En la Transición Política, los sindicatos intercambian democracia (su propia legalización), por estabilidad social. Esta transacción, clausura la posibilidad de enfrentar la crisis subordinado los recursos productivos y las formas de producción, distribución y consumo a la defensa de los derechos sociales de todos.
En 1977, el sindicalismo, no solo era capaz de impedir las políticas de ajuste basadas en la reducción de plantillas y los recortes salariales, sino que, a pesar de su ilegalidad y de haber soportado una feroz represión, constituía una seña de identidad de la democracia, desplazando al sindicato vertical y convirtiéndose en interlocutor de gobiernos y patronales.
En el corto período de 20 años, el movimiento sindical en el Estado español ha pasado del auge a la crisis.
Hoy, a pesar de ser legales y de formar parte esencial del ordenamiento no solo económico sino también político de la democracia, los sindicatos no sólo muestran su impotencia para frenar el paro masivo y la precariedad, sino también para impedir el deterioro de las condiciones de trabajo de la mayoría de los sectores estables. A pesar de ello, la imagen que el poder difunde de los sindicatos es la de instituciones corporativas, conservadoras, que obstaculizan el progreso, y en la medida que impiden el desarrollo económico, son causantes del paro y perjudiciales para los trabajadores.
La crisis de lo sindical puede estudiarse desde dos puntos de vista, el de las causas externas a los sindicatos y el de las causas, que por afectar a sus concepciones y políticas son intrínsecas a ellos mismos.
LAS CAUSAS EXTERNAS.
Son aquellas que afectan al marco socio-político y a la forma en que los cambios en dicho marco afectan tanto a las relaciones laborales como a las relaciones entre trabajadores y sindicatos.
Estas causas, son de varios tipos. La segmentación del mercado de trabajo, el paro masivo, la precariedad creciente, la descentralización productiva, la terciarización de la economía y la legislación laboral.
Estas dinámicas originan la disminución de las bases de apoyo de los sindicatos y favorecen la exclusión sindical no sólo en los sectores más explotados sino también en las emergentes capas medias asalariadas.
La consecuencia es paradójica. Cada vez es mayor la diferencia y la exclusión de millones de trabajadores, y sin embargo, los sindicatos aparecen indiferentes a este realidad a pesar de que su falta de respuesta a la misma les debilita progresivamente.
El sindicalismo clandestino fue perseguido hasta 1977. Sin embargo, haciendo salvedad de este factor, el marco económico y social a partir de los años 60 en España, era análogo al de los países centro europeos en cuanto a crecimiento económico y pleno empleo.
En la Transición Política, los sindicatos intercambian democracia (su propia legalización), por estabilidad social. Esta transacción, clausura la posibilidad de enfrentar la crisis subordinado los recursos productivos y las formas de producción, distribución y consumo a la defensa de los derechos sociales de todos. Con la desactivación de las luchas , también se desactiva la influencia de las minorías que propugnaban una democracia radical y simultáneamente, aumenta la influencia de las corrientes sindicales que aparecen como realistas y pragmáticas al no pretender más que la administración de lo que existe.
En este contexto, y en base a poderosos apoyos externos al movimiento obrero, UGT pasa de ser una fuerza marginal, con una influencia menor que cualquiera de las corrientes radicales, a ser la segunda fuerza sindical en las elecciones sindicales de 1978 y la primera en las elecciones sindicales de 1982.
A partir de este año, con la ocupación del gobierno por el PSOE. este partido, a diferencia de sus correligionarios franceses, no se entretiene en ensayos Keynesianos sino que pone sobre la mesa un nuevo diagnóstico sobre la crisis. En él, aparece como la principal causa de la misma la rigidez del mercado de trabajo.
Partiendo de esta premisa, para conseguir la reactivación económica y crear empleo, es imprescindible flexibilizar el mercado de trabajo. El PSOE aborda de forma inmediata una política de Ajuste Positivo basada en la reconversión industrial, la reducción de la intervención del Estado y la flexibilización del mercado de trabajo.
De esta política se deriva una situación contradictoria para los sindicatos. Aunque son legales, su defensa de las condiciones laborales impide la modernización de la economía y la reactivación económica. Como consecuencia, al igual que los sindicatos eran para Franco organizaciones perjudiciales para el orden social, para Felipe González, los sindicatos, al ser un obstáculo para la salida de la crisis son perjudiciales para el orden económico.
La relación entre los trabajadores y los sindicatos se problematiza a partir de los cambios que genera la política de ajuste. La crisis sindical se nos aparece como la percepción negativa que los trabajadores tienen de los sindicatos. Sin embargo, es necesario precisar que lo negativo en la conciencia de los trabajadores no es tanto el sindicato como el hecho de pertenecer a él.
