Cuando se critica la corrupción de la izquierda, suele descalificarse al opinante con el recurrente argumento de que mete alegremente a todos los partidos en el mismo saco, sin hacer distinción entre unos y otros (se supone que entre buenos y malos). Y es cierto, no todos son iguales. El argumento, sostenido con dignidad no fingida por quienes se sienten agredidos en sus legítimos ideales, recuerda que ese tipo de generalización era la línea de ataque preferida por los nostálgicos del partido único para pescar en río revuelto.

No, todos no son iguales, ciertamente. La derecha es la derecha y nunca defrauda porque siempre cumple las expectativas reaccionarias que pregona. De ella sólo cabe esperar recetas conservadoras en lo económico, tradicionalistas en lo social y meapilas en lo moral. Medidas diseñadas para fomentar el inmovilismo personal, una cierta desigualdad natural que suele denominar “igualdad de oportunidades”, paternalismo subido de tono y mucho statu quo. De la izquierda, lógicamente, se ansía lo contrario.

No, todos no son iguales, ciertamente. La derecha es la derecha y nunca defrauda porque siempre cumple las expectativas reaccionarias que pregona. De ella sólo cabe esperar recetas conservadoras en lo económico, tradicionalistas en lo social y meapilas en lo moral. Medidas diseñadas para fomentar el inmovilismo personal, una cierta desigualdad natural que suele denominar “igualdad de oportunidades”, paternalismo subido de tono y mucho statu quo. De la izquierda, lógicamente, se ansía lo contrario. Se la vota por sus programas a favor del trabajo, el reparto de la riqueza, la participación política, la transparencia en la gestión, las libertades y en general por estimular políticas desarrolladoras de la sociedad civil y la prosperidad social. Estos son en líneas generales los atributos de derecha e izquierda, según el catón de lo políticamente correcto.

Pero la realidad deja mucho que desear. Cuando el observador español escruta sin prejuicios el entorno ideológico, suele incurrir en una cierta esquizofrenia. Asume como normal las políticas llevadas a cabo por la derechona, pero suele resistirse a reconocer lo que hace la izquierda, porque no logra ver en la práctica los avances de sus programas electorales. Una contradicción flagrante si se tiene en cuenta el tiempo que derecha e izquierda han ocupado el poder desde la Constitución de 1978. Un periodo mucho más largo en cuanto a responsabilidad para la izquierda que para la derecha: veintiún años PSOE y nueve PP (los tres de UCD fueron un híbrido excepcional).

Así que hay que insistir, todos no son iguales, pero los hechos en ocasiones desmienten al socorrido paradigma. No basta con poner el intermitente a la izquierda antes de las elecciones si luego lo que se produce es un volantazo en sentido contrario. Derecha e izquierda son des-iguales conceptualmente, aunque sus efectos políticos a menudo les confunden. Las “razones de Estado”, el viejo expediente bajo el que se escudan, constituyen la retórica con que visten su ayuntamiento sobrevenido.

La derecha que representa el PP y la izquierda que identifica al PSOE, las dos fuerzas hegemónicas del sistema, apoyan sin fisuras a la Monarquía; bendicen como marco de referencia económica el neoliberalismo capitalista y rechazan el derecho a decidir de los ciudadanos. Por poner tres ejemplos de actualidad relacionados con su actitud ante la corrupción en la Casa Real, las políticas antisociales para combatir la crisis desatada por el sector financiero y la demanda de autodeterminación del pueblo catalán. Las afinidades electivas que hacen de PP y PSOE extraños compañeros de viaje permiten que la corrupción lo inunde todo. Por no hablar de otros “socios de conveniencia”, como IU y su relación con los EREs de Andalucía, Mercasevilla, Bankia o Sevilla Global. Cada día tenemos testimonios del alcance de esa plaga, demostrando que no existe síntesis superadora de los contrarios sino dialéctica negativa.

