(EUROPA PRESS) Diversos sindicatos y asociaciones de mujeres de la Comunidad Valenciana han convocado para hoy una manifestación en Valencia para exigir la puesta en marcha «inmediata» de un plan integral contra la violencia de género, según manifestó hoy en rueda de prensa la representante de La Marxa Mundial de las Dones, Amparo Rubio.
La manifestación, convocada por UGT-PV, CCOO-PV, CGT-PV, STPV-Intersindical Valenciana, Dones Progressistes, Casa de la Dona, Marxa Mundial de les Dones y distintas asociaciones de mujeres, se celebrará bajo el lema ’Por una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, YA’, y partirá a las 19.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia para finalizar en la plaza de la Reina.
Según los sindicatos convocantes, el proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género presentado por el Gobierno es una «ley de mínimos absolutamente necesaria que atiende a una necesidad real, como lo demuestran 500 mujeres asesinadas en 4 años».
Así, la representante de La Marxa Mundial de les Dones, Amparo Rubio, explicó que el texto de la ley propuesto por el PSOE recoje las peticiones y las aportaciones que han realizado desde finales de los años ochenta diversos grupos de mujeres y de expertas. «Esta ley se basa en medidas integrales de carácter judicial, policial, de formación a los profesionales que atienden a la víctima a lo largo del proceso, de las necesidades materiales que tiene la misma y de la atención global a la mujer», explicó.
Respecto a este proyecto de ley, tanto la representante de UGT Elvira Ródenas, como la representante de CCOO-PV Ofelia Vila, coincidieron en subrayar «la parte laboral» de la misma, porque en ella se contemplan aspectos como las faltas de asistencia al puesto de trabajo de la víctima o el combate contra el acoso sexual en el trabajo.
En este sentido, Ródenas recordó que el proyecto ha sido «vapuleado» desde sectores de la sociedad «reaccionarios y muy conservadores», así como por parte de «algún partido que, aunque pudo hacer una ley de estas características, no la hizo». En este sentido, Vila señaló que «el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los portavoces del Partido Popular han tildado el proyecto de anticonstitucional, cuando lo realmente anticonstitucional es que los poderes públicos no velen por la igualdad de las personas y permitan la discriminación, tal y como reza el artículo 9 de la Constitución Española», explicó.
Vila añadió al respecto que donde «más virulentas» son las críticas a la ley integral es en la Comunidad Valenciana. En este sentido, criticó algunas de las medidas que el Consell puso en funcionamiento contra la violencia de género, como la creación del Observatorio para la violencia doméstica de la Generalitat Valenciana, del que dijo que «no sirve para mucho» ya que, a su juicio, no se evalúan las medidas que se ponen en marcha para proteger a las mujeres y evitar más casos de malos tratos. Además, recordó que «no se ha contado con la presencia ni con la ayuda de sindicatos y organizaciones de mujeres» para el funcionamiento de dicho organismo.
Asimismo, rechazó el uso de las telealarmas para las afectadas porque son «ineficaces y demasiado aparatosas», según Vila, quien recordó que «en los casos de amenazados por bandas terroristas se toman otra serie de medidas», al tiempo que criticó «la disminución en los presupuestos» de la Generalitat destinados a la Dirección General de la Mujer.
Por otra parte dijo que los cursillos que siguen los «verdugos», con el fin de conseguir la reinserción en la sociedad, son «patéticos», ya que «ocho horas de conversación no es ninguna terapia y exime de la condena al maltratador». En este sentido, indicó que con la nueva ley integral «la pena sí se cumplirá, aunque en la cárcel podrán tener estas sesiones».
Vila consideró una «barbaridad» que la violencia contra las mujeres se utilice como arma política, mientras que no se da una protección efectiva a las víctimas «porque siguen muriendo». Asimismo, señaló que es «indignante que el gobierno de la Generalitat esté haciendo negocio con los servicios de atención a la víctima, en casas de acogida».
Por su parte, Amparo Rubio recordó que desde los años 70 las mujeres «vienen elaborando medidas para acabar con algo que nosotras no inventamos, que antes se encontraba en un ámbito privado pero que salió al ámbito público y a los medios de comunicación de una manera generalizada a partir del año 1998, con el caso de Ana Orantes, la mujer que fue quemada viva por su marido tras aparecer en un progrma de televisión denunciando los malos tratos».
«Ahora existe una conciencia social, si bien las causas de la violencia de género aún están muy arraigadas ya que son una manifestación de las relaciones de dominación y de poder existentes entre hombres y mujeres y de la discriminación existente entre ambos», explicó Rubio.
Para acabar con este tipo de diferencias y violencia, Rubio señaló la necesidad de una ley integral contra la violencia además de una coordinación de políticas, porque, según dijo, «no es la misma situación la que se vive en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco o en Andalucía».