Durante la mañana del martes 30 de mayo, cerca de un
centenar de trabajadores de la Administración General del Estado se
han concentrado frente a las oficinas de la C/ Trinidad, 4-6 y C/
Andrés Martínez Zatorre, 15-17, entre las 11.00 y las 11.20 horas
(tiempo libre que tienen asignado para almorzar) para denunciar que
los empleados públicos es uno de los pocos sectores laborales sin
cláusula de revisión salarial y que no dispone de pagas
extraordinarias íntegras.
La cláusula de revisión salarial es la garantía de que los salarios no
pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la desviación
sistemática e interesada que se produce entre el IPC previsto y el
real. La ausencia de esta cláusula de salvaguarda supone para el
sector público que los salarios pierdan constantemente poder
adquisitivo.
También se ha puesto de manifiesto la política de degradación de la
calidad en los servicios públicos, asumiendo como propias las leyes
del mercado, efectuadas por los ultimos gobiernos, de distinto signo
político.
Los trabajadores y trabajadoras concentrados enBurgos también se han
mostrado contrarios a la aprobación de un Estatuto de la Función
Pública, que no ha contado ni con la información previa necesaria, ni
con el debate preciso y que quiere aprobarse deprisa y corriendo por
razones meramente electoralistas. El PSOE, en su programa electoral
para las elecciones de marzo de 2004 se comprometió con los empleados
públicos a una mejora sustancial de sus condiciones laborales.
Han pasado ya dos años desde las elecciones generales y el Gobierno,
ahora del PSOE, no sólo ha incumplido sus compromisos electorales sino
que su política retributiva sigue la misma línea que marcaba el
anterior gobierno y que está sirviendo para acentuar, aún más, la
pérdida del poder adquisitivo del funcionariado que alcanza ya más de
un 25% en los últimos catorce años.
De igual manera se sigue la política de degradación de la calidad en
los servicios públicos, asumiendo como propias las leyes del mercado.
Estas leyes, diseñadas desde los poderes financieros, quieren
privatizarlo todo, pensiones y resto de servicios públicos y sociales,
con el fin de reconvertirlos en un producto más de consumo al que solo
podrán acceder quienes dispongan de los recursos suficientes.
Se quiere un nuevo modelo de sociedad individualista donde la persona
pase de ser ciudadana con derechos, a cliente con capacidad de
consumo. Por ello se quieren recortar, tanto los recursos destinados a
tener una Administración bien dotada, motivada y democrática, sometida
al control público, como los recursos necesarios para mantener y
afianzar el llamado estado del bienestar.
Ejemplo claro de lo que los trabajadores de la administración pública
denuncian es que el 0,5 % de su salario se aporte a un plan de
pensiones que les ha sido impuesto. Las cantidades correspondientes
las percibiran, en el mejor de los casos, en el momento de la
jubilación. Mientras tanto, beneficiarán a un gran banco y a dos de
los sindicatos que acordaron el plan con el Gobierno del PP- CCOO y
UGT- que forman parte de la gestora del citado plan. Se hurta una
parte de su salario que debería ir al sistema público de pensiones
para que pase a beneficiar la cuenta de resultados de una empresa
privada y todo ello avalado tanto por el gobierno como por los
sindicatos agraciados.
Por estas y otras razones CGT-CAT continua el proceso de movilización
con el fin de que, de una vez por todas, las promesas electorales sean
una realidad y no un simple reclamo electoral con fecha de caducidad
al día siguiente de las elecciones y se recupere la dignidad
imprescindible para la buena marcha de los servicios públicos. Así, a
la vuelta del verano continuaran las concentraciones.
Burgos, 30 de mayo de 2006
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Secretaría de Comunicación
comunicacion.cgtburgos@gmail.com
Fuente: Secretaría de Comunicación CGT Burgos | Fotos : Amayuelas