En diferentes medios de comunicación y por diversas fuentes se ha publicado la relación entre el cambio de Director General de la Marina Mercante y su correcta actuación por las contaminaciones de REPSOL, incluso se llega a decir que dicha compañía exigió su cese.

En diferentes medios de comunicación y por diversas fuentes se ha publicado la relación entre el cambio de Director General de la Marina Mercante y su correcta actuación por las contaminaciones de REPSOL, incluso se llega a decir que dicha compañía exigió su cese.

Recientemente se ha producido el relevo del Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez, el cual llevaba ocupando este cargo desde hace más de 5 años. La lógica de la política hace en principio que esta parezca una situación natural, un relevo como muchos otros que se producen al cambiar los equipos de gobierno.

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Pero cuando el cese de un “servidor público” se produce justo después de una actuación punitiva contra la multinacional REPSOL, es decir, al poco tiempo de que desde la Dirección General de la Marina Mercante se le abra a dicha empresa un expediente sancionador por ser responsable de dos vertidos de crudo, de los cuales además REPSOL no tuvo el menor reparo en intentar ocultar, la situación nos muestra un escenario muy distinto y si se confirmara, desolador del estado del sistema político en nuestro País.
 
En diferentes medios de comunicación y por diversas fuentes se ha publicado la relación entre el cambio de Director General y su correcta actuación por las contaminaciones de REPSOL, incluso se llega a decir que dicha compañía exigió su cese. La falta de respuestas ante estas informaciones, la coincidencia cronológica de los sucesos, y las precipitaciones en relevar a una persona con bastante tiempo en el cargo y con una labor realizada nada despreciable, son argumentos muy a tener en cuenta en el análisis de la situación.
 

La simple posibilidad o sospecha de que una petrolera, sea capaz de decidir y/o marcar la política del Sector Marítimo y más concretamente de la prevención y la lucha contra la contaminación marina es de tal gravedad que socava los cimientos de cualquier credibilidad en el Estado de Derecho, y del propio sistema político. 

Si esto fuera así : ¿para qué contar con medios de detección y control ?, ¿para qué Capitanes Marítimos, funcionarios, etc ? ¿para qué una legislación reguladora y sancionadora ? ¿sólo para aplicárselo a la pequeña embarcación que contamina y al pescador que ensucia descuidadamente, o para perseguir al Capitán que actúa presionado por los intereses de su armador limpiando sentinas ? Todo ello es punible y debe ser perseguido, pero sin duda con mucha más firmeza se debe actuar con el fuerte y todopoderoso REPSOL, algo que al parecer se atrevieron a hacer unos funcionarios públicos y no ha sentado nada bien.

Las consecuencias negativas de los vertidos sobre el medio ambiente marino son indiscutibles, pero las consecuencias de daños ecológicos en las zonas litorales de Tarragona y por ende sobre la vida y la economía de sus poblaciones hubieran podido ser muy graves. ¿Qué hubiera ocurrido si la DGMM y Salvamento Marítimo no detectan la contaminación e intervienen ? ¿Si hubiera llegado a la costa se hubiera culpado de nuevo a un sentinazo y se acabó ? ¿Qué esperaba REPSOL para avisar ? ¿Qué nadie se diera cuenta y mirar para otro lado ?


Todas estas dudas requieren respuestas ciertas y contrastadas, no se puede permitir que los intereses económicos de una Empresa, Multinacional o Particular, primen por encima de los intereses generales, del medio marino y de la salud de nuestros ecosistemas. La garantía de la igualdad ante la ley también está en entredicho convirtiéndose el mensaje en “sé duro con el débil y amable con el fuerte”. Y no menos grave son las consecuencias sobre la credibilidad de las políticas medio ambientales en general y en la lucha contra la contaminación marina en particular : desde las premisas de que quien contamina paga, hasta la indudable necesidad de actuar con firmeza ante las contaminaciones y dándoles la difusión necesaria para que sirva de ejemplo, son papel mojado ante este panorama.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), exigimos al Ministro de Fomento y al Gobierno Español explicaciones precisas, claras y veraces de lo ocurrido, la rápida investigación de las responsabilidades de REPSOL, Filiales y subcontraras en las contaminaciones producidas, la imposición de sanciones ejemplarizantes para dicha compañía, y la rehabilitación pública de los funcionarios agraviados junto con la depuración de responsabilidades sobre quien haya tomado estas medidas.
 
Salud y Solidaridad
STMM – CGT


Fuente: STMM CGT