El 24 de octubre, la Encuesta de Población Activa (EPA) vuelve a mostrar la realidad social y cotidiana de la población que tiene más de dieciséis años y puede trabajar : 38.270.700 personas.
De las personas consideradas activas, que ascienden al tercer trimestre de 2008 a 22.945.100, se encuentran trabajando 20.346.300, y sin trabajo, es decir, