El Estado español es el séptimo exportador mundial de armamento. Hasta ahora, la participación del Ministerio de Defensa en esta actividad se limitaba a incentivar el sector ofreciendo información a las empresas españolas a través de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio y dedicando buena parte de su presupuesto a fomentar la investigación y el desarrollo ( I + D) en nuevas herramientas de lo que ellos llaman "defensa y seguridad".
Pero las empresas eran las que hacían los contratos de armamento con los gobiernos extranjeros y las que se encargaban de cumplir estos contratos, mientras que el Ministerio de Defensa facilitaba que se establecieran contratos de exportación de armamento, pero no llevaba a cabo la exportación.
Pero las empresas eran las que hacían los contratos de armamento con los gobiernos extranjeros y las que se encargaban de cumplir estos contratos, mientras que el Ministerio de Defensa facilitaba que se establecieran contratos de exportación de armamento, pero no llevaba a cabo la exportación.
A través del Decreto Ley 19/2012 aprobado el 25 de mayo de este año, el gobierno aumenta «las capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación». En la práctica y dejando de lado la ambigüedad del texto, el Estado pasará a ejercer directamente de intermediario entre el país que compra el material bélico y las empresas de armas españolas.
Concretamente, a través del Ministerio de Defensa, el gobierno español podrá firmar contratos con los países compradores y comprometerse a garantizar el suministro del armamento fabricado por la empresa española y a supervisar la ejecución del contrato. Por otra parte, la administración española actuaría como representante del gobierno extranjero ante la empresa suministradora de armamento.
En el decreto, que también recoge otras medidas encaminadas a liberalizar el comercio y las exportaciones, el gobierno justifica el otorgamiento de más competencias al Ministerio de Defensa aduciendo que, hasta ahora, el Estado español se encontraba en una situación de desventaja dentro el mercado de las armas. «Nuestra base industrial y tecnológica se ha visto obligada a competir en el mercado internacional, en desigualdad de condiciones, contra ofertas procedentes de bases industriales extranjeras que gozaban de un apoyo mucho más proactivo y eficaz ofrecido por sus gobiernos de origen» , argumenta. Según declaró la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, «la mayoría de los países exigen que sus adquisiciones tengan el apoyo de los ministerios de Defensa de los países que suministran este material». A pesar de la supuesta desventaja esgrimida por el Estado español para justificar el nuevo decreto, el comercio de armas reportó 2.431 millones de euros a las empresas estatales el año 2011, un 115% más que el año anterior.
Para el Centro Delàs de Estudios para la Paz, de la fundación Justicia y Paz, el gobierno español se ha convertido en traficante de armas desde el 25 de mayo. «No es ninguna exageración; según el diccionario de la Real Academia Española, traficar significa, en su primera acepción, comerciar, negociar con el dinero y las mercancías», aseguran en un comunicado. La fundación asegura que la nueva medida vulnera una ley aprobada en 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, ya que se dejaría sin capacidad de intervención real del órgano administrativo que regula y autoriza las exportaciones de material de defensa desde el Estado español, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDU).
¿A quién se venden estas armas?
La mayoría de países receptores de las armas españolas son conocidos por sus vulneraciones constantes de los derechos humanos o bien por tener conflictos armados internos abiertos. Es el caso de Marruecos, Colombia, Egipto, Jordania, Omán, Bahrein, Israel y, sobre todo, Arabia Saudí, país que ha motivado la aprobación del decreto ley.
Y es que el país saudí, bien conocido por la feroz represión que ejerce sobre la disidencia interna y por la influencia geopolítica que pretende adquirir en la zona del Magreb, quería adquirir entre 200 y 300 carros de combate Leopard 2E fabricados en España , pero no le parecían bien las condiciones. Arabia Saudí pretendía que, como ocurre en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, el gobierno fuera quien comprara el material en su nombre, quien garantizara el suministro y el seguimiento y, lo más importante, quien respondiera ante posibles anomalías o reclamaciones, que, como apunta la lógica, recaerían principalmente sobre la ciudadanía.
Pedro Morenés, ministro de Defensa español y ex director general para el Estado de la empresa fabricante de misiles MBDA, se comprometió, durante una visita a Riad, a impulsar medidas legales que satisfacieran las aspiraciones de Arabia Saudí y garantizaran el éxito de esta operación comercial que se estaba negociando desde 2008. Dos semanas después, se aprobó el decreto ley, que salvaguarda los intereses de la industria armamentística española, considerada como un «sector esencial de la actividad económica del país» por el gobierno.
Las empresas beneficiarias del decreto
Dentro de la industria armamentística española, los sectores que obtienen más facturación anual son el de las plataformas aeroespaciales y navales, seguidos a bastante distancia por el sector del armamento, los misiles y las municiones. Además de la empresa General Dynamics Santa Barbara, fabricante de los tanques Leopard 2E, las compañías más beneficiadas por el nuevo decreto serían los astilleros públicos Navantia, que está negociando un pedido de doce submarinos militares para la armada australiana hasta el 2025, y empresas como Arpa, Iber o la conocida empresa Indra, con sede en el distrito 22 @ de Poblenou. El ministerio de Morenés también negocia la venta de helicópteros EC-135-fabricados por la planta que el consorcio aeronáutico europeo tiene en Albacete-en Portugal.
Nora Miralles; Semanario Directa.
Fuente: Nora Miralles
