Un grupo de comunidades indígenas ha conseguido conformar el primer ayuntamiento popular de México regido por usos y costumbres ancestrales, y electo democráticamente. A 10 meses de su constitución, el Estado mexicano todavía no lo ha reconocido, a pesar de una ley nacional que lo ampara. El 90% de analfabetismo y la escasa inversión estatal son las prioridades a afrontar por el joven municipio de San Juan Lalana.
El próximo 9 de octubre los 15.000 habitantes del municipio de San Juan Lalana, situado en la región de Oaxaca, festejarán el primer aniversario de su ayuntamiento popular indígena, hasta la fecha no reconocido por el Estado mexicano. Sin embargo, este municipio es un ejemplo palpable y visible de la autonomía indígena, y de un sistema democrático basado en usos y costumbres ancestrales, amparado por la Ley mexicana de Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas y por la Oficina Estatal de Usos y Costumbres.
Pero el proceso no ha sido ni continúa resultando fácil. El hecho de que el Estado no haya reconocido, todavía, al presidente del cabildo popular electo por las asambleas comunitarias en diciembre de 2004, Daniel Martínez Dolores, ha impedido un mayor desarrollo de la localidad, que padece un 90% de analfabetismo, y a la que llega escasa inversión estatal tanto en materia de educación, como sanitaria.
Éstas son algunas de las cuestiones comentadas a Levante-EMV por la abogada y presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (Limeddh), Yésica Sánchez Maya, en su visita a Valencia. La Limeddh acompaña el proceso de fortalecimiento del Ayuntamiento Popular Indígena, a través de la capacitación de sus representantes y la defensa de los derechos humanos.
De diciembre de 2004 a octubre de 2005, momento en el que se inicia el proceso interno de toma de posesión de las nuevas autoridades comunitarias, los representantes electos fueron víctima de una campaña estatal de desprestigio, según explica Yésica Sánchez, llegando incluso al arresto y encarcelamiento de los representantes en febrero de 2005 por la apertura de expedientes por usurpación de cargos políticos, proceso electoral no válido y resistencia a la autoridad, entre otras cuestiones.
Las continuas movilizaciones, una marcha desde San Juan Lalana a Oaxaca para exigir la libertad de los representantes encarcelados, junto a un expediente plagado de puntos débiles lograron que en abril, y después de 43 días, los representantes indígenas fueran puestos en libertad.
Para la responsable de la Limeddh en Oaxaca, « se trató de desintegrar el movimiento indígena, pero existe una ley estatal electoral que reconoce la existencia de los municipios que se rigen por usos y costumbres que sólo obliga a remitir el acta de asamblea al instituto y éste lo tiene que reconocer ». Desde entonces, ha habido actos de intimidación como las amenazas a representantes populares o los incendios intencionados de varias casas del municipio, denunciados por la Limeddh.
Sin embargo, el Ayuntamiento Popular Autónomo Indígena de San Juan Lalana resiste a base de recursos y con una estructura organizativa que pasa por figuras propias como el Cabildo Popular con autoridades rotativas cada tres años ; un Consejo Superior, integrado por personas mayores, mujeres y jóvenes ; y una Asamblea de Comunidades, que integra a las 32 comunidades, y donde cada ciudadano realiza sus propuestas. « Se trata de constituir una democracia real dentro de los pueblos indígenas, al tiempo que ellos recuperan el proceso de sus antepasados », concluye Yésica Sánchez, para quien « la postura del Estado mexicano de no derogar la Ley de Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas, mientras intenta el control de las comunidades por medio de la manipulación judicial, es una tapadera donde esconder sus abusos y arbitrariedades ».
Fuente: Nuria Tendeiro Parrilla (Levante)
