Artículo de opinión de Rafael Cid
“Quien pretenda recordar ha de entregarse al olvido”
(Maurice Blanchot)
“Quien pretenda recordar ha de entregarse al olvido”
(Maurice Blanchot)
La renuncia a la “línea roja” de constituir cuatro grupos propios en el Congreso por Podemos, rebaja sustancialmente las capacidades parlamentarias de las confluencias En Comú Podem y En Marea al tiempo que fractura a la candidatura territorial encabezada por Compromís, partido que gobierna con los socialistas en la Comunidad Valenciana. Se trata de una “operación salvados” que puede facilitar la investidura a la portuguesa del líder del PSOE Pedro Sánchez, si le deja el aparato de Ferraz y dan un paso al frente los nacionalistas vascos y catalanes. O una convergencia transversal que incluya también el aval de Ciudadanos para mostrar músculo de estabilidad política a los poderes fácticos.
El 1982 el PSOE asaltó los cielos con una mayoría absolutísima de 202 escaños, también entonces el eslogan prometía “cambio”. Un puntazo en toda línea obtenido a rebufo del pavor suscitado en amplias capas de la población por el 23-F, que permitió a Felipe González inaugurar su reinado con un golpe de socialismo de Estado para satisfacer la demanda de la izquierda ambulante. Tirando de sus propios atributos, como un Barón de Münchausen redivivo, el todopoderoso vicepresidente y ministro de Economía de la época, Miguel Boyer, decretó la nacionalización de holding Rumasa, el avispero de José María Ruíz-Mateos que tras su incursión en el sector bancario empezaba a incordiar a los financieros de la milla de oro.
Semejante entrada triunfal en el medallero progresista tuvo un recorrido incierto, yendo de tumbo en tumba hasta su veredicto final con sendas trifulcas que dejaron al partido de Pablo Iglesias senior para pocas fiestas. La primera se produjo cuando Ferraz y Moncloa presionaron al entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), el prestigioso jurista republicano Manuel García-Pelayo, a fin de que hiciera valer su voto de calidad para ratificar la incautación en el alto organismo. La segunda vino también de otro eminente jurista, el penalista Marino Barbero, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que osó “allanar” la sede del PSOE por el caso Filesa, la mayor trama de financiación ilegal del socialismo.
Ni García-Pelayo, ni Barbero, ni Boyer vivieron para contarlo. El tsunami desatado por sus respectivas actuaciones procesales no dejó títere con cabeza. Mientras la cúpula felipista emprendía una larga marcha a través del bipartidismo para sobrevivir a sus propias contradicciones, el primero regresaba amargado a su destierro en Venezuela de donde había partido reclamado por el PSOE; el segundo fallecía en la más dramática indiferencia social pocos años después y el número dos del primer gobierno socialista culminaba su carrera política como patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el laboratorio de ideas de José María Aznar, el aguerrido líder del Partido Popular y miembro del Trío de Las Azores.
Iniciado el siglo XXI, el duopolio dinástico hegemónico PSOE-PP ha caído víctima de su recurrente corrupción. Pero la concepción autocrática de la política, descrita por García-Pelayo en el libro “El Estado de partidos”, publicado tras su fiasco en el constitucional, sigue donde solía. Y los últimos vaivenes para constituir un gobierno tras las elecciones del 20-D demuestran que el eclipse del bipartidismo a la antigua usanza no significa necesariamente que el sistema se haya regenerado. Porque con sus idas y venidas en el mercadeo de la investidura (la subasta de pescado que decía Artur Mas), emergentes e institucionales están demostrando que siguen rehenes de lo que en su clásico estudio Robert Michels denominaba la “ley de hierro de la oligarquía”.
La aceptación por parte de los independistas ERC y Libertad i Democracia de la ayuda del PSOE para formar dos grupos propios en el Senado (camino que podría aprovechar el Podemos confederal), es la prueba de la pervivencia de la vieja política con odres nuevos. Es legal pero ilegítimo y escasamente democrático, sobre todo si se reivindica en nombre del soberanismo de la gente. No solo porque el préstamo de senadores para conformar grupo en la Cámara alta es un caso de transfuguismo de talonario, sino porque se hace en el ámbito donde más agrede la sensibilidad democrática. Y no cabe la comparación con la misma práctica en el Congreso, donde la transacción resulta igualmente indecente. El Senado, según la Constitución (art.69), es la única institución que permite la elección directa de representantes. Con lo que la permuta de electos para reagruparse temporalmente en opciones políticas distintas a las originales es una tomadura de pelo. ¡Todo el poder para los partidos!
La sede de la representación territorial sigue los pasos de lo que en este terreno, y por mor de un Derecho Parlamentario de parte, es práctica habitual en el Congreso. Así las cosas, el atado y bien atado del Estado de partidos, que se gesta en una legislación electoral poco favorable al pluralismo, y se concreta en unas listas cerradas y bloqueadas con que la las cúpulas de las formaciones políticas programan su asalto a las instituciones, cobra una dimensión exponencial y casi surrealista. Y todo ello con desfalco incluido. Ya que aparte de la subvención pública que corresponde a cada partido por los escaños logrados, debe añadirse el plus de dos millones de euros reservado para los Grupos Parlamentarios (Reglamento del Congreso. Título II. Arts. 23-29). Con ello, no sería disparatado afirmar que este modus operandi aflora una imaginativa modalidad de sufragio censitario.
Mascaradas y simulacros están a la orden del día en este curioso interregno de gobierno en funciones con parlamento funcionado (igual que ocurrió en Catalunya varios meses) que ha deparado el después de las elecciones. Sin Ejecutivo a la vista, los principales partidos se aprestan a presentar proposiciones de ley para alardear ante el personal y manejar los tiempos de los cabildeos para la investidura. El más osado ha sido Podemos, que ha registrado su iniciativa parlamentaria con el casi taumatúrgico enunciado de “Ley 25 de Emergencia Social”, como incentivando la profecía autocumplida. El más lerdo por evidente, el Partido Popular que pretende con su papelín que socialistas y pablistas reconozcan la “unidad de la Nación Española”, el obvio que enmarca el artículo segundo de la Constitución que todos y todas acaban de acatar.
Durante el franquismo la voluntad general era la voluntad del general y en la Segunda Transición vuelve a ser, como en la Primera, la democracia de partidos, que sustituye a la verdadera democracia representativa. De esta manera se perpetra un atentado contra la constitución, pues mientras la vigente Carta Magna (Arts. 67, 2) prohíbe de iure el mandato imperativo (de abajo-arriba) de facto lo avala (de arriba-abajo) con la sumisión de los diputados a las cúpulas partidarias. Como recordaba el profesor García- Pelayo citando a Kelsen: << (…) no vale la tesis de que el Estado está por encima de los intereses sociales particularizados, pues, tal tesis es una ilusión metafísica o metapolítica, una pura afirmación ideológica antidemocrática destinada a encubrir la dominación sobre la generalidad de un único grupo de intereses disfrazado como interés general, orgánica o global>> (El Estado de partidos. Alianza Editorial. Madrid 1986.Pag.32)
El ruedo ibérico. Otra vez.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
