Septiembre 25 de 2004. Informe especial del EL TIEMPO.
Las autodefensas tienen 49 frentes en 382 municipios del país, y han pasado del control militar al político y social. Una fuerte dosis de preocupación parece recorrer las venas de ciertas esferas de poder en Colombia. Ahora, como nunca antes, han comenzado a tronar las alarmas ya no tanto por la existencia de grupos de autodefensa, sino por los síntomas avanzados de paramilitarización del país.
Septiembre 25 de 2004. Informe especial del EL TIEMPO.
Las autodefensas tienen 49 frentes en 382 municipios del país, y han pasado del control militar al político y social. Una fuerte dosis de preocupación parece recorrer las venas de ciertas esferas de poder en Colombia. Ahora, como nunca antes, han comenzado a tronar las alarmas ya no tanto por la existencia de grupos de autodefensa, sino por los síntomas avanzados de paramilitarización del país.
El fin de semana pasado, en una reunión convocada por la embajada de Estados Unidos en Cartagena, el tema no dejó dormir tranquilos a un grupo de lo más granado de la política, las autoridades públicas y los medios de comunicación. Y en el transcurso de la semana, columnistas de opinión han coincidido de manera poco usual en poner el grito en el cielo sobre el fenómeno.
La situación ha llegado a tal extremo que el propio presidente Álvaro Uribe hizo un reconocimiento tácito del problema. “A medida que se han venido retirando las organizaciones mal llamadas paramilitares han reaparecido grupitos guerrilleros a secuestrar”, dijo, ante dos plagios en Antioquia.
El país también oyó a dos congresistas confesar su adoración por Salvatore Mancuso y ‘Adolfo Paz’. Lo hicieron sin pudor, a pesar de que el primero tiene 15 investigaciones (tres por masacres) y el otro, con un largo historial en el hampa, es requerido por secuestro.
Apenas expresiones de la punta del iceberg de lo que puede significar hoy el poder militar y político de las autodefensas en el país.
Un alto funcionario del Estado, que ha recorrido todo el territorio nacional, resumió la nuez : “El proyecto político de los paramilitares es más peligroso que su proyecto militar. La guerrilla tarde o temprano negociará porque está perdiendo base social. Los paramilitares, por el contrario, la están ganando con un proyecto político disfrazado de participación democrática”.
¿En qué están hoy las autodefensas ? De acuerdo con un mapa de Casa de Nariño, 49 frentes hacen presencia en 26 de los 32 departamentos del país y en 382 de los 1.098 municipios.
Eso equivale a 13.500 hombres distribuidos en un 35 por ciento del territorio nacional. Notorio crecimiento frente a los 3.000 hombres que según el Gobierno tenían los paramilitares en 1995 y también con respecto a la presencia en un 25 por ciento de los municipios que inventarió el investigador Mauricio Rubio en 1998.
De esa etapa se pasó, entre 1994 y 1997, a la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como una federación que, según sus estatutos y las ideas de su líder, Carlos Castaño no solo quería ser un ejército que copara el país sino una fuerza política “que represente y defienda derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado”.
De 1996 hasta el 2001, exportaron el modelo paramilitar de Córdoba y Urabá a más de 15 departamentos, en un experimento salpicado de masacres y crímenes. Siguió luego una penetración sigilosa en la economía y la política regionales, hasta lograr en varias zonas un profundo control. La evidencia es escasa, pero ha comenzado a surgir.
En junio, EL TIEMPO le preguntó al estado mayor de las Auc hasta dónde se había extendido su dominio. ‘Jorge 40’, segundo del Bloque Norte, contestó : “Controlamos la Costa Norte en su gran mayoría ; en el centro del país, el Magdalena Medio, y en el sur, Nariño, Putumayo… Nosotros controlamos los corredores estratégicos de la guerrilla, no la Fuerza Pública”.
Tres de los más importantes organismos de investigación, así como una entidad estatal, corroboraron, bajo condición de anonimato, que hay evidencias de vínculos de paramilitares con gobiernos locales o departamentales de la Costa Atlántica, Casanare y Meta.
De lo militar a lo político
Son muchas las anécdotas que ilustran cierto grado de sintonía social, cultural y política : desde la canción de los Hermanos Zuleta en la que gritan un “Viva Astrea, la tierra paramilitar”, pasando por las reuniones ya reconocidas entre Mancuso y directivas de la Universidad de Córdoba, hasta un representante a la Cámara que, según colegas suyos, es el encargado de convocar a la “bancada” a rendir cuentas a los jefes ‘paras’ en Córdoba.
En los últimos tres meses, han tenido líos por presuntos vínculos con paramilitares dos alcaldes (Cúcuta y Riohacha), dos asesores de paz de gobiernos locales (La Guajira y Barrancabermeja) y la directora de Fiscalías de Cúcuta. Se están forjando expresiones políticas, en las que algunos miembros muestran abierta simpatía con los ‘paras’, como el movimiento Colombia Viva, en el cual hay 13 congresistas, 27 alcaldes y 388 concejales, muchos con alta votación en zonas de influencia ‘para’.
Desmovilizados de las Auc en Medellín lograron cargos en 30 juntas de acción comunal en la elecciones de abril. “Ojalá los paramilitares sepan que eligieron a unos politiqueros, que aquí (en el Congreso) están actuando de una manera bastante discreta, muy escondida y no están haciendo nada para representarlos.
