Inspección de Trabajo ha redactado un informe que determina que el Departamento de Educación ha vulnerado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). En concreto, ha infringido los artículos que estipulan que las delegadas de prevención tienen que ser consultadas para aplicar las medidas de salud y seguridad laboral.
Ante este procedimiento, los representantes de las personas trabajadoras se han quedado al margen de la decisión de las medidas preventivas que se tenían que incorporar para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19, y por tanto, gran parte de la comunidad educativa no ha podido opinar sobre los criterios de apertura de los centros escolares en la desescalada de la fase 2.
Ante este procedimiento, los representantes de las personas trabajadoras se han quedado al margen de la decisión de las medidas preventivas que se tenían que incorporar para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19, y por tanto, gran parte de la comunidad educativa no ha podido opinar sobre los criterios de apertura de los centros escolares en la desescalada de la fase 2.
El pasado 27 de mayo la CGT interpuso una denuncia en la cual acusaba el Departamento de imponer una reapertura de los centros sin que se hubiera realizado una evaluación de riesgos que garantizara unas condiciones aceptables de seguridad y salud.
La vuelta en las aulas se preveía sin proporcionar los equipos de protección individual, dando órdenes imposibles de cumplir, como la de distancia de seguridad, y delegando un plan de prevención de riesgos a las direcciones, sin que estas tengan la formación adecuada para poder llevar a cabo este trabajo, y sin el acompañamiento o supervisión de ninguna entidad especializada que pueda verificar esta tarea. Además se ha obviado la participación de los Comités de Seguridad y Salud.
En este informe la Inspección de Trabajo asiente la denuncia interpuesta por CGT y pone de manifiesto la actuación premeditada del Departamento, y concluye y requiere el Departamento de Educación que consulte a las personas delegadas de prevención y facilite su participación en relación con las medidas preventivas derivadas del riesgo de la COVID-19, tal como establece la LPRL.
Desde el sindicato consideramos que esta precipitación es dictada más por presiones empresariales que por tener en cuenta la salud del profesorado, del alumnado y de las familias. Por lo tanto, instamos al Departamento de Educación que cumpla con la normativa, que gestione la participación con los Comités y delegadas de salud y seguridad laboral, y que, tanto con carácter inmediato como en la planificación del curso 2020-21, establezca una incorporación a los centros atendiendo a toda la comunidad educativa y garantizando todas las medidas de seguridad y salud laboral que requiere la situación sanitaria.
CGT Ensenyament
Fuente: CGT-Ensenyament Lleida
