El policía local de Rubí (Vallès Occidental) Ildefonso R.C. ha aceptado hoy la pena de 18 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otra de seis meses por estafa a 17 inmigrantes que contrató para su empresa, Nuñebon, y a los que hacía trabajar 12 horas diarias.

El policía local de Rubí (Vallès Occidental) Ildefonso R.C. ha aceptado hoy la pena de 18 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otra de seis meses por estafa a 17 inmigrantes que contrató para su empresa, Nuñebon, y a los que hacía trabajar 12 horas diarias.

Los procesados, el agente y su mujer, María Dolores P.C., tenían una empresa dedicada a la fabricación de componentes, accesorios y piezas de repuesto para automóviles en Rubí y, al menos desde octubre del 2001 y hasta junio del 2002 —cuando cerró la fábrica— utilizaron a inmigrantes en situación irregular sin pagarles varios sueldos, horas extras y vacaciones.

Falsas promesas de papeles

Los 17 empleados realizaban jornadas laborales de 12 horas, con una para comer, y trabajaban de lunes a sábado y dos domingos al mes. Además, lo hacían sin permiso de residencia ni de trabajo, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. A veces los acusados se retrasaban en el pago de los salarios y no lo abonaban en su totalidad.

En abril del 2002, el policía local descontó a cada uno de ellos 525 euros del sueldo de los 1.050 euros que, supuestamente, necesitaba para tramitarles los permisos de residencia y trabajo, promesa que nunca llegó a cumplir.

Rebajas en las peticiones del fiscal

El Ministerio Público había imputado al matrimonio un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por el que pidió cinco años de prisión y una multa de 3.240 euros para cada uno, y un delito continuado de estafa a Ildefonso R.C. por el que solicitó otros tres meses de cárcel.

Sin embargo, tras alcanzar una conformidad y teniendo en cuenta las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, el fiscal ha rebajado su petición a una multa de 1.080 euros y a dos años de prisión María Dolores P.C., cuyos antecedentes penales pueden ser cancelados, por lo que podría no ingresar en prisión si abona la multa y entrega, junto a su esposo, el dinero que debía a sus empleados cuando cerró la empresa.

Para el acusado ha pedido la misma multa, un año y medio por explotar a los inmigrantes ilegales y seis meses más por estafa con la atenuante de reparación del daño, por lo que, al no tener antecedentes, probablemente no ingresará en la cárcel.

http://www.elperiodico.com/default.asp ?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=548638&idseccio_PK=1022&h=


Fuente: EP