En rueda de prensa, para valorar los resultados de las elecciones y cómo afectarán a la Ley del Sector Ferroviario, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 18 de mayo, Juan Carlos Pérez Aguilera recordó que la oposición, y por tanto, también el PSOE, votó en contra de esta Ley y puesto que ahora las urnas han decidido que el PSOE sea quien gobierne, ha de postularse sobre cuál va a ser su posición.
Miembros del Comité General de Empresa de Renfe, por parte de CGT, confió hoy en que el Gobierno socialista que ha salido de las urnas paralice la Ley del Sector Ferroviario y vuelva a llevarla al Congreso para modificarla «cumpliendo así las promesas electorales».
En rueda de prensa, para valorar los resultados de las elecciones y cómo afectarán a la Ley del Sector Ferroviario, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 18 de mayo, Juan Carlos Pérez Aguilera recordó que la oposición, y por tanto, también el PSOE, votó en contra de esta Ley y puesto que ahora las urnas han decidido que el PSOE sea quien gobierne, ha de postularse sobre cuál va a ser su posición.
El compañero, miembro del Comité General de Renfe, se refirió también a los sindicatos CC.OO., UGT y el de maquinistas, que —como recordó— estaban dispuestos a seguir negociando con el Gobierno del PP para ver cómo se aplicaba esta Ley. «Nosotros (CGT) nos oponíamos frontalmente a la misma y ahora que cambia la situación política habrá que ver cómo estos sindicatos van a cambiar los planteamientos de su negociación».
Pérez Aguilera recordó las malas consecuencias que tendría la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario que aprobó el Gobierno del PP, entre las que destacó un incremento del gasto público, un aumento de las tarifas, una pérdida en la seguridad ferroviaria y la destrucción de empleo estable y su sustitución por empleo precario, entre otras.
Asimismo, afirmó que la Ley contempla el cierre de las estaciones que no sean rentables y, aunque no mencionó cuáles estarían afectadas ni dio cifras, añadió que, otros aspecto que contempla la Ley es que, de aquellas estaciones no rentables se podrán separar los servicios que sí lo sean y, en un periodo de cuatro años, ofertarlas a la empresa privada.