Las
Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos solicitamos
vuestro apoyo contra la persecución e intimidación realizada a los
defensores de los Derechos Humanos.
Para ello requerimos que os suméis contra la criminalización de la solidaridad en la dirección adhesiones.brigadasvecinales@gmail.com, con el nombre de vuestra asociación, colectivo, organización, etc. para adheriros al texto que adjuntamos.
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:
El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación
de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de
identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:
El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación
de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de
identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole
discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o
psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y
sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento
de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales
prácticas policiales.
La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta
tipificada en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación
de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad
ciudadana” sin que hubiera reacción alguna del público.
Denunciamos
públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar
e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público
en el que habitualmente se realizan controles de identidad a
inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de
Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la
policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el
desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales.
Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de Derechos Humanos.
