Artículo publicado en Rojo y Negro nº 399, abril 2025
A principios de este año ha entrado en vigor el Real Decreto 666/2023, que implementa la comunicación electrónica obligatoria del uso de antibióticos en clínicas veterinarias de animales de compañía. Esta nueva normativa, enmarcada en la estrategia de “Una Salud” para combatir las resistencias antimicrobianas, se presenta como una medida necesaria, pero su aplicación evidencia una desconexión entre el sector legislador y la realidad del sector veterinario, ya que no se ha contado con la opinión de las profesionales veterinarias clínicas ignorando las particularidades de la práctica clínica diaria y perpetuando la marginación del sector que sigue sin ser reconocido como parte del ámbito sanitario. En un contexto de contratos precarios, horarios abusivos y una falta crónica de conciliación esta nueva carga burocrática viene a empeorar las condiciones laborales de un colectivo ya exhausto.
Desde su implementación, la nueva normativa ha generado diversas protestas y concentraciones en todo el país, como la del 5 de marzo en Madrid, convocada por colegios veterinarios de diversas comunidades autónomas. Entre los principales reclamos destacan las sanciones desproporcionadas por incumplimientos y la excesiva carga administrativa que se traduce en horas de trabajo no reconocidas ni remuneradas. A esto se suma el mal funcionamiento de la plataforma digital obligatoria y la exigencia de certificado digital o DNI electrónico lo que, en la práctica, obliga a las veterinarias a pagar por plataformas privadas para la gestión de recetas.
Además, la ley impone el uso prioritario de fármacos veterinarios de otros países de la Unión Europea en lugar de permitir el uso de medicamentos genéricos humanos con el mismo principio activo, una medida que puede retrasar tratamientos teniendo en cuenta que la dispensación de antibióticos de botiquín está permitida para un máximo de dos días de tratamiento además de encarecer costes y aumentar el impacto ambiental debido a la importación innecesaria de fármacos.
Por otro lado, la prohibición de la dispensación de medicamentos en los propios centros veterinarios es un problema ya que en un país donde las farmacias veterinarias son escasas supone un obstáculo más para el acceso rápido a tratamientos obligando a las profesionales y tutores a depender de farmacias humanas que muchas veces no cuentan con los medicamentos específicos para animales.
En definitiva, se trata de una normativa con un trasfondo necesario, pero que se suma a la precarización del sector al haber legislando una vez más de espaldas a los trabajadores.
La veterinaria en España: precariedad laboral y explotación normalizada
El sector veterinario en España atraviesa una crisis laboral profunda. La mayoría de profesionales trabajan con contratos precarios, con sueldos que en muchos casos apenas superan el salario mínimo interprofesional, a pesar de los extensos años de formación y la responsabilidad que conlleva su labor. No es extraño encontrar veterinarias con jornadas de 10-12 horas diarias y guardias interminables que, en muchas ocasiones, ni siquiera son remuneradas de manera justa. La conciliación es prácticamente inexistente y las bajas laborales se ven con recelo en un sector donde la sobrecarga de trabajo es la norma.
El Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios, lejos de garantizar unas condiciones dignas, impone condiciones incluso peores que las del propio Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, si una urgencia llega unos minutos antes de que un trabajador termine su turno éste está obligado a atenderla y quedarse hasta dos horas más sin que estas sean consideradas como horas extra ni remuneradas lo que facilita jornadas abusivas y turnos encadenados sin tiempo suficiente para el descanso. Además, las horas extraordinarias no siempre se pagan y el sistema de guardias sigue sin estar bien regulado dejando a los trabajadores a la voluntad de las clínicas.
La precarización también se traduce en una alta rotación de personal y en la explotación de recién graduados quienes, con la esperanza de adquirir experiencia, son contratados bajo condiciones indignas y sueldos irrisorios.
Esta combinación de bajos sueldos, largas jornadas, falta de reconocimiento y una enorme carga emocional ha convertido a la veterinaria en una profesión con una de las tasas de suicidio más altas de cualquier sector profesional. Según estudios internacionales, los veterinarios tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de suicidio que la población general. El agotamiento físico y mental (burnout), el estrés derivado del trato con clientes que muchas veces menosprecian la labor veterinaria, la presión económica y la precariedad laboral son factores que contribuyen a esta alarmante realidad.
En este sector, en el que la vocación suele ser el principal motor para seguir adelante, las condiciones actuales han llevado a muchos profesionales a abandonar la profesión o a sufrir problemas graves de salud mental. Mientras tanto, las instituciones no solo siguen sin tomar medidas efectivas para abordar esta crisis, sino que se sigue legislando en contra de las necesidades reales de las veterinarias clínicas y, por esto, la lucha por un reconocimiento real del sector veterinario como parte esencial del ámbito sanitario así como por contratos y salarios dignos sigue más en pie que nunca.
CGT Oficios Varios Madrid
Sanidad Animal
Fuente: Rojo y Negro
