGT se suma y convoca a las movilizaciones en el estado español del 21 y 22
de Enero por :
La igualdad de derechos,
Regularización para todos y todas,
Derogación de la Ley de Extranjería.