El país solo ha conocido dos representantes a la Cámara, dos mujeres, que han dado la cara. Que los otros no se avergüencen de quién los eligió”, dice el senador Jimmy Chamorro. Y agrega : “No olvidemos la declaración de Mancuso de que 30 o 35 por ciento del Congreso fue elegido por ellos”.
Asesores de uno de los más altos funcionarios del Estado comentan que cada vez que hay una operación contra paramilitares, su jefe coge el teléfono celular, lo mira y dice : “¡Veamos quién llama primero !”, refiriéndose a los varios políticos que suelen llamarlo para hacerle unos diplomáticos reclamos tan pronto se enteran de este tipo de acciones.
Algunas encuestas son parcialmente reveladoras : 38 por ciento de los consultados en las cuatro grandes ciudades por el Opinómetro consideran que el país está paramilitarizado. Parece tener que ver, en algunas zonas, con cierta aceptación social por la sensación de seguridad que han dado a las poblaciones la llegada de los paramilitares o los programas de desarrollo social y económico que promueven. “No creamos un frente mientras los habitantes de la región no se comprometan a financiarlo”, decía en su momento el otrora jefe de las Auc Carlos Castaño.
También puede ser diciente el que un alto porcentaje de encuestados por Gallup (64 por ciento) apruebe la manera como Uribe ha manejado el tema de los paramilitares -la negociación-, mientras a mitad de periodo de Pastrana 80 por ciento desaprobaba el diálogo con sus contrarios, las Farc.
Cómo lo hacen
Según William Ramírez Tobón, ex director del Iepri de la Universidad Nacional, el apoyo que las Auc reciben en algunas regiones no es a su proyecto político-militar sino más bien un reconocimiento, por lo general pasivo, al establecimiento de un orden regional.
Y el sociólogo Fernando Cubides atribuye el fenómeno, entre otros, a la fascinación de los medios con la figura de Castaño. Dice que los paramilitares “se han beneficiado inteligentemente del interés que suscitan en ciertos medios”. También les ha ayudado la compra o apropiación de tierras pues generan lazos de patronazgo con los lugareños.
Miguel Arroyave lideraba un megaproyecto de palma de aceite. Mancuso dice haber creado una cooperativa de sustitución de cultivos para más de 3.000 familias. Y Carlos Castaño hablaba de la asociación de campesinos del Alto Sinú y Urabá (Acolsiba), con más de 14 mil asociados.
Podría decirse que los paramilitares serían un claro ejemplo de las conclusiones del último informe de la ONU sobre América Latina, que sostiene que la gente prefiere la seguridad económica a la democracia.
Pero también hay una importante dosis de infiltración de las autodefensas a sangre y fuego. Más del 50 por ciento de las investigaciones que inició el año pasado la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía (111 de 213) son contra paramilitares. Contra las Farc hay solo 38.
“No tenemos datos, pero podría decirle que en casi todos los crímenes de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos que se han investigado los responsables son paramilitares. En casos esporádicos, la guerrilla”, dice una fuente de la Fiscalía.
Las tácticas para eliminar a quien se les opone van del soborno -ofrecen 50 millones de pesos por archivar una investigación- y campañas de desprestigio contra el funcionario que no se les someta, hasta la muerte. “A policías que paramilitares han asesinado por no colaborarles los hemos encontrado picados”, explica.
En Cúcuta, en el proceso de infiltración ‘para’, fueron asesinados tres fiscales y un policía y otro desapareció. Hace pocos días, dos alcaldes de La Guajira contaban que después de que se destapó el escándalo de las ARS ellos se emborracharon de la dicha pues se habían librado de ‘La Tía’, detenida por ser el contacto para desviar el dinero público a las arcas de las Auc.
Los ‘paras’ imponen sus propias leyes. En pueblos del sur del Magdalena, prohíben los pantalones descaderados, afeitan la cabeza a mujeres acusadas de infidelidad y a las que tildan de chismosas las ponen a barrer la plaza.
Han montado toda una gama de ‘vacunas’. “Desde los 1.000 pesos que le cobran a cada ventero ambulante de Santa Marta hasta los 250.000 a 500.000 que paga cada camión que entra al puerto (…) Y estamos hablando de que hay buques que requieren para la descarga 70 camiones”, dijo una alta fuente de seguridad.
Hace poco menos de dos años, cuando el actual Gobierno abrió las puertas para un diálogo político con las Auc se dio un quiebre significativo en la tradición del manejo de este tipo de grupos. Para algunos, llegaron a la cúspide de su proyecto estratégico.
“Lo que yo veo venir no es solo una contrarreforma agraria, sino una contrarreforma política con la llegada de estos nuevos dueños del poder local imponiendo un modelo económico netamente agrario, gamonalista, cimentado sobre el valor de la propiedad y con relaciones de corte patronal”, puntualiza un investigador.
Otro especialista, Mauricio Romero, sostiene que el paramilitarismo en muchos casos surgió como reacción a reformas, como la elección popular de alcaldes, para defender un “viejo Estado” -gamonal, si se quiere- y contra el “nuevo Estado” democrático.
Hay quienes se oponen. “Yo no diría que el país se ha paramilitarizado. Se ha derechizado, que no es lo mismo. La gente rechaza por igual una masacre paramilitar que una de la guerrilla”, dice un alto funcionario del Estado.
Hay interrogantes. Qué va a pasar con Ralito y las vendettas internas, es uno. Cómo enfrenta el Gobierno la vasta influencia de los ‘paras’ es otro. Pero que esta existe parece fuera de duda. Colombia no será toda paramilitar. Pero que se ha paramilitarizado es evidente.
Par : Miguel
