Los responsables de una obra irán a la cárcel por incumplir su obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores. En una sentencia pionera, y que ya es firme, la Audiencia de Madrid condenó en julio a dos años y seis meses de prisión a un arquitecto, un jefe de obra y otros dos responsables de una construcción en la que murieron dos obreros. La sentencia, que será recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, fija indemnizaciones para las familias. Con casi un millón de accidentes al año, España es el país europeo con mayor siniestralidad laboral.
Los implicados han sido condenados por dos homicidios imprudentes y un delito contra la seguridad de los trabajadores y, al tratarse de una pena de más de dos años, ingresarán en prisión.Los condenados deberán indemnizar con 140.683 euros a la viuda de uno de los fallecidos y con 60.101 al padre del otro.
El accidente, que ocurrió en Madrid el 21 de mayo de 2001, segó la vida de José Antonio Corona, que dejó viuda y un hijo, y de José Antonio Herranz, soltero. Esta sentencia sin precedentes -ya que uno de los principales problemas de la siniestralidad laboral es la impunidad- describe el cúmulo de despropósitos que propició sus muertes. A ambos trabajadores se les mandó que desmontaran un andamio motorizado, sin estar preparados y formados para ello y sin que la instalación del mismo estuviese prevista en el estudio de seguridad que debe acompañar el inicio de cualquier edificación. Legalmente, éste debe detallar qué se va a hacer en una obra y los medios que hay que aplicar para la seguridad de los obreros. No hacerlo es delito.
La sentencia, de la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid, describe así el accidente : «Sin formación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los andamios y uno de ellos (no es posible determinar quién de los dos) cometió un error fatal : después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada, y la plataforma subió por el tramo que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo».
Los condenados a ir a la cárcel son el arquitecto y jefe de grupo de la obra, Emilio Rodríguez ; el jefe de obra, Pablo Queralto, el coordinador de seguridad, Juan Ángel Baigorri, y el empresario, Jacinto Calvente, empleador de uno de los fallecidos. Cogeinsa fue la empresa encargada de la obra.
El empleado José Antonio Herranz González era peón, empleado de una empresa de trabajo temporal cedido a la empresa Cogeinsa para realizar tareas de limpieza y movimiento de materiales. El otro trabajador, José Antonio Corona Trigo, apenas llevaba un mes trabajando cuando ocurrieron los hechos y tampoco recibió instrucción para esta tarea.
Queralto rechazó ayer comentar la sentencia. En cambio, el abogado de Calvente, Esteban Mestre, así como de otro de los condenados a una pena menor de dos años, Vicente Palacios, explicó que considera la sentencia «injusta» y que la recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional, al que solicitarán la suspensión de la pena mientras decide. El resto de condenados no pudieron ser localizados.
El abogado del sindicato CC OO Antonio García ha lamentado «que la vía penal no se utilice apenas en los casos de siniestralidad, ya sea por falta de pruebas o por acuerdos con la familia, a la que muchas veces se chantajea con el dinero».
España es el país europeo con mayor siniestralidad laboral, con casi un millón de accidentes y más de mil muertos al año. Un tercio de los casos se debe a sobreesfuerzos físicos o traumas psíquicos, según datos del Ministerio de Trabajo de junio.
Fuente: J. A. HERNÁNDEZ / S. ALCAIDE / EL PAIS
