Los trabajadores del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig realizaron a lo largo de 2008 un total 13.194 horas extra lo que supuso un gasto de 239.506 euros para las arcas municipales. Estas cifras han llevado al sindicato CGT a reiterar su denuncia ante la subdelegación del Gobierno sobre una situación que para la representante de esta central es insostenible y viene repitiéndose desde hace tiempo. Según Monserrat Uriarte, que firma el escrito de queja, «desde hace dos años venimos denunciando que se están violando las normativas establecidas para los servicios extraordinarios, ya que sistemáticamente se realizan por las mismas personas y en cantidades de horas que vulneran la legislación vigente». El sindicato lamenta que el Gobierno no haya dado ninguna respuesta todavía sobre este asunto.
Productividad
Además plantea un segundo problema en relación a la provisionalidad de algunos puestos. «¿Por qué se permite que plazas que son de habilitación estatal las ocupen funcionarios locales desde hace más de 10 años ?», se preguntan. Al respecto CGT cuestiona que las plazas de tesorero o interventor, que deben garantizar la independencia, transparencia y control del Ayuntamiento estén adjudicadas de esta manera, con lo que supone de gasto en complemento de productividad. Por este concepto el Consistorio tuvo que abonar en 2008 un total de 281.859 euros, según la denuncia remitida a la subdelegación. Ante todo ello, CGT insiste en que el Gobierno tome cartas en el asunto y ponga fin a las situaciones de provisionalidad.
«No se realiza concurso de traslado y no existe un baremo para el mismo mientras que los traslados se hacen de forma arbitral o dedocrática, volviendo a vulnerar todos los derechos que como funcionarios tenemos como son la igualdad, la capacidad, la transparencia y la publicidad», añaden desde CGT.
300 empleados en situación provisional
CGT ha puesto en conocimiento de la subdelegación del Gobierno que el Ayuntamiento de San Vicente «tiene a todos sus trabajadores, menos a uno, y son más de 300, en situación provisional, sin destino definitivo, negándose hasta el momento a realizar la adscripción definitiva de los mismos».
Según la central esto tiene consecuencias inmediatas para la carrera administrativa, para la consolidación del grado, la negociación del complemento específico o para la movilidad. Además denuncian que esto favorece las actitudes «dedocráticas» por parte de quien gobierna y problemas a la hora de optar a oposiciones en otras administraciones públicas.
Fuente: A.VAQUER | www.diarioinformacion.com
