Troy Davis y la política de la muerte

La muerte provoca ovaciones por estos días en Estados Unidos. Cuando, durante el último debate entre los candidatos republicanos a la presidencia, en Tampa, Florida, el periodista de CNN Wolf Blitzer le preguntó en forma hipotética al congresista Ron Paul, si se debería dejar morir a un hombre que eligió no tener cobertura de salud y de pronto sufriera una grave enfermedad, el público de la sala respondió al únisono y efusivamente “¡Sí!”.

Cuando, en el debate anterior, se le preguntó al Gobernador Rick
Perry acerca de su aplicación entusiasta de la pena de muerte en Texas,
el público comenzó a aplaudir y a ovacionarlo. La reacción del público
provocó que el moderador del debate, Brian Williams, de NBC
News, continuara la pregunta “¿Cómo interpreta la dinámica que acaba de
suceder aquí?: mencionar la ejecución de 234 personas provoca
aplausos.”

Esa “dinámica” es el motivo por el cual es tan importante la
revocación de la condena a pena de muerte de Troy Davis, que el Estado
de Georgia llevará a cabo el 21 de setiembre. Davis ha estado condenado a
pena de muerte en Georgia durante cerca de 20 años luego de haber sido
declarado culpable de matar al policía Mark MacPhail en Savannah. Desde
que fue sentenciado, siete de los nueve testigos no policiales se
retractaron de su declaración, alegando coerción e intimidación policial
en la obtención de sus testimonios. No hay pruebas materiales que
vinculen a Davis con el homicidio.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que se
debería admitir la realización de una audiencia probatoria para que
Davis tuviera la oportunidad de demostrar su inocencia. Varios testigos
identificaron a uno de los testigos que no se retractó de su testimonio,
Sylvester “Redd” Coles, como el autor del disparo. El Juez Federal de
Distrito William T. Moore Jr. se negó, en base a un tecnicismo, a
aceptar la declaración de los testigos que afirmaban que, luego de que
Davis fue procesado, Coles admitió haberle disparado a MacPhail. En la
orden judicial que emitió en agosto, Moore resumió sus argumentos de
esta forma: “El Sr. Davis no es inocente”.

Uno de los miembros del jurado, Brenda Forrest, discrepa con el juez
Moore. En referencia al juicio contra Davis de hace casi 20 años, le
dijo a CNN en 2009: “Todos los testigos
pudieron identificarlo como el autor del delito”. Tras enterarse de la
retractación de los siete testigos, ahora dice: “Si hubiese sabido
entonces lo que sé ahora, Troy Davis no hubiera sido condenado a pena de
muerte. El veredicto sería ‘inocente’”.

Troy Davis tiene tres grandes cosas en su contra. La primera, que es
un hombre afroestadounidense. La segunda, que fue acusado de matar a un
policía blanco. Y la tercera, que está en Georgia.

Hace más de un siglo, la legendaria periodista y activista Ida B.
Wells arriesgó su vida cuando comenzó a denunciar una epidemia de
linchamientos en el Sur Profundo. En 1892 publicó un libro titulado “Los
horrores del Sur: La ley de linchamiento en todas sus fases”, al que le
siguió en 1895 “El informe rojo”, donde detalla cientos de
linchamientos. Allí escribió: “En el Condado de Brooks, Georgia, el 23
de diciembre, mientras este país cristiano se preparaba para celebrar la
Navidad, siete individuos negros fueron linchados en veinticuatro horas
por haberse negado a, o por no poder establecer el paradero de un
hombre de color denominado Pike, que mató a un hombre blanco… Georgia
encabeza la lista de estados donde se producen más linchamientos”.

La planificada ejecución de Troy Davis no estará en manos de un turba
enardecida, sino que tendrá lugar en los confines estériles, iluminados
con luces fluorescentes, de la Prisión de Diagnóstico y Clasificación
de Georgia en el Condado de Butts, cerca de la localidad de Jackson.

El estado no pretende colgar a Davis de un árbol con una cuerda o una
cadena, colgarlo —como decía la canción de Billie Holiday— como una
fruta rara: “Los árboles del sur tienen frutas raras/ sangre en las
hojas y sangre en la raíz/ cuerpos negros balanceándose en la brisa
sureña,/ fruta rara colgando de los álamos.” A menos que intervenga la
Junta de Perdón y Libertad Condicional, el estado de Georgia le aplicará
una dosis letal de pentobarbital. Georgia está utilizando una nueva
droga en las ejecuciones debido a que la Administración de Control de
Drogas, la DEA, confiscó su suministro de pentotal sódico en marzo, tras acusar al estado de importar la droga en forma ilegal.

Ben Jealous, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso
de la Gente de Color, dijo sobre el caso: “Este es un caso en el que ya
sea que se esté a favor o en contra de la pena de muerte, debería
dejarnos perplejos”. Amnistía Internacional solicitó a la Junta Estatal
de Perdón y Libertad Condicional que conmute la pena de Davis. Larry
Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo:
“No conozco ningún otro caso como este que diga a gritos que es una
injusticia. Se trata de un caso en que siete de los nueve testigos se
retractaron de su declaración. No hay pruebas materiales que lo vinculen
al delito. Hay una presunción o una duda razonable tan grande en torno
al caso – que condenarlo a muerte sería realmente un delito provocado
por otro”.

Pero la junta de perdón debería escuchar no solo a los grupos de derechos humanos: el Papa Benedicto XVI
y los Premios Nobel de la Paz, el Presidente Jimmy Carter y el
Arzobispo Sudafricano Desmond Tutu, entre otros, también pidieron
clemencia. La otra opción que tiene la junta es escuchar a las masas que
claman y aplauden la muerte.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Escuche (en español)

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español. Democracy Now! en español

http://www.democracynow.org/es/blog/2011/9/15/troy_davis_y_la_poltica_de_la_muerte

Fuente: Amy Goodman