En pleno verano, con total alevosía, el Gobierno, la Patronal, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, en definitiva, quienes ejercen el poder, están orquestando una sinfonía de órdenes, decretos, propuestas, estrategias... que, camuflados entre mucho ruido mediático, suena de forma armónica a muerte y defunción de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y los colectivos sociales más empobrecidos.
Los últimos datos de la EPA y del INEM muestran los verdaderos efectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno, destruir empleo indefinido y crear empleo precario, a tiempo parcial, y sin derechos.
Los expertos contratados por el poder proponen una reforma de las pensiones arbitraria, discrecional, que pretende convertir el derecho a una pensión pública digna en un negocio.
Los últimos datos de la EPA y del INEM muestran los verdaderos efectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno, destruir empleo indefinido y crear empleo precario, a tiempo parcial, y sin derechos.
Los expertos contratados por el poder proponen una reforma de las pensiones arbitraria, discrecional, que pretende convertir el derecho a una pensión pública digna en un negocio.
El caso Bárcenas representa la degradación del sistema democrático representativo y comienza a ser digerido por la opinión pública, para ello, está bastando con una dosis de nacionalismo españolista frente a Gibraltar.
Mientras tanto, el FMI, la UE y la propia patronal, plantean que hay que reducir los salarios para que volvamos a la esclavitud, a trabajar por la comida.
Por su parte el gobierno aprueba un nuevo decreto en el último consejo de ministro que reforma la reforma laboral y afina el ajuste de la soga que está asfixiando a las y los trabajadores.
En este sentido, el pasado sábado 3 de agosto el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley 11/2013, que modifica determinadas normas en materia de contratación a tiempo parcial, desempleo y, de forma muy importante, procedimientos de despidos colectivos, suspensiones de contratos y modificaciones de las condiciones de trabajo.
De esta manera, a partir de la aplicación del Real Decreto y, obligado por el Tribunal Constitucional, el gobierno equipara los tiempos de cotización exigidos para tener acceso a prestaciones de la Seguridad Social en los trabajadores a tiempo parcial, fomentando, de esta manera, este tipo de contratación, que ya cuenta con diversas bonificaciones, frente a la contratación a tiempo completo.
A parte de esta medida, como decimos obligada, se establece la suspensión del cobro de las prestaciones por desempleo de las y los trabajadores que se ausenten del país por un periodo superior a 15 días.
En lo que respecta a las medidas vinculadas a los EREs, ERTEs y modificaciones del contrato, la reforma reduce los requisitos de aportación de documentos para la validez de los procedimientos y establece un sistema de negociación más controlado, donde se establecen comisiones negociadoras que pueden acordar despidos colectivos sin que en las mismas estén representados todos los trabajadores y trabajadoras afectadas.
Estos cambios son una reacción del gobierno a las sentencias judiciales que han venido declarando nulos o improcedentes despidos colectivos por incumplimientos negociadores y suponen la enésima facilitación del despido, haciendo, una vez más, que la destrucción de puestos de trabajo sea una medida cada vez más asequible para la patronal, llevando a que sean las y los trabajadores quienes soporten todo el peso de la crisis-estafa.
Ante este panorama, CGT considera inaplazable una movilización sindical y social general, global, inclusiva, que defienda en la calle de una forma continuada, un cambio de rumbo en la política económica y social, con nuevos objetivos, una nueva partitura, unos nuevos intérpretes para una nueva sinfonía
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
