Se considera tortura los malos tratos "inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas."
Con esta definición arranca el Informe 2007 sobre la Tortura en el Estado Español, realizado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en el que se recoge que más de 610 personas denunciaron malos tratos en el estado español durante el año pasado.
Se considera tortura los malos tratos «inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas.»
Con esta definición arranca el Informe 2007 sobre la Tortura en el Estado Español, realizado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en el que se recoge que más de 610 personas denunciaron malos tratos en el estado español durante el año pasado.
En su tercer informe, la Coordinadora constata «la pervivencia de este problema en el Estado español, ya que entre 2001 y 2006 se han recogido alrededor de 4.200 denuncias.»
Por otra parte, la coordinadora señala que «la mayoría de las demandas son presentadas por sindicalistas y personas vinculadas a movimientos sociales» y estás acusan a «miembros de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
Catalunya y Galicia a la cabeza
Estas demandas se recogen en 266 situaciones distintas, siendo detectados la mayoría de los casos en Catalunya y Galicia, que han visto como incrementaban las torturas dentro de su comunidad en un 85 y un 133% respectivamente.
Catalunya ha experimentado «un espectacular aumento de las denuncias contra los Mossos d’Esquadra», principalmente en Barcelona donde se han registrado más 100 casos.
Mientras que en Galicia lo más llamativo es que están aumentando el número de denuncias contra las policías locales.
El componente racial
Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado «detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros» denunciando también «la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos» reflejados en el informe España. Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado.
«En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país» concluye la asociación.
Fuente: SARA PLAZA | 20 minutos
