El conflicto que enfrenta desde hace un año a los trabajadores de Parques y Jardines con el Ayuntamiento de Barcelona es mucho más que una discusión sobre si el consistorio pretende privatizar (o no) el instituto municipal. La conversión del mismo en entidad pública empresarial local (EPEL), que se aprobará en el pleno de mañana, es sólo la punta del iceberg de un encarnizado debate sobre cómo debe ser el modelo de gestión del patrimonio verde de la ciudad. Una discusión en la que ambas partes están atrincheradas y que promete guerra para largo.
Los cuatro sindicatos que forman el comité de empresa (CGT, USOC, CCOO y UGT) se oponen al cambio al considerar que dará vía libre a las subcontrataciones privadas.
«Eso va a repercutir en un servicio más caro para los ciudadanos y de menos calidad, al tratarse de trabajadores con una formación inferior», asegura José Ruiz, secretario del comité de empresa de Parques y Jardines, que también augura una «mayor precariedad laboral en el sector».
Los sindicatos dicen que el convenio vigente fija una proporción de 1,2 trabajadores por hectárea de verde, por lo que el instituto tiene un déficit de 431 empleados. «En lugar de contratar personal, cada vez se comprometen más servicios a terceros —algo que aún facilitará más la conversión en EPEL— lo que beneficia a la iniciativa privada e irá vaciando de contenido y control público a Parques y Jardines», denuncia Ruiz.
Según los trabajadores, actualmente se subcontratan empresas para el preservar el mobiliario urbano y los aparatos de juegos infantiles, y para la limpieza de los parques. En noviembre se dará un paso más al aprobar la externalización del mantenimiento integral todos los árboles de la ciudad. «¿Qué quedará para nosotros», se lamentan.
La versión municipal es muy diferente y habla de sólo un 9% del presupuesto dedicado a estas actividades que, además, se contratan en su mayor parte a empresas del sector público. «Son actuaciones puntuales que, por requerir un gran volumen de recursos en poco tiempo, no pueden ser afrontadas por la empresa», explica la concejal Imma Mayol, presidenta del organismo.
Mayol ha negado por activa y pasiva la intención de privatizar Parques y Jardines : «La empresa seguirá siendo de titularidad pública y mantendrá el mismo control institucional que tiene ahora». «El cambio —añade— se debe a la obligación de modificar los estatutos, al trabajar con terceros, para adecuarnos a la fórmula jurídica que marca la ley».
Los sindicatos replican que de poco vale una gestión pública «si la ejecución es privada», y ponen en duda su futuro laboral. Este punto es negado también de forma rotunda por la concejal de ICV. «Desde 1999 hemos creado 182 nuevos empleos fijos y, según los nuevos estatutos, si la empresa se disolviera, los trabajadores se convertirían en funcionarios».
Las horas extras
El ayuntamiento sitúa la clave del conflicto en la «negativa continuada de los sindicatos a una mayor polivalencia y flexibilidad laboral, en pos de cobrar más horas extras», según indica un portavoz municipal, que recuerda que desde 1996 gozan de jornada de 35 horas semanales, la mayoría en turnos de las 8.00 a las 15.00 horas.
Y es aquí donde el debate se pone al rojo. «Trabajamos por la mañana para no molestar a la gente y tampoco es solución recolocarnos como conserjes», indica el secretario del comité. «Yo mismo pegué con Mayol un cartel reivindicando esas 35 horas. ¿Qué quiere ahora ICV, más negocio o mejor servicio y garantías laborales ?». Más madera, es la guerra.
Fuente: ALBERT OLLÉS/BARCELONA. El Periódico de Catalunya
