Remolcadores Nosa Terra, S.A. (Remolcanosa) es una empresa privada, con sede en Vigo, que explota el servicio público de remolcadores en diversos puertos del estado, entre ellos los de Baleares. Su propietario es José Silveira Cañizares, empresario conocido tanto por sus inversiones en el sector marítimo (además de controlar el negocio de los remolcadores, en 1997 adquirió la empresa estatal Elcano, la mayor naviera española, actualmente con filiales en Brasil y Argentina) como el hospitalario (también desde 1997 es propietario de Policlínico Vigo, S.A., el mayor hospital privado de España y, desde 2002, del sanatorio compostelano Nuestra Señora de la Esperanza).
Los trabajadores de Remolcanosa, del servicio de remolcadores del puerto de Palma, llevan a cabo una huelga indefinida desde el pasado día 19 de Junio de 2007, con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante y de la CGT. Esta huelga fue convocada por la negativa empresarial de aplicar, a los empleados del Puerto de Palma, las mismas condiciones de guardias, descansos y vacaciones que disfrutan sus compañeros del Puerto de Vigo, estando todos ellos bajo el amparo y la aplicación del mismo convenio colectivo. Pero, más allá de la sorprendente capacidad de estos compañeros para luchar y resistir, reflejada en la larga duración del conflicto y del rosario de agresiones que han tenido que soportar, esta historia es ilustrativa de la particular indefensión en que se encuentran los empleados de muchas empresas privadas que explotan servicios públicos.
Ante la convocatoria de huelga en los remolcadores de Palma, la Delegación del Gobierno en Baleares dictó un decreto de servicios mínimos que parecía redactado por el propio abogado de la empresa. Hasta tal punto, que su cumplimiento suponía, de facto, la supresión del derecho a los descansos reglamentarios. Pero aquel (primer) decreto, por lo visto, tenía un “agujero” : no contemplaba el remolque de entrada y salida a los cruceros de lujo, ni otras prestaciones a empresas privadas, o la atención a los buques de guerra yanquis (servicios mecánicos, de intendencia, etc.), en sus tradicionales visitas a la bahía de Palma.(1)
Cuando los cruceros “Royal Irish”, “Ocean Village Two”, “Island Scape” y “Queen Elizabeth II”, entre otros, no recibieron atención de remolque por efecto de la huelga, el Delegado del Gobierno, Ramón Socias, elaboró el 10 de agosto de 2007 un segundo Decreto de “servicios mínimos”. En él ya se contemplaba, cual traje a medida de los intereses de Remolcanosa, la atención al negocio privado de los cruceros. Esta actitud de Socías, de anular a toda costa la presión de la huelga, contrasta con su silencio y pasividad, ante las más de quince denuncias, por violaciones de su propio Decreto por parte de Remolcanosa, que desde CGT hemos denunciado y registrado documentalmente en la propia Delegación del Gobierno.
Mientras tanto, los dirigentes de la UGT en Remolcanosa, liberados por Silveira y sumisos a los dictados del patrón, ya se habían afanado previamente en visitar a las instituciones de Baleares y, mediante ruedas de prensa (29-6-07), pedir insistentemente la ilegalización de la huelga de los trabajadores del puerto de Palma, por el supuesto “daño a la imagen de nuestras islas” (¡vaya argumento de “sindicalistas” !). Y afirmando, his master’s voice, que el convenio colectivo se aplicaba correctamente en Palma, sin ni siquiera haber preguntado a los interesados.
La empresa tampoco anduvo de brazos cruzados. Inicialmente, intentó poner en servicio un nuevo remolcador con una tripulación de esquiroles. Esta maniobra fue anulada por el Juzgado de lo Social, con una medida cautelar, ante nuestro recurso. Además, los trabajadores en huelga tuvieron que soportar, entre otras presiones, hasta dos sanciones para cada uno, de tres meses de empleo y sueldo, “por participar en huelga ilegal”. Las sanciones fueron recurridas y, ya en el Juzgado, sus argumentos se disolvieron como azucarillos, y acabaron siendo retiradas por la empresa. Finalmente tres de ellos fueron despedidos. Dos, por supuesto “incumplimiento de los servicios mínimos” (a criterio del empresario, cual juez y parte) y otro, con imputaciones falsas por parte de la dirección de Remolcanosa.
Pero, de nuevo, los tribunales han dado la razón a los trabajadores y, este mes de Abril de 2008 hemos conocido la sentencia de los recursos contra los dos primeros despidos, que han sido declarados nulos por el Juzgado de lo Social de Palma, con efectos de readmisión inmediata, por vulnerar de manera flagrante el derecho de huelga. Al día de hoy queda por celebrar el juicio por el tercer despido que, a pesar de sus burdos argumentos, comparte con escandalosa claridad los motivos reales de los dos primeros.
Además, y ante las denuncias de la CGT, la Inspección de Trabajo ha elaborado un informe en el que se requiere a Remolcanosa que subsane los importantes defectos en materia de prevención de riesgos laborales. Los buques remolcadores de Palma, cuya antigüedad y deterioro los convierten en auténtica chatarra flotante, son causa de múltiples situaciones de riesgo. En diversas ocasiones, los propios trabajadores han denunciado por escrito averías y accidentes (sin ninguna reacción, que se sepa, por parte de las supuestas “autoridades” receptoras de las denuncias), por el peligro que suponen ésos barcos, para ellos y para los mismos usuarios. Pero la Autoridad Portuaria de Balears, titular del servicio, continúa haciendo la vista gorda, mientras Silveira y los suyos nos dan a todos gato por liebre, con material de desguace.
A pesar de lo estrecho de las leyes, del enorme sacrificio económico de la huelga para los trabajadores, de la capacidad coercitiva y depredadora del empresario, de las extraordinarias ayudas (y del marco de impunidad), que éste ha recibido y recibe del Gobierno, de la Autoridad Portuaria, de partidos políticos, de sindicalistas corruptos, etc., la huelga de los trabajadores de Remolcanosa continúa, en el Puerto de Palma, hasta conseguir los objetivos : el respeto a sus derechos y a no ser discriminados.
Su lucha es un ejemplo para todos, y por ello merecen toda la solidaridad que como trabajadores y como ciudadanos seamos capaces de generar. Pero, además, se trata de preservar la calidad de los servicios públicos, así como de exigir la decencia, y la ética, en la conducta de los cargos institucionales, aunque todo ello no favorezca los intereses privados de empresarios como José Silveira.
Fuente: Pep Juárez,
Secretari d’Acció Sindical de CGT-BALEARS
