El diálogo entre Gobierno, empresarios y sindicatos para reformar el mercado de trabajo no avanza, entre otras razones, porque el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa un documento en el que aglutine sus propuestas de reforma, según informaron a Europa Press fuentes empresariales.
Las mismas fuentes indicaron que los constantes anuncios del Gobierno de que no habrá reforma sin acuerdo están desmotivando a los negociadores, que esperan salir de este «estancamiento» con la presentanción, por parte del Ejecutivo, del prometido texto de propuestas.
Además, la celebración del 39 Congreso de UGT ha retrasado en el tiempo los contactos entre las tres partes. Se paró hacia mediados de mayo y hasta la semana próxima no se prevé que se reanuden las discusiones. Otras fuentes de la negociación creen que no volverá a haber debates de calado hasta después de las elecciones gallegas, el próximo 19 de junio.
Desde CC.OO., su portavoz, Fernando Lezcano, declaró a Europa Press que era necesario imprimir en este mes de junio un nuevo impulso a la reforma laboral, debido al «parón» de las últimas semanas, e instaba al Ejecutivo a llevar sus propuestas a la mesa. Este análisis coincide prácticamente con el que hacen las organizaciones empresariales, donde en algunos foros se reconoce que las negociaciones están «estancadas».
Lo que parece claro es que el acuerdo no será posible ni en junio ni en julio y que las negociaciones se alargarán, al menos, hasta el mes de septiembre. El catálogo de temas es extenso y las posiciones en algunas materias, como el coste del despido o la regulación de la subcontratación, están bastante distanciadas.
Los empresarios apoyarían una posible generalización del contrato de fomento del empleo estable (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado), reservado actualmente a determinados colectivos y que el Gobierno desea extender a todos los contratos nuevos de carácter estable que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la reforma.
El Gobierno confía en el acuerdo
Los sindicatos, por su parte, ponen el acento en la necesidad de reducir la temporalidad, pero sin «tocar» los costes del despido, y en regular la cadena de contratas y subcontratas, fuente, en su opinión, de la alta precariedad y siniestralidad laboral.
Por el lado del Gobierno, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ya ha dado cuenta de algunas de las medidas que se barajan y que forman parte de la discusión, y ha reiterado que la voluntad del Ejecutivo es no imponer una reforma que afecte a los aspectos «sustantivos» del mercado laboral.
De este núcleo, sobre el que no se legislará sin «consenso suficiente», quedan fuera materias como la política de estímulos a la contratación estable o la reforma de los servicios públicos de empleo, temas sobre los que el Gobierno podría adoptar decisiones sin necesidad de contar con el respaldo de los agentes sociales.
No obstante, el propio Valeriano Gómez ha manifestado que en ambos aspectos existen, por el momento, «consensos básicos», por lo que actuar sobre estas dos materias no tendría por qué añadir más problemas a las negociaciones.
En cualquier caso, Gómez ha dicho que no se actuará sobre la política de bonificaciones ni sobre los servicios públicos de empleo hasta que no se haya agotado todo el proceso de negociación, es decir, hasta conocer el resultado final del conjunto de temas que son objeto de negociación.
Desde el Gobierno se confía plenamente en que las discusiones acabarán en acuerdo. Es más, aseguran que no se plantean un escenario distinto que no sea una reforma laboral consensuada con sindicatos y empresarios.
Fuente: EP
