Un informe de expertos independientes sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE advierte de que en España no se respeta adecuadamente el derecho de los trabajadores a ser avisados de su despido en un plazo razonable.
Tal como ha hecho el Comité Europeo de Derechos Sociales, el informe denuncia que este derecho a un aviso previo —consagrado en la Carta Social Europea—, no goza de la protección necesaria en el caso de los trabajadores con contrato temporal de más de un año, ya que el empleador sólo está obligado a advertirles con quince días de antelación.
El informe —presentado esta semana por la Comisión Europea pero del que ésta no se hace responsable— también sostiene que las regulaciones españolas de salud y seguridad en el trabajo no protegen suficientemente a los trabajadores autónomos, lo que atenta contra el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas.
El documento ha sido elaborado por una red formada por expertos independientes de los Veinticinco Estados miembros, puesta en marcha por la CE en 2002 a raíz de una petición del Parlamento Europeo. En él se analiza, uno por uno, la situación de los derechos recogidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales durante 2003, con anotaciones sobre los avances o motivos de preocupación en cada
Estado miembro.
España no está entre los más censurados, sobre todo, si se le compara con los países recién incorporados a la Unión. No obstante, recibe advertencias, por ejemplo, en el capítulo dedicado a la Libertad de expresión y de información, donde el informe se hace eco de «la inquietud suscitada por las amenazas a periodistas en el País Vasco» y refleja la existencia de «quejas acerca de la dificultad que encontraron los periodistas para informar de la ilegalización Batasuna y sobre el desastre ecológico del Prestige».
En el apartado sobre el derecho a la vida, los redactores constatan con preocupación que la mejora de los mecanismos de disuasión en el Estrecho de Gibraltar están desplazando los flujos de inmigración ilegal hacia rutas «más peligrosas», como el canal de Islas Canarias, sin que se tenga en cuenta el impacto de este fenómeno sobre la vida de los inmigrantes.
Sobre el derecho al asilo, expresan su inquietud por los efectos potenciales del proyecto de España, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, de patrullar conjuntamente el Mediterráneo para interceptar embarcaciones con inmigrantes ilegales. Los expertos lamentan también las altas tasas de absentismo entre la población infantil gitana, que constituyen una afrenta al Derecho a la Educación.
En cuanto al respeto a la vida privada y familiar, expresan su preocupación por que una reforma legal restringe el derecho al reagrupamiento familiar de extranjeros. Además, sostiene que las modificaciones al régimen de intercepción de comunicaciones telefónicas «no han bastado para dotar estas intercepciones de un
marco jurídico de calidad suficiente».
