La trama de corrupción policial en la comisaría de Ronda (Málaga) se va desvelando con cuentagotas. Uno de los supuestos cabecillas de la red, un agente de la escala básica, está acusado de revender parte de la droga que intervenía en las redadas a pequeños traficantes, informaron fuentes cercanas a la investigación. El delito contra la salud pública, que le puede costar entre tres y nueve años de prisión, es sólo uno de los siete que se le imputan. Entre los cargos contra él también hay delitos de cohecho, falsedad documental, abusos sexuales continuados, estafa, extorsión y abuso de su condición de agente del orden.
Esta semana, los funcionarios de los juzgados de Ronda han comenzado a citar a los testigos y personas relacionadas con el caso, que sigue bajo secreto de sumario. Fuentes judiciales indicaron ayer que, dada la dimensión de las actuaciones, se está «escuchando casi a medio pueblo». Hace unos días, uno de los policías en libertad con cargos pidió declarar por segunda vez ante el juez. Según fuentes cercanas al caso, se trata del agente prejubilado que quería ampliar su testimonio. El agente, que fue puesto en libertad el mismo día de las detenciones, ha sido citado por el juez la próxima semana.
En la operación, destapada el pasado 20 de febrero, fueron apresados siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Entre ellos se encontraba Juan Antonio Rodríguez, un inspector jefe de 50 años que había asumido hacía un año y medio el mando de la comisaría de Ronda con el encargo de poner un poco de orden. El inspector jefe, un subinspector de extranjería y el agente de la escala básica mencionado están en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga). Los otros cuatro agentes se hallan en libertad con cargos.
El titular del Juzgado número 3 de Ronda tiene pruebas de que el agente de la escala básica encarcelado «pedía dinero a los propietarios de los clubs de alterne para no hacer redadas en busca de personas en situación irregular», y cree que él y otro agente del mismo rango imputado -considerados los cabecillas del grupo- se acostaban con prostitutas, sin pagar, y las estafaban pidiéndoles dinero para tramitarles los papeles de residencia.
Estos dos agentes eran «los amos de la comisaría» desde hacía al menos cuatro años, y cuando llegó el nuevo jefe comenzaron a invitarle a los prostíbulos de la ciudad para tenerlo de su lado. Fuentes cercanas al caso indicaron que Juan Antonio Rodríguez, de 50 años y con fama de recordar a sus subordinados cada artículo del reglamento, reconoció ante el juez que «le habían corrompido».
El inspector jefe está acusado de ocho delitos -entre los que destaca la detención ilegal y una agresión sexual- y el subinspector de extranjería de otros tres : abusos sexuales, revelación de secreto y cohecho. Según fuentes conocedoras del caso, el juez achacó a este último el retraso en la tramitación de expedientes de expulsión de inmigrantes.
Las defensas de los dos cargos policiales de escala ejecutiva han recurrido la decisión del juez de privarles de libertad, mientras que la del agente raso piensa denunciar la actuación judicial porque «no se han comunicado las causas y los hechos por los que ha sido detenido».
Las irregularidades de esta comisaría, con 39 agentes, eran conocidas por mucha gente en el pueblo. «Resultaba muy sospechoso que sus registros siempre dieran negativo», comenta un compañero de los detenidos. Las sospechas sobre sus actuaciones hicieron que los agentes de Ronda estuvieran cada vez más apartados de los servicios habituales. En los últimos meses, las redadas contra la droga las realizaron agentes de la capital con apoyo de la Policía Local.
El juez mantiene en prisión al primero de los cabecillas porque cree que «es posible que pueda exigir nuevas cantidades de dinero en los clubs a cambios de su omisión» y que hay posibilidades de que tenga encuentros sexuales sin consentimiento. También cree que podría aprovechar la libertad para utilizar sus amistades en el Cuerpo Nacional de Policía o con terceros para alterar las pruebas que pudiesen implicarle en delitos contra la salud pública.
Según fuentes cercanas al caso, «el juez pensaba enviar a los dos a la cárcel, aunque finalmente dejó a su compañero en libertad porque tiene un familiar gravemente enfermo». Aún así, tiene que ir todos los días al juzgado y le han prohibido que se acerque a ninguno de los clubes de alterne de la zona. Está acusado de cinco delitos : abuso sexual, abuso del ejercicio de sus funciones, extorsión, falsedad documental y estafa.
En la operación fue detenido asimismo el propietario de un pub de la ciudad, también en prisión, al que se le intervinieron unos 60 gramos de cocaína durante un registro. Según fuentes policiales, era muy amigo del subinspector de extranjería encarcelado.
Fuente: JUANA VIÚDEZ/EL PAIS
