Carta abierta de Octavio Alberola a la vicepresidenta primera del Gobierno.
Sí, señora Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, es una infamia dividir a las víctimas de la represión franquista en dos clases, como lo hace el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ley que el PSOE y el actual Gobierno se han propuesto reformar en este comienzo de nueva Legislatura; pero sin abrogar un artículo que introduce tan infamante discriminación entre las víctimas de la represión franquista.
Sí, señora Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, es una infamia dividir a las víctimas de la represión franquista en dos clases, como lo hace el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ley que el PSOE y el actual Gobierno se han propuesto reformar en este comienzo de nueva Legislatura; pero sin abrogar un artículo que introduce tan infamante discriminación entre las víctimas de la represión franquista.
Un artículo, introducido subrepticiamente en esa Ley, poco antes de su aprobación en el Congreso, con la inconfesada intención de favorecer a unas víctimas más que a otras. Lo que se hace al dividirlas a partir de una fecha arbitraria, 1968, y fijar «una indemnización por una cuantía de 135.000 €» para los beneficiarios de quienes perdieron la vida «durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos». Y ello pese a que en el artículo 7 de esta misma Ley -que es el que aborda lo de los represaliados excluidos de las indemnizaciones en la Ley 4/1990, del 29 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990- se fija solo «una indemnización de 9.616,18 €» para todos los condenados «a pena de muerte efectivamente ejecutada»
Sí, señora vicepresidenta primera, es una infamia mantener ese artículo que discrimina a las víctimas de la represión franquista de antes de 1968. Una discriminación que el redactor del artículo 10 ha pretendido justificar «por las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte». ¡Cómo si la muerte de Lluis Companys, Juan Peiró, Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, los hermanos Sabater y demás guerrilleros de los años cuarenta y cincuenta, Julián Grimau, Joaquín Delgado, Francisco Granado y de tantos otros más, abatidos o ejecutados por el régimen franquista antes de 1968, no se hubiese producido en las mismas «circunstancias excepcionales» de la represión franquista!
Usted misma, señora vicepresidenta primera, se ha referido ayer, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a otras víctimas de ese periodo de antes de 1968, los «desaparecidos», esos «compatriotas que entregaron la vida para seguir sembrando libertad, derechos y democracia de la que nos beneficiamos». Y ha dicho que «se merecen la verdad, pero también la reparación»?
¿Cómo, pues, aceptar la división discriminadora que ese artículo 10 establece entre ellas de manera tan arbitraria e injusta? Sobre todo cuando siempre se ha hablado y se habla, de «las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura», como un grupo en el que la condición de víctima es la misma para todas y en ningún otro caso se ha considerado posible dividirlas. ¿Por qué sería posible dividirlas en dos clases para las que perdieron la vida cuando no lo ha sido para las que solo sufrieron prisión? ¿Por qué, según el artículo 7, solo hay una categoría de víctimas de la represión franquista y dos, según el artículo 10?
Sí, señora vicepresidenta primera, mantener ese artículo es una infamia. Sus propios socios del Ejecutivo de coalición gubernamental, Unidas Podemos, lo han comprendido y por ello proponen -en la Proposición no de Ley presentada el 29 de junio de 2018 para reformar la Ley de memoria histórica de 2007- un artículo, el 32, que fija una reparación única por «una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977».
Sí, señora vicepresidenta primera, se les puede reconocer su su afán y urgencia en convertir la temática de Memoria Histórica en política de Estado para homologar a España con otras democracias europeas en esta materia; pero, si mantienen el artículo discriminador en la nueva ley de «Memoria Democrática», el PSOE y el actual Ejecutivo se mantendrán en la infamia.
12 de febrero de 2020
Octavio Alberola
Fuente: Octavio Alberola
