La avalancha de adhesiones al Festival que se celebrará mañana por la noche en el Monasterio de la Victoria, para recaudar fondos para los multados por manifestarse contra la guerra de Iraq, está sobrepasando todas las expectativas.
La Plataforma Contra la Guerra demanda el aumento del aforo permitido al desbordarse las previsiones ; mientras, llueven los apoyos de colectivos como Derechos Humanos y el SOC.
La avalancha de adhesiones al Festival que se celebrará mañana por la noche en el Monasterio de la Victoria, para recaudar fondos para los multados por manifestarse contra la guerra de Iraq, está sobrepasando todas las expectativas.
Tanto, que la organización, la Plataforma Contra la Guerra y el Foro Social, ya ha advertido de la posibilidad de que el aforo permitido por el Ayuntamiento, poco más de 400 personas, se quede pequeño. Para evitar que nadie se quede en la calle, los organizadores están intentando negociar con el Ayuntamiento un aumento del aforo, aunque de momento no ha habido un acuerdo. Desde el Foro, sin embargo, recuerdan que en otras ocasiones, como el Homenaje a Rafael Alberti o el pleno de celebración de los 25 años de la Constitución, ese aforo se vio ampliamente sobrepasado, por lo que confían en que sea así en este caso también.
Mientras, nueves voces siguen sumándose a la repulsa general contra las sanciones impuestas por la Subdelegación. Así, ayer desde la organización informaban que se han recibido comunicados de solidaridad de la ONG SODEPAZ, del Sindicato CGT y de la Unión Provincial de CCOO de Cádiz. Además de muchos particulares, también han expresado por escrito su apoyo a los multadas el Sindicato de Obreros del Campo, La Plataforma por la Paz de Tenerife, la organización Iniciativas Socialista de Izquierdas y el secretario del sindicato Provincial de Enseñanza y del Sector Ferroviario de CCOO, entre otros.
Al tiempo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía emitía ayer un comunicado público en el que mostraba su total solidaridad con las personas sancionadas. «En una sociedad que se rija por principios democráticos, es inconcebible que los ciudadanos puedan ser sancionados por la Administración del Estado por expresar sus ideas. Mucho menos si además a esos ciudadanos se les sanciona sin ser escuchados para defenderse y aún menos si el «castigo» es impuesto por alguien que no es imparcial y conocedor de la justicia. Esas tareas deben ser competencia de magistrados y jueces, no de representantes del Estado que a su vez, como es el caso del Sr. Vilchez, responden a las ideologías de los partidos políticos que los nombran», se denuncia en la nota. «Consideramos repudiables tanto la criminalización de estos ciudadanos como su sanción. No aceptamos como bueno el intento por parte del Gobierno de reprimir la libertad de expresión y manifestación con ejemplos como éste», concluye Derechos Humanos, que llama a la movilización ciudadana acudiendo al ya llamado «Festival de la Solidaridad».