En un medio presidido por la eventualidad y el paro, el trabajador siente la pertenencia al sindicato como un riesgo. A pesar del conflicto que le enfrenta con el empresario, el trabajador eventual no puede protagonizar dicho conflicto por su situación de inferioridad. Este trabajador percibe al sindicato como una objetivación de dicho conflicto, pero también percibe, una vez desactivado el movimiento obrero, la superioridad del empresario frente al sindicato.
Estas percepciones le conducen «libremente» y sin que nadie se lo imponga de forma explícita a mantenerse alejado del sindicato. Si la actividad sindical implica habitualmente para los estables una renuncia a la promoción profesional, para el precario significa con seguridad la pérdida del puesto de trabajo.
Aparece así una distancia entre el derecho a la actividad sindical y la posibilidad de ejercerlo. Esa distancia solo se recorre si se dispone de la fuerza necesaria en cada momento y lugar.
La segmentación laboral, en la medida que introduce numerosos estatutos laborales y por lo tanto diferencias en los intereses inmediatos, aumenta el poder discrecional del empresario y disminuye la base de apoyo del sindicato.
Estos mecanismos, al margen de la legalidad, adquieren su fuerza en el hecho de que siendo reales nunca aparecen formalmente y constituyen la práctica cotidiana de las relaciones laborales sobre todo donde el sindicalismo es débil o inexistente.
En esta situación, la lealtad a la empresa aparece como contradictoria con la lealtad al sindicato. Unos trabajadores optan por la primera y otros por la segunda. Esta diferencia permite mostrar la autoexclusión sindical como algo libremente decidido y la hostilidad hacia los sindicatos como un fenómeno interno a los trabajadores.
A partir de aquí, la actividad sindical se enfrenta no solo a los empresarios sino también a una parte de los trabajadores de forma que la profecía liberal de que los sindicatos son enemigos de los trabajadores, se cumple a sí misma.
LAS CAUSAS INTERNAS.
Hasta 1977 la práctica sindical se propone la defensa de las condiciones laborales. Cualquier otro contenido, como las peticiones de libertad y democracia, realimentaban la fuerza de dicha defensa.
A partir de los pactos de la Moncloa la actividad sindical vincula la defensa de los trabajadores, con la defensa de la reactivación económica. En ese momento empieza la crisis del movimiento sindical.
Para unir estas dos proposiciones, el sindicalismo mayoritario introduce un cambio en su discurso. Ahora ya no se trata sólo de defender las condiciones de trabajo, sino de hacerlo a través del aumento de la inversión privada que, al contribuir al crecimiento económico, es generadora de empleo y de mejoras en las condiciones laborales.
Este sutil cambio de proposiciones recibe el nombre de «modernización sindical». La historia de CC.OO., desde antes de su legalización, es la historia de las tensiones internas para la asimiliación de este cambio, hoy fuertemente asentado. No ha sido así el caso de UGT, que tras su hibernación en el franquismo, nació ya modernizada en la democracia.
Es paradójico que el razonamiento modernizador, que pone en cabeza de la vida social al beneficio privado, aunque hoy reaparezca con nuevas denominaciones, tiene 220 años de antiguedad.
En una economía abierta como la española y con una gestión económica basada en la oferta, el aumento de la inversión privada tiene como condición el aumento de los beneficios empresariales. Esto a su vez implica la reducción de los costes salariales directos e indirectos.
Partiendo de esta ecuación aceptada en su primera parte, es contradictoria la defensa de los trabajadores en todos los casos en los que esta defensa no discurra paralela al aumento de los beneficios.
Las consecuencias de esta modernización son diversas :
Aceptar la lógica económica como principio constitutivo de la sociedad y por lo tanto, aceptar que dicha lógica determine las condiciones de trabajo y los derechos sociales.
Despolitizar la acción sindical, o lo que es lo mismo, situar el orden económico fuera de la discusión democrática. El orden capitalista está más allá de la democracia, es su fundamento.
Una vez aceptado lo anterior, es muy difícil oponerse al despliegue de la racionalidad mercantil (globalización económica, competitividad, Europa de Maastricht, etc). Por extensión también es muy difícil oponerse tajantemente a las consecuencias de dicho despliegue (paro, precariedad, pobreza, etc).
La debilidad de las razones para combatir la destrucción de empleo y la degradación de las condiciones de trabajo ¿Cómo se va a justificar la oposición a la reducción de plantilla en una empresa inviable ?. Todos saben que tras la resistencia verbal, solo hay un intento de minorar el número de despidos o vender más caro el puesto de trabajo. La oposición consecuente, al ser excepcional y aislada, no sólo aparece como irracional, sino también como numantina e inútil.
