Qué puede llevar a una persona a intentar quitarse la vida y a privarse de comer de forma voluntaria ? ¿Problemas de dinero ? ¿Trastornos de salud ? ¿Falta de respeto ? ¿Una depresión ? ¿La soledad ? ¿O un poco de todo ? Es el caso de Rafael Carlos Díez, indefenso ante lo que asegura es una « injusticia » cometida por la aseguradora Mapfre contra él. Y es que la burocracia y sus aristas pueden llegar a cortar las ganas de luchar.
Este trabajador, ya jubilado, desempeñaba su labor como jefe técnico en una nave dedicada al sector de la metalurgia en La Lastrilla. Hace más de tres años un accidente laboral casi acaba con su vida. Una pieza de un camión le hundió un ojo, quedándose a escasos milímetros de machacarle parte del cráneo.
Tras ingresar en el Hospital General, tuvo que ser trasladado al complejo madrileño de La Paz, relata su hijo, Javier. Allí le operaron, pero la intervención no fue del todo acertada. Infecciones posteriores y problemas de visión casi le matan, como reconocen los informes de una clínica privada donde fue tratado después.
Cuando poco a poco supera los problemas de salud y se cura a duras penas del casi fatal accidente, le sobreviene otro combate, el que le lleva a luchar por lo que cree que le corresponde.
La aseguradora Mapfre, con la que tenía contratada una póliza en el momento de haber sufrido el accidente en el trabajo, le niega algunos de los derechos suscritos. « Se creen que es un coche al que se le rompe un faro, pero es una persona que ha perdido un ojo », comenta enojada su esposa.
El regateo con la vida de las personas nunca ha de ser una realidad como la que sufre Rafael. Las triquiñuelas burocráticas le han ido mermando la moral, argumentan los familiares.
El problema, relata su hijo Javier, « no es tanto el dinero que se le debe a mi padre ». Que también. Sino el juego con la moral y la vida de una persona, apunta el vástago. « Solo quiere que le den una solución y que no le mareen más », manifiesta entre indignado y resignado. La delegación de la mutua en Segovia -con la que este periódico no pudo contactar ayer- le pasa la pelota a la central en Alcalá, y de Madrid otra vez a Segovia. Así durante estos más de tres años.
La paciencia se le ha acabado a Rafael, que lo único que quiere es reunirse con el director de la aseguradora en el municipio madrileño y plantearle de tú a tú su situación. Un panorama que ha dejado atrás un juicio, del que salió vencedora la aseguradora ; un abogado supuestamente desleal y cambios de pólizas, como asegura Javier Díez. Y es que, su padre tenía firmada una póliza de 1982 en el que se le garantizaba « asistencia médica ilimitada ». La mutua actualizó y « manipuló » -dice el hijo- ese contrato, de tal forma que solo concebía la asistencia durante un año.
Precisamente, también está el asunto económico. Al parecer, Rafael tenía suscrita una cantidad de unidades por las que pagaba a la mutua. Sin embargo, la aseguradora solo acepta una tercera parte de esa cuantía. Las estimaciones de la familia hablan de una deuda que rondaría los 53.000 euros solo por la incapacidad laboral.
La paciencia se le ha terminado, pero no las ganas de luchar por lo que es suyo. Desde ayer Rafael ha iniciado una huelga de hambre en la puerta de la aseguradora, en la calle Ezequiel González. Y allí se quedará acompañado por las mantas para el frío hasta que se le devuelva su dignidad.
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