Caso Bárcenas-PP. Si como apuntan indicios judiciales e informaciones periodísticas, el ex tesorero del Partido Popular amasó una fortuna de origen ilícito, regando con sobres de dinero negro a la dirección del partido, estaríamos ante un caso de corrupción hasta el tuétano, que debe tener consecuencias políticas y penales concluyentes. Y si encima ese latrocinio lo ponemos en valor por su reincidencia en el tiempo, puesto que el “caso Bárcenas” es un suma y sigue tras los casos Gürtel, Nasseiro, Sanchís, etc., la cosa adquiere tintes mafiosos. Confirmaría lo que sostiene el inmenso artista Santiago Sierra en una reciente entrevista publicada en El País, “los partidos políticos son en todo el mundo, y aquí también, organizaciones criminales cuyos esfuerzos van destinados a meter mano en la caja común y repartirse el botín de lo público entre sus cuates, jefes y familiares” (Babelia, 19 de enero, pág.10).

Es cierto que, constatando que a veces todos no son iguales, PP y PSOE de vez en cuando se deben a sus militantes y se comportan como si toda la vida hubieran estado compitiendo. Ahora mismo Aznar, Rajoy y los suyos andan enfrascados en sedicentes demandas contra los medios de comunicación que han osado desvelar los oscuros negocios de la era Bárcenas. Y el PSOE de Rubalcaba, por su parte, no deja de pedir comisiones de investigación sobre los chanchullos de su oponente conservador, y de llevar ante el Tribunal Constitucional los decreto-ley más perniciosos del rodillo popular.

Conclusión ad hoc: el Partido Popular, histórico estandarte institucional de la derecha, sería un surtidor de dinero delicuencial para sufragar las actividades de la formación heredera del franquismo y premiar a sus dirigentes a costa del erario público y mediante la concesión de obras públicas y servicios a empresarios amigos.

Caso Noos-Casa Real. Estamos ante la madre de todas las corrupciones. Dinero público, utilizando la percha de ser un miembro de la Familia Real, con el vehículo jurídico de una ONG, de nombre Noos para más inri, y como receptor a la empresa Aizón, una sociedad anónima propiedad de Iñaki Urdangarin y su esposa la infanta Cristina, donde figura como tesorero (¡otro que tal baila!) el secretario de las dos hijas del Rey, Carlos Garcia Revenga. Una trama de corrupción que pide a gritos luz, taquígrafos y banquillo de tribunales al saberse que Juan Carlos no dijo toda la verdad y representantes de la Casa Real están metidos en le fango de Noos hasta las cejas. Urdangarín no sólo no desistió de exigir el monárquico impuesto revolucionario a partir del 2006, como adujeron desde Zarzuela, sino que ya está documentado que el propio Juan Carlos intercedió a favor de esa franquicia criminal y pidió que se incluyera en el negocio a su íntima amiga madamme Corinna. Los emails que el “malvado” Torres, socio del esposo de la infanta Elena en el tinglado, han dejado probado que tanto Revenga como José Manuel Romero, conde de Fontao y presunto “bombero” real para apartar a Urdangarin del mal camino, están directamente afectados y seguramente implicados. Pues bien, de eso ni PP ni PSOE nada dicen. Y el inexplicable vacío tiene consecuencias políticas colaterales. Ha dejado el camino libre para la personación en la causa del sindicato ultra Manos Limpias, con la secreta intención por parte del CNI de que funcione la reacción a la contra. Ese efecto bumerán que ha permitido hasta ahora a la Monarquía del 18 de Julio contar con las simpatías de cierta izquierda para no hacer causa común con los fachas que no la tragan.

Doctrina: la más alta institución del Estado, que encarna el Rey designado por el dictador, puede ser utilizada por sus integrantes para saquear recursos públicos impunemente, a través de una organización no gubernamental, gracias a que cuenta con total impunidad civil y penal por mandato constitucional y a que los dos partidos dinásticos gobernantes son el escudo de la Monarquía Borbónica. La prueba más casposa de la conectividad con la Casa Real es ese “ Un duque em-palma-do” con que Urdangarin firma un correo enviado a Carlos García Revenga para recibir consejos sobre contabilidad creativa, vulgo choriceo.