El aumento de la precariedad y el paro junto con la creciente división interna del mercado de trabajo convierte la representación de todos los asalariados por parte de los sindicatos de clase en algo puramente simbólico.
La táctica defensiva de los sindicatos, refugiándose en los sectores estables que constituyen su base de apoyo tradicional, produce como consecuencias no queridas, un aumento de la diferencia entre estos sectores y los que ven fijadas sus condiciones laborales de manera arbitraria por los empresarios sin más criterio que la oferta y la demanda. Esto a su vez realimenta la debilidad sindical.
Sin embargo, a pesar de aceptar tantas cosas, no acaban aquí las cuitas del movimiento sindical.
La defensa aunque moderada de los trabajadores estables como centro de la actividad sindical, aparece también como un hecho exterior a la lógica económica, es decir, como un hecho arbitrario y, por lo tanto, político.
El poder acusa a los sindicatos de corporativismo exigiéndoles que permitan la flexibilización de los trabajadores estables para igualar «solidariamente» a todos los trabajadores en la condición de precarios. La negativa de los sindicatos a acceder a todas estas pretensiones, les acarrea la acusación de impedir la reactivación económica en base a motivaciones egoístas frente a la racionalidad económica, que por ser técnica es neutral y representa a los intereses generales.
La resistencia a esta lógica por parte de los sindicatos es muy débil. Frente a la potencia de la racionalidad económica, las reclamaciones a políticas Keynesianas en un contexto diferente al que hizo posibles dichas políticas en Europa, solo cumplen el papel de aparentar que se tiene una política alternativa. Las supersticiones, del progresismo acerca del nexo entre la defensa de los intereses obreros y el socialismo también cumplen un papel en la simulación de la oposición. La violencia de las oleadas flexibilizadoras ha provocado como respuesta cuatro huelgas generales que, con su extraordinaria importancia, han pasado a formar parte del paisaje democrático, representando poco más que el papel de muestras rituales de desacuerdo.
La propuesta de crecimiento económico, inviable ecológicamente sin apenas impregnación de la crítica al modelo desarrollista y consumista en la acción sindical cotidiana, junto con el hecho de que más de tres millones de mujeres amas de casa pasarían a engrosar el paro si exigieran un trabajo asalariado en la misma proporción que lo hacen los hombres, nos ofrecen un cuadro de debilidad teórica por parte del sindicalismo a la hora de enfrentarse con los fenómenos de mercantilización de la fuerza de trabajo.
El aumento creciente de la diferencia en el seno de la clase obrera, supone un crecimiento análogo de la dificultad para su expresión unitaria a partir de sus intereses inmediatos. Mientras los sindicatos basen sus estrategias solo en sus intereses y en los sectores estables más que en las razones y en los sectores periféricos y excluidos, su debilidad como movimiento irá en aumento, lo cual no quiere decir que ante el vacío de cualquier otra alternativa no puedan conseguir seguimiento de los muchos perjudicados cuando convoquen a la protesta.
Los sindicatos han equilibrado su progresiva debilidad como movimiento mediante su relativa, y siempre condicional, fuerza como institución. Pero esto es lo mismo que decir que también aumenta su papel como maquinaria para el disciplinamiento de la fuerza de trabajo.
El sindicalismo basado en la negociación de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo salarial, se debilita simultáneamente con la pérdida de centralidad del empleo estable. En el mundo moderno, el hecho económico aparece como el principio constitutivo de la sociedad. A medida que se despolitiza el movimiento sindical, la noción de interés, reducida al interés material, conduce a prácticas que aceptan el mercado como principio irrevasable. Oponerse a la lógica del mercado aparece como lunático y conservador.
El mundo se presenta escindido por una parte en el campo de lo real regido por la economía y el mercado y por otra parte en el campo de lo aparente donde se encuentran la política, los sentimientos, la ideología, etc. El segundo campo está limitado y condicionado ferreamente por el primero.
Esta situación es una jaula de hierro en la que todos somos funcionarios del capital. El interés privado es la garantía de la sociabilidad. El objetivo de todos es la riqueza. Los horrores cotidianos parecen no tener relación con esta lógica. Los sentimientos son buenos pero irresponsables de la construcción de la realidad, que es competencia de la economía.
La libertad es perseguir los propios intereses dentro del mercado y la democracia es el sistema político que garantice que esto funciones siempre así. El trabajo también está prisionero de esta lógica.
Fuente: CAES
