La CGT ha conseguido anular una nueva muestra del caciquismo de una Administración, esta vez la del Ayuntamiento de Valladolid gobernado por el PP.
En el año 2005 se convocaron 165 plazas de personal laboral en el citado Ayuntamiento. Tras las dos primeras pruebas, aprobadas por cerca de 2.000 personas, fue una entrevista la que determinó quien entraba a trabajar. Es un hecho probado que la entrevista sirvió para aupar a los «enchufados» y eliminar a quienes el Ayuntamiento suponía poco afines a sus ideas.
La sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Valladolid ha vuelto a cuestionar el proceso de selección llevado a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid y el tribunal designado para acceder a una de las 162 plazas del Servicio de Limpieza que se convocaron en el año 2005, y cuya prueba de entrevista ha sido anulada por la jueza.
En su fallo, la jueza acuerda anular la entrevista como prueba de acceso al Servicio de Limpieza y ordena que las actuaciones se retrotraigan hasta la celebración de ese trámite, al entender que se han infringido las bases del concurso-oposición, no se han garantizado los criterios de objetividad y al considerar que las preguntas realizadas a los candidatos no respondían a los objetivos perseguidos.
Se trata de la segunda resolución en idénticos términos, ya que a finales de 2006 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló el referido trámite de entrevista personal, dando así la razón a la petición realizada por una decena de opositores representados por CGT .
Entonces la resolución se ceñía solo a los diez recurrentes. Este segundo fallo hace extensivo su contenido a todas las personas que se presentaron a concurso oposición, ya que la impugnación fue realizada globalmente por CGT .
Las dos sentencias vienen a estimar la mayor parte de las tesis mantenidas por el abogado de CGT, Óscar Martínez, quien durante el juicio reiteró su petición para que se anulara la polémica entrevista por entender que, « además de parcial y carente de rigor en su contenido », no se publicitaron previamente los criterios que iban a utilizarse en la misma y su finalidad no era la de averiguar las aptitudes profesionales de los aspirantes.
En el juicio, el letrado del Ayuntamiento vallisoletano pidió la desestimación del recurso ya que, según su criterio, las pruebas realizadas en la convocatoria, entre ellas la entrevista personal, reunían todos los requisitos de legalidad y achacó a la complejidad del proceso los posibles errores cometidos a la hora de firmar las actas.
Por otra parte, la jueza no admite la petición de CGT de que a la vista del « posible perjuicio causado » se indemnice a los excluidos que trabajaban como interinos en esa fecha, por los daños causados por su cese al no haber superado la convocatoria. La titular del juzgado rampoco acepta que haya existido « desviación de poder ».
Ambas cuestiones será recurridas si, como es previsible, el Ayuntamiento de Valladolid recurre la Sentencia.
Por último, no podemos dejar de hacer mención a que en el tribunal que decidió quienes accedían al empleo se encontraban representantes de UGT y de otros sindicatos. Una de dos, o son unos inútiles o también estaban en el ajo.
Par : FEDERACIÓN LOCAL DE VALLADOLID
Fuente: FEDERACIÓN LOCAL DE VALLADOLID
