La paliza que le han dado cuatro vigilantes de la empresa de seguridad privada cacereña, CERES, a un chaval en un centro de menores de Badajoz, gestionado por la Junta Extremeña, es el testimonio gráfico de las torturas que se practican en muchos de estos internamientos.
Representa la brutalidad de la institución con los más débiles. La bestialidad ejercida con casi total impunidad. En este caso algún trabajador ha dejado de mirar hacia otro lado y ha sacado la cinta para que cesen estas repugnantes agresiones.
Trabajadores que venían denunciando tiempo atrás las condiciones en las que son contratados. Cuidadores a los que se les exige para reeducar a los niños el certificado escolar. A los verdugos, sólo que no tengan escrúpulos en machacar a un crío que, esposado, es “reducido” en aplicación de la norma que justifica los porrazos, los golpes, los moratones, las patadas, las chulerías, los insultos, la humillación y el ensañamiento de quien “reducido” no se puede defender de los matones que cumplen la ley, como ha dicho la titular de los reformatorios extremeños que dirigen los socialistas pacenses.
Un chaval “conflictivo” al que le administran narcóticos y lo recluyen en el llamado módulo terapéutico, donde recibe atención psiquiátrica y es reprimido con crueldad, desatada por quienes están facultados por el reglamento para resocializar al niño a base de hostias.
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