Caso Fundación Ideas-PSOE. Es el último escándalo en estallar y el primero en desvanecerse. Se trata de una fundación, y por tanto de una organización financiada en buena medida con dinero público (11 millones de euros en los últimos cuatro años), que es al PSOE lo que FAES para el PP, el laboratorio del que salen las propuestas del partido para encandilar a la sociedad. En principio la cosa surgió al conocerse, al hilo del affaire Bárcenas, que la fundación presidida por Alfredo Pérez Rubalcaba contrataba a sus proveedores entre familiares de la directiva del partido. Otro chanchullo más que derivó en nepotismo de libro cuando la portavoz socialista del Congreso Soraya Rodríguez dijo públicamente que era “lógico que la fundación trabajara con familiares y afines ideológicos”. Pero aquello era sólo el principio. Luego se supo que el director Carlos Mulas facturaba colaboraciones periodísticas como sobresueldos a la Fundación Ideas a razón de unos 3.000 euros la pieza, usando el seudónimo de Amy Martín. En este punto, la cúpula del PSOE trató de zanjar el asunto cesando al jefe de su “think tank”. Y casi lo consigue. La prensa dio por amortizado el caso al aparecer la ex mujer de Mulas reivindicando a la misteriosa Amy Martín como alias de su propiedad. De esta forma, se evitó que trascendiera urbi et orbi la parte más turbia y políticamente desestabilizadora del escándalo para la cúpula del PSOE. A saber, que el responsable de la Fundación Ideas, antiguo subdirector de la Oficina Económica de Moncloa en el gobierno de Rodríguez Zapatero, era uno de los consultores del FMI que había realizado el último informe sobre Portugal recomendando deshacerse de 120.000 funcionarios y aplicar nuevos y drásticos recortes en Sanidad, Educación, pensiones y desempleo. Una auténtica bomba. Mientras la Fundación Ideas suministraba arsenal ideológico al equipo de Rubalcaba para combatir las políticas neoliberales del gobierno del PP, su director cobraba de uno de los tentáculos de la troika por preconizar todo lo contrario. Al comisario de Competencia, portavoz de la Comisión Europea y jefe de “los hombres de negro”, Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE, le había salido un serio rival.

Doctrina: el primer partido de la oposición, si “es uno de los nuestros”, puede usar las subvenciones que la legislación ofrece a las fundaciones para engordar la cartera de amigos y colegas, colocar libelos en los medios afines ( Mulas tenía blog en El País y Amy Martín escribió en Público) y ser halcón a tiempo parcial del “golpe de los mercados” en otros países, mientras de puertas adentro oficia de blanca paloma y artillero intelectual contra las políticas antisociales del gobierno valiéndose de recursos públicos.

Concluyo citando otro párrafo de la entrevista a Santiago Sierra que el diario del Grupo Prisa prácticamente ha borrado de su archivo digital: “Ni izquierda ni derecha. Aquí la única dirección reseñable es arriba y abajo:ellos arriba y los demás abajo,obviamente. Los partidos políticos pertenecen a la banca que es quien los financia, al igual que los sindicatos mayoritarios pertenecen al Estado, que es quien los financia. La corrupción no es una anécdota, la corrupción es el Régimen y la extorsión su método. El Estado es un cuerpo parasitario y su objetivo nunca será el bien común sino el privado, el bienestar de clase, de su clase”.

Nota. Este artículo “No todos son iguales” está inspirado en hechos reales. Tan reales como la coincidencia por parte de las terminales mediáticas de derecha izquierda a la hora de ensalzar a la Monarquía para conmemorar el 45 cumpleaños de Felipe de Borbón. El domingo 29 de enero EL País “colorín” titulaba en portada “El tiempo del Príncipe”; La Razón, “Un príncipe de sobresaliente”.

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid