La asociación Salhaketa informó hoy de que las dos mujeres presas en la cárcel de Langraiz/Nanclares de la Oca que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de un funcionario con un cargo importante dentro de la dirección de esta institución están sufriendo presiones como «la denegación de permisos a los que tenían derechos, cacheos extraordinarios, ataques contra su credibilidad o dificultades en las visitas».
Por este motivo, pidieron que la Dirección General de Prisiones comparezca públicamente para explicar el informe elaborado tras conocer estas denuncias así como sobre las medidas adoptadas una vez realizadas las inspecciones.
En una rueda de prensa ofrecida hoy en Vitoria, el portavoz de Salhaketa Vizcaya, Carlos Hernández, explicó que tras las dos denuncias presentadas en los meses de marzo y abril éstas mujeres «están en peores condiciones porque han empezado a recibir represalias». «Además, a una de ellas se le ha expulsado de talleres y a la otra se le está intentando también expulsar», añadió.
Asimismo, ambas están «en una situación de mucha presión por el juego psicológico que está habiendo en contra de ellas, sobre todo porque el denunciado sigue trabajando en la cárcel», aseguró, aunque dijo desconocer si el presunto agresor está en contacto directo con ellas, aunque sí saben que «sigue entrando en el módulo de mujeres».
«En su opinión estas medidas tendrían una finalidad de represión de quienes ya han denunciado y de disuasión a quienes pudieran hacerlo, porque mucho nos tememos que pueden ser más las presas afectadas por estos abusos», lamentaron los miembros de esta asociación.
Hernández informó de que las dos denuncias presentadas por estas mujeres están en fase de instrucción y que a las dos presas las están representando abogados de Salhaketa Vizcaya y Alava. Con respecto a la denuncia presentada por este colectivo indicó que también está en fase de instrucción y añadió que tanto a ésta como a la de las presas esperan que se incorpore el informe de la Dirección General de Prisiones sobre este tema.
«La DGP hizo una investigación pero de ella no ha salido ninguna medida correctora y le preguntamos sobre esto porque no ha tomado medidas y porque esperamos que las tome», manifestó el portavoz de Vizcaya, quien agregó que lo que en todo caso ha hecho esta dirección es «criminalizar a los colectivos sociales que apoyan a las presas».
En este sentido, explicó que se mandó una notificación a la Fiscalía para ver si la rueda de prensa que dio Salhaketa el 25 de abril era constitutiva de delito, «pero no ha salido adelante». «Lo intentó pero no lo consiguió», dijo.
Lo que esta asociación pretende es «dar una respuesta de que las presas siguen en las mismas condiciones o peores. Y eso es lo que nos preocupa realmente».
Preguntado sobre cuánto puede tardar este proceso dijo que «si esto se queda sólo en el ámbito judicial puede tardar años, pero si la cuestión se tomase más en serio por parte de la administración penitenciaria probablemente se podrían tomar medidas».
«Si sale adelante y llega a sus últimas consecuencias probablemente más mujeres se animen a denunciar estas situaciones, pero si esta denuncia se cierra en falso y acaba garantizando la impunidad del agresor evidentemente estaríamos hablar de una situación en la que volver a sacar denuncias de este tipo sería muy difícil», agregó, antes de asegurar que con estas movilizaciones lo que pretenden es «animarles a que denuncien, decirles que estamos con ellas y que les apoyamos».
Tras lamentar que «es muy difícil demostrar esas represalias» y que están intentando que se suspendan y que dejen de ocurrir lo antes posible, dijo «a los que puedan estar abusando de ellas o presionándolas que, por favor, tengan en cuenta que hay una sociedad pendiente de ellos y con ganas de que se den las explicaciones y se tomen las medidas oportunas».
A la pregunta de si se habían producido denuncias de este tipo con anterioridad, lamentó que «no hay constancia de anteriores denuncias, pero algo me hace sospechar que no tanto porque no haya ocurrido en anteriores ocasiones como porque antes no ha habido una conciencia de denuncia, por eso creemos que esta denuncia es muy importante».
PLATAFORMA SOCIAL
Desde Salhaketa Alava, Marta Aldanondo informó de la constitución de la Plataforma Social de Apoyo a Mujeres Presas que surge como consecuencia de las citadas denuncias y leyó un comunicado suscrito por 79 movimientos y colectivos en el que se reclama «el final de las presiones a las presas que denunciaron los hechos» y «la inmediata suspensión cautelar de su puesto para el presunto autor de los hechos que se denuncian con el fin de evitar coacciones a las mujeres presas».
Asimismo, se aboga por la «excarcelación preventiva que les permita denunciar en libertad todos los presuntos abusos que puedan haber sufrido» así como «el indulto inmediato, como primera compensación a los daños sufridos, de aquellas mujeres presas que se demuestre que han sufrido cualquier tipo de abuso», con independencia de otras reparaciones, tanto morales como materiales, a las que tuvieran derecho.
«Queremos manifestar nuestra convicción de que estos supuestos hechos son un exponente más de la ineficacia de la cárcel en la lucha contra el delito y de la incompatibilidad de esta institución con el respeto a los derechos fundamentales que habría que garantizar, como es, en este caso, el derecho a la libertad sexual», concluye el manifiesto.
Aralar, Askatasuna, Batzarre, Bilgune Feminista, CGT y CNT de Alava, Elkarri, Elkartzen, ESK, Etxerat, Gasteiz Izan, LAB, Pastoral Penitenciaria de Vitoria, STEE-EILAS y Zutik son algunas de las organizaciones que han suscrito este manifiesto.
Fuente: EP
