Trabajadoras de 37 centros sanitarios diferentes decidieron constituir la Coordinadora Laboral de Centros Sanitarios, el 16 de enero, para hacer frente a la nueva tanda de recortes que tiene previsto aprobar el gobierno de la Generalitat de Cataluña presidido por Artur Mas en los presupuestos de 2013.
La apuesta por la coordinación, que han presentado ante la prensa con una comparecencia en el Hospital de Sant Pau, tiene lugar después de casi un mes de encierros en los hospitales, que se llegaron a extender hasta a diez centros, pero que tienen como epicentro el Sant Pau de Barcelona y el Parc Taulí de Sabadell.
La apuesta por la coordinación, que han presentado ante la prensa con una comparecencia en el Hospital de Sant Pau, tiene lugar después de casi un mes de encierros en los hospitales, que se llegaron a extender hasta a diez centros, pero que tienen como epicentro el Sant Pau de Barcelona y el Parc Taulí de Sabadell.
La coordinadora rechaza de pleno, en el manifiesto presentado, unos recortes que, aseguran, «ponen en peligro la continuidad de una asistencia sanitaria considerada como muy eficiente hasta ahora» y otras medidas tomadas en el ámbito sanitario como el copago o la exclusión de las personas sin papeles de la atención primaria.
En esta línea, el sector sanitario convoca una manifestación el próximo 17 de febrero que, en Barcelona, saldrá a las 12h de la Plaza Cataluña y ha anunciado que, el 23 de febrero y junto con el sector educativo, volverá a salir a la calle . Serán jornadas de lucha que aprovecharán para hacer visibles las muchas alternativas que existen en el recorte del gasto y para defender una nueva posición en el marco de las negociaciones entre las representantes de las plantillas y el departamento, donde se abandone la disponibilidad a pactar recortes y se elija por no negociar ninguna. Así se expresan al conjunto de interlocutores sociales: «Les pedimos que no firmen ningún recorte que lesione la calidad del servicio público y los derechos de los trabajadores que representan».
Más allá del «España nos roba»
Los recortes que CiU aplica desde que llegó al gobierno a finales de 2010 ya se han llevado 4.200 millones de inversión pública si sumamos los tijeretazos de 2011 y 2012. Por los presupuestos del ejercicio 2013, el esfuerzo-dice el gobierno-puede ser similar para la reducción del objetivo de déficit del 1, 5% al 0,7% impuesta por el Ejecutivo español. Una medida que, en palabras del consejero de Economía y Conocimiento Andreu Mas-Colell, supondrá «un sacrificio muy grande para la población».
Artur Mas, que contará con el apoyo de ERC en las cuentas públicas en el pleno de presupuestos del Parlamento, intensifica su estrategia de culpar a Madrid de la totalidad de los ajustes mientras, satisfecho, se proclama presidente de un «gobierno servidor de la austeridad «. Y tan servidor. La primera legislatura fue paradigmática en este sentido: recorte al estado del bienestar, persecución de las personas más débiles (retirada de la Renta Mínima a cientos de perceptores) y premio a las grandes bases imponibles con la retirada del tramo más alto de el impuesto de sucesiones. Una lógica que Esquerra, abocada a apoyar a las cuentas «para garantizar la estabilidad parlamentaria», quiere revertir.
Su estrategia, culpar como Mas del Estado de la totalidad de los ajustes y aumentar la vía de los ingresos con impuestos de todo tipo como la euroviñeta, el impuesto de depósitos bancarios o un impuesto sobre las bebidas azucaradas, entre otros. Las medidas, sin embargo, han topado con el Estado por un lado (que, por la vía del Tribunal Constitucional, ha suspendido la posible aplicación a través de una medida cautelar) y con la patronal por otra, que ya ha mostrado su disgusto con las cesiones de CiU a Esquerra. La verdad, sin embargo, es que, más allá del discurso de «España nos roba», hay vida y argumentos que algunos espacios como la nueva Coordinadora Laboral de Centros Sanitarios están poniendo sobre la mesa. Una muestra acto seguido.
Depurar responsabilidades
En el ámbito de las alternativas, la coordinadora exige «responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía a los gestores y los políticos» y apunta que, «antes de recortar presupuestos y prestaciones desde los órganos públicos, se depuren responsabilidades por los casos de corrupción y también por la mala gestión «. Según la coordinadora, debe haber recortes, pero en «las bolsas de ineficacia» y en el «número de altos cargos y sus salarios».
Como propuesta: «Que se den a conocer las ganancias y los incentivos, los pactos y los compromisos, los encargos y los estudios a empresas ajenas, así como las indemnizaciones que reciben responsables y los gestores cuando cesan». Basta con acceder a las cantidades de dinero bajo sospecha de corrupción en la sanidad catalana para ver que la propuesta de la coordinadora no es un brindis al sol. Los casos de Xavier Crespo a la Corporación de Salud del Maresme y La Selva, de Ramon Bagó en el Hospital de Badalona o de Josep Prat en el Instituto Innova de Reus son sólo algunas de las investigaciones que tiene entre manos la Oficina Antifraude y la fiscalía y que ya han comportado dimisiones, como la de Josep Prat al frente del Instituto Catalán de la Salud.
Manu Simarro
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article8684
Fuente: Semanario Directa
