Las tropas rebeldes del General Franco, traidoras al Gobierno legítimo, completaron el desmantelamiento de la República española en abril de 1939. A partir de ese momento, iniciaron una febril labor dirigida a borrar todo vestigio de las libertades republicanas conseguidas hasta 1936 : prohibieron las lenguas y toda manifestación cultural autóctona que tuviera el más mínimo matiz identitario popular ; impusieron la «lengua del Estado» y toda la simbología nacional-católica, falangista y fascista ; implantaron la «formación del espíritu nacional» en nuestras escuelas y el estudio obligatorio de la religión católica, además de la obligación de oír misa y rezar el rosario todos los días. Ese estado de cosas —humillante para los demócratas del pueblo— era vivido con satisfacción por los adeptos al régimen y la iglesia católica, saciando unos su sed de sangre republicana y libertaria y los otros sus ansias de dominación espiritual y cultural.
El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca representa el mayor bagaje histórico-cultural de la sangrienta dictadura franquista. Su mantenimiento hasta la actualidad ha sido un error mayúsculo de los gobiernos socialistas de Felipe González, aprovechado miserablemente por Aznar al promulgar el 12 de marzo de 1999 el Real Decreto 426, con el que creó dicho Archivo inexistente hasta entonces, ya que había venido funcionando desde 1940 como una de las fuentes básicas de información para el Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo. Su origen, al igual que todas las instituciones creadas por el dictador, es radicalmente nulo, ilegal e injusto. Su devolución a los propietarios expoliados es, por lo tanto, uno de los actos más necesarios para la reconciliación ideológica nacional y el restañamiento de la maltrecha «memoria histórica».
Pero las fuerzas fascistoides que alimentan la derecha española saben que cada pérdida de esas «señas de identidad» las aleja más y más de su añorada etapa de dominación absoluta de la voluntad y las libertades del pueblo español de aquellos años aciagos. En este caso, ha habido incluso un hecho reaccionario : el RD 426/1999, respondiendo a la petición catalana de restitución. Y ahora, cínicamente y rizando el rizo, «voces de su amo» relacionan la «unidad de España» con la «unidad del Archivo de Salamanca». Otras, tanto o más irracionales, afirman que se opondrán hasta físicamente, aunque, de otra parte, apelan al ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho, olvidando empero la ilegitimidad del régimen dictatorial que perpetró su origen.
Procedentes de la provincia de Castellón hay en Salamanca 365 cajas de documentos históricos. En esas cajas nos arrebataron a sangre y fuego una parte importante de nuestra memoria colectiva. ¿Es justo que renunciemos a ella ? Yo creo que no. Lo justo y procedente, por contra, es que todo vuelva a los lugares de donde no debía haber salido nunca y luego, con criterios científicos, que se estructure el Archivo o los archivos que se crean oportunos. Y Francisco Camps debe estar en ello.
JOAQUÍN GONZÁLEZ (Diputado en las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE)
