Muere un hombre de 42 años en un accidente laboral en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima cayó por el hueco destinado a un patio interior en un edificio en construcción en el barrio de Las Torres. Ahora mismo, se investigan las causas del accidente.
Fue en el interior de un edificio donde un trabajador de la construcción ha encontrado la muerte esta mañana. Los bomberos se presentaban en este lugar pocos minutos después de recibir la llamada que les alertaba de que en este lugar se había producido un accidente laboral.
Seguidamente se personaron miembros de la Policía Nacional, la Policía Local y del Servicio de Urgencias Canario. El obrero aún estaba con vida cuando los bomberos llegaron a este lugar ; momento en que intentaron reanimarlo aunque sin que pudieran hacer nada por salvar su vida. La mala fortuna hizo que fuese a caer sobre un muro ; el impacto le produjo un fuerte golpe en el costado que le causó la muerte poco tiempo después de la caída.
Según han apuntado algunos de estos técnicos, la víctima no llevaba puesto el arnés de seguridad, posiblemente porque las circunstancias de su trabajo no lo requerían. Horas más tarde, y tras la llegada de la policía judicial, se procedía al levantamiento del cadáver.
El Fiscal del TSJA ve hasta 5 delitos en el caso del inmigrante accidentado en Loja, y propone se le conceda la residencia
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, aludió hoy a la posibilidad de que en el caso del inmigrante boliviano herido grave cuando trabajaba en una empresa de mármoles de Loja (Granada) se podrían dar hasta cinco delitos.
Según dijo García Calderón , se trataría de delitos de lesiones, de riesgo, de contratación irregular, de incumplimiento de la prevención de riesgos laborales y hasta de encubrimiento, en relación a que alguna persona ajena a los hechos tuviera constancia de la situación.
El Fiscal dijo desear que se conceda la residencia al boliviano accidentado por su colaboración con la justicia, algo que Antonio Cruz, subdelegado del Gobierno en Granada, considera viable y previsto por Ley.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ya dijo ayer en Málaga que «un empresario que hace eso no es empresario», señalando que en dicho caso «hay elementos de tipicidad delictiva desde el punto de vista de la aplicación del Código Penal».
El obrero, que, al parecer, se le habría caído un palé, trabajaba en condiciones ilegales en una empresa de mármoles de Loja, por lo que el hijo del empresario para el que trabajaba lo llevó al centro médico alegando que lo había encontrado malherido en el arcén de una carretera.
La Guardia Civil de Granada detuvo el martes a los dos propietarios de esta empresa —Mármoles Casanova— al ocultar el accidente laboral sufrido el viernes anterior por un boliviano que trabajaba sin contrato. Los detenidos son V.V.C., de 54 años, y J.M.C.G. de 25 años, ambos vecinos de Loja y puestos hoy a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad.
El trabajador sufrió aplastamiento del brazo, heridas por todo el cuerpo y lesiones internas el pasado viernes en un accidente laboral. Al centro de Salud lo trasladó el hijo del empresario al con graves lesiones, quién manifestó que «se lo había encontrado herido en la carretera». El trabajador no denunció en un primer momento los hechos por «temor», según informó el sindicato CC.OO. en un comunicado.
El joven boliviano, que rectificó en su declaración y reconoció que lo que había sufrido era «un accidente laboral» cuando se le cayó «un palé de mármol encima». La Inspección de Trabajo abrió una investigación en la que fueron analizados restos de sangre hallados en la empresa y el martes por la tarde se produjeron las detenciones.
Valencia – El gerente de una empresa irá a prisión por un accidente laboral
La Audiencia de Valencia ha condenado al gerente de una empresa valenciana a dos años y seis meses de prisión por la muerte de un trabajador que se subió a un elevador de palets sin resguardos de protección. La sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerar que « el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia profesional ». El tribunal explica que la dirección y mandos intermedios de una empresa son responsables de los accidentes laborales al « no facilitar los medios » y que « tienen la obligación de exigir a los obreros, coactiva e imperativamente, el cumplimiento exacto de las cautelas y prevenciones dispuestas en las normas de seguridad e higiene ».
Así, condena a Ignacio José R. R. por un delito de homicidio imprudente y un delito contra la seguridad de los trabajadores. Además, deberá indemnizar a los dos hijos del trabajador fallecido con 52.662 euros. Según la sentencia, que confirma la dictada por el juzgado de lo penal número 9, Ignacio José R. R. era gerente de la empresa Interval SL, de Beniparrell, cuando el 27 de mayo de 2000, sobre las 13.10 horas, el trabajador de dicha empresa Ramón M. S. -contratado temporalmente desde hacía un mes como conductor del furgón- se subió a un palet para volcar tres papeleras al contenedor de residuos.
Para ello, le pidió a un compañero de trabajo que lo subiera con una carretilla elevadora sobre la altura del contenedor de residuos, poniendo el palet en el interior del contenedor y manteniéndose a la altura de la pared del mismo, de 2,2 metros. Mientras descargaba las papeleras, cayó al suelo y permaneció hospitalizado con politraumatismos hasta que falleció el 8 de junio de 2000 en el hospital La Fe por traumatismo craneoencefálico. El trabajador estaba realizando una tarea en altura sobre un palet en condiciones peligrosas y ante la « ausencia de resguardos que impidieran su caída », lo que supone una infracción de las « disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo ».
La sentencia considera que el gerente « no adoptó los medios y medidas necesarios para desarrollar por su empleados la actividad de la empresa, aunque se tratase de trabajos auxiliares », como era el vaciado de las papeleras con elevación de una persona en una carretilla elevadora. El desarrollo de estas tareas « sin medidas y condiciones adecuadas de seguridad » supone una « infracción de las normas de prevención de riesgos laborales » a las que estaba legalmente obligado.
