La Alianza Internacional de Habitantes (AIH), red internacional de organizaciones sociales involucrada desde hace años en la defensa del derecho a la vivienda , ha mandado un mensaje de solidaridad con la lucha de los habitantes del barrio de Casas Baratas de Bon Pastor (distrito de Sant Andreu de Barcelona), fundamentado sobre las informaciones preocupantes recibidas de la parte de organizaciones de la sociedad civil local sobre la situación de indefensión que están sufriendo algunas familias del barrio delante de las crecientes presiones para abandonar sus viviendas.
El mensaje, dirigido principalmente a Ramón García-Bragados Acín (President del Patronat Municipal de l’Habitatge), Gema Mumbrú Moliné (Regidora del Districte de Sant Andreu), Jordi Hereu i Boher (Alcalde de Barcelona) y Francesc Baltasar i Albesa, (Conseller d’Habitatge de la Generalitat), recuerda que todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España, han ratificado los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen y protegen el derecho a la vivienda : la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.11), la Convención sobre los Derechos del Niño (art.27), la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (artt. 14 y 15), la Convención por la Protección de los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 8), la Carta Social Europea (artt. 15, 16, 19, 23, 30, 31), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 2, inciso 94).
La AIH subraya los Comentarios Generales Nº 4 y 7 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos que afirman que los desahucios forzados son incompatibles con los requisitos del PIDESC y que antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades velando también por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización.
Sin embargo, a pesar de los reconocimientos legales, reforzado también por el art. 47 de la Constitucion de España, y de los compromisos también asumidos por la Estrategia de Lisboa por la inclusión social a nivel europeo – afirma la AIH también frente a Yves Cabannes, coordinador del Comité de UN-Habitat sobre los Desalojos (AGFE) – estos derechos humanos aparezecen ultrajados en numerosas ocasiones.
Por estas razones la AIH recuerda a las autoridades de la ciudad, que en más de una ocasión ha declarado apostar por un desarrollo basado en valores cuales la sostenibilidad humana y el respeto por el patrimonio cultural, subrayados también por la UNESCO y el Foro Urbano Mundial del 2004, que el patrimonio histórico que las casas baratas implican para la memoria de las clases populares de Barclona, es un elemento digno de respeto y conservación.
Por lo tanto la AIH, expresando el apoyo a los vecinos afectados, pide a las autoridades competentes que elaboren una solución que respete no sólo los derechos básicos de los habitantes del barrio, sino también el valor inqüestionable, arquitectónico y social, que las casas baratas representan en sí mismas.
Fuente: International Alliance of Inhabitants
