El titular del Juzgado de Instrucción número Ocho de Alicante, que investiga una denuncia por la inseguridad en el centro de recepción de menores « Alacant », dependiente de la Generalitat Valenciana, ha citado al director territorial de Bienestar Social, Alberto Martínez, para que declare como imputado el próximo mes de octubre por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
El juzgado abrió diligencias en junio de 2005 tras una denuncia del sindicato CGT por la sucesión de episodios violentos y agresiones a educadores por parte de menores de este centro de protección, dedicado a la primera acogida de chavales bajo guarda y/o tutela de la Generalitat.
El magistrado ha requerido también que declaren como imputados -asistidos de abogado- el director del centro y el sustituto de Alberto Martínez en la dirección territorial durante un breve período de tiempo en el que Martínez fue nombrado subdelegado del Gobierno. Unos días antes, citará como testigo a un inspector de Trabajo y Seguridad Social para ratificar un informe elaborado en abril de 2006 sobre el grado de cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales por parte de Bienestar Social, así como a dos educadores del centro, que declararán como testigos perjudicados, con ofrecimiento de acciones.
El director territorial de Bienestar Social, Alberto Martínez, manifestó ayer no tener constancia de la citación judicial, fechada el pasado 7 de julio, pero afirmó que acudirá a declarar ante el juez « con total tranquilidad » .
El juzgado investiga los problemas denunciados en noviembre de 2004 por el sindicato CGT a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral acerca de la situación de inseguridad que varios educadores del centro venían denunciando de forma reiterada por el ingreso de menores de perfil muy conflictivo en un centro dedicado a menores en situación de desamparo. Los trabajadores alegaban que estos adolescentes problemáticos, que en ocasiones llegaban detenidos por la Policía o con graves trastornos de conducta, provocaban numerosos altercados con agresiones a educadores y a otros internos de menor edad del centro. Los denunciantes, según explicaron en su momento, daban cuenta de la sucesión de 45 actos violentos entre julio y septiembre de 2003.
El sindicato denunció en primer lugar los hechos ante la Inspección de Trabajo, que conminó a Bienestar Social a que adoptara medidas para evitar episodios violentos que pusieran en peligro la integridad de los trabajadores. También el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública, dependiente de la Generalitat, emitió un informe en el que consideraba que había un « riesgo importante » para los trabajadores y reclamaba actuaciones inmediatas. El fiscal de Siniestralidad Laboral -entonces Felipe Briones- remitió el asunto al Juzgado para que investigara si había delito en la actuación de la Administración.
Fuente: diarioinformacion.com
