El Ministerio de Trabajo tiene listo un borrador de decreto que regula la devolución del patrimonio histórico a UGT, es decir, el reintegro de los bienes expropiados durante el franquismo. El hecho de que las propiedades incautadas deben regresar a sus antiguos dueños ya figura en la Ley de Cesión del Patrimonio Histórico de 1986, pero se trata de un reconocimiento global que es preciso concretar. En consecuencia, Trabajo remitirá en breve al Consejo de Ministros el texto redactado para su aprobación.
El nuevo paso dado por el Departamento que dirige Jesús Caldera no supone hacer efectiva la devolución de manera inmediata, simplemente marca cómo y bajo qué pautas se deberá realizar la operación. Asimismo recoge las líneas para evaluar los expedientes recopilados y presentados por el sindicato.
Desde que el PSOE regresó a La Moncloa en 2004, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado interés en saldar la deuda histórica que mantiene el Estado con UGT. Trabajo apuesta porque la devolución se produzca en los dos primeros años de legislatura, que concluirán a principios de 2006.
Interpretaciones interesadas
Los dirigentes de UGT guardan oficialmente cautela sobre el asunto y rehúsan pronunciarse pese a que conocen el texto del decreto. Se limitan a insistir en que conviene cerrar cuanto antes “esta página de la Guerra Civil y ahora sería un momento muy oportuno”. También reconocen que el principal obstáculo para el entendimiento con el Gobierno radica en la actualización del valor de los bienes requisados.
Recuerdan que la mayoría de los expedientes se evaluaron hace 20 años.
En pasillos, los responsables ugetistas asumen que la devolución urge porque es preciso frenar los intereses y saldar el préstamo que la organización se vio obligada a suscribir con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar el conflicto financiero provocado por la fracasada cooperativa de viviendas PSV y su gestora IGS. Entonces, la propia supervivencia económica del sindicato estuvo en peligro y UGT no tuvo más remedio que hipotecar sus propiedades incautadas.
Tanto el Ejecutivo como la central consideran que el reintegro del patrimonio histórico es un tema muy delicado, dado que el ámbito en el que debe resolverse es “la familia socialista” y afecta a Gobierno, partido y sindicato. Las partes implicadas son conscientes de que el traspaso, se realice cuando se realice, provocará “interpretaciones malintencionadas políticas e, incluso, partidistas” que no se ajustarán a la realidad ni al compromiso histórico contraído.
36,5 millones de euros
En varias ocasiones el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha expresado su opinión de que la entrega a UGT tendría que haberse hecho hace mucho tiempo. A su juicio, no existe razón alguna para no llevarlo a cabo. La reclamación de la central se sitúa en unos 240 millones de euros (40.000 millones de las antiguas pesetas).
La devolución esperada complementará la realizada en 1986 por el Ejecutivo socialista de Felipe González, valorada en 25 millones de euros (4.144 millones de pesetas) debido a 400 locales expropiados. Un estudio de la consultora Richard Ellis, encargado por Trabajo aquel año, valoró el patrimonio inmobiliario de UGT en 36,5 millones de euros (6.074 millones de pesetas), correspondientes a 798 locales.
Entonces también se entregaron a CNT-AIT 1,5 millones de euros (248 millones de pesetas). Este importe estuvo depositado durante años en el Banco de España, por la confrontación surgida entre la central anarquista y un sector escindido bajo las siglas CGT, pero al final fue entregado a la confederación nacional.
Fuente: COLPISA, Elisa García
