Artículo de opinión de Rafael Cid
“La única manera de ser libres frente al poder es tener la dignidad de no servirlo”
(Miguel Torga)
“La única manera de ser libres frente al poder es tener la dignidad de no servirlo”
(Miguel Torga)
El pasado 29 de diciembre, con las prisas de estas festividades de asalto al consumo, el Senado aprobó la contrarreforma de la Ley de Bases de la Administración Local, con lo que supone de primera piedra para la “desamortización” del tejido social, productivo y ecológico que atesoran las pequeños municipios que pueblan el país, aproximadamente un 12 por 100 del territorio. La norma ha visto la luz bajo el cínico nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), porque en la neolengua del panóptico dominante las palabras significan lo contrario de lo que expresan. Decimos “neoliberalismo” para sancionar la genuflexión liberticida del débil por el poderoso, y “racionalidad” al absurdo criminal de someter el interés de la mayoría a la voracidad de la minoría. Siempre socializando pérdidas y privatizando ganancias.
Pero siendo lamentable que se hayan abierto las compuertas para saquear el entorno rural, imponiendo los modelos de gestión del desarrollismo depredador que está en la base de la bárbara crisis actual, lo peor es el contexto glacial en que la degollina se ha oficializado. Entre el silencio y la indiferencia cómplice de buena parte de los partidos de izquierda que se aprestan a concurrir a las próximas elecciones municipales (no así Ecologistas en Acción y otras organizaciones de la sociedad civil), y después de que la lluvia fina de la propaganda mediático-gubernamental trasladara a la opinión pública una imagen de cochambre sobre ese universo de biodiversidad. Ecosistema al que el zarpazo de la nueva ley arrancará un mínimo de 150.000 puestos de trabajo.
En realidad estamos ante una nueva edición del clásico “denigra, divide y vencerás” que ya se aplicó con éxito en la etapa del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con las Cajas de Ahorros, que representaban más del 40 por 100 del mercado financiero español. Primero se las corrompió desde dentro haciendo que accedieran a sus consejos de administración representantes institucionales (miembros de partidos y sindicatos mayoritarios), y una vez diezmadas sus arcas con proyectos cuya rentabilidad recaía en las cúpulas de esas mismas formaciones y en los bolsillos de sus cooptados, se procedió a su liquidación por manifiesta “insolvencia”.
La única diferencia entre aquella rendición sin condiciones y la que ahora se instrumentaliza contra los bienes comunales, es que en el caso de las administraciones locales el expolio se hace “por imperativo legal”. La excusa para su liquidación recae en la aplicación del acuerdo suscrito al alimón PSOE y PP cuando reformaron con nocturnidad y alevosía, sin referéndum popular aprobatorio, el artículo 135 de la vigente Constitución. El mismo precepto legal que ahora se levanta como un muro contra cualquier propuesta de reestructuración de la deuda pública que suponga su impago, quita o minusvaloración. Como misil de advertencia a mayores, la LRSAL es la primera víctima del equilibrio presupuestario incorporado como axioma a la CE en aquel atraco a dos manos.
Y este no es el único desastre que llega a lomos de las funestas políticas cremallera de socialistas y populares. También a primeros de 2015, buena parte de los cascos históricos de nuestras ciudades verán echar el cierre a comercios emblemáticos por no poder hacer frente a los alquileres abusivos que conlleva la finalización de la renta antigua. Cuando en 1985, el entonces todopoderoso vicepresidente económico del gobierno felipista, Miguel Boyer, derogó la normativa en lo referido a las viviendas para favorecer a la industria del ladrillo, ponía fecha de caducidad a esos arrendamientos urbanos que ahora el ejecutivo de Rajoy ejecuta. Hecha la ley, hecha la trampa.
Se carga contra los micromunicipios rurales que durante siglos han vivido la autogestión en la práctica, conservando el patrimonio natural para las generaciones futuras, y se asfixia a un tejido urbano comercial que constituye el cemento ciudadano de la estructura barrial que hace de nuestras ciudades espacios de sociabilidad, convivencia y recreo. Todo ello, al mismo tiempo que se prorroga hasta el 31 de marzo el cambio de frecuencia a la TDT para contentar a los capos del oligopolio mediático; se subvenciona con dinero público a las multinacionales extrajeras del automóvil renovando el Plan Pive y se negocia el rescate por el Estado de las autopistas de peaje en quiebra. Gratis total para los de la casta, pero sin presupuesto para atender las necesidades miles de enfermos de Hepatitis C en peligro de muerte.
Son las últimas voluntades de un sistema-régimen que no tiene enmienda. Porque cuando se apaguen los ecos de los hipócritas discursos de nochebuena y decaigan las luces del ceremonial navideño comprobaremos que el rey está desnudo. De hecho, el año termina con la misma real estulticia con que empezó. Con Juan Carlos I tratando de borrar las huellas del latrocinio familiar en forma de confesiones a Fernando Onega, el ex jefe de prensa de la Guardia de Franco, el periodista que puso rostro a la publicidad del Banco Pastor en pleno butrón financiero, el inventor de aquel falaz “puedo prometer y prometo”, paradigma del trilerismo político.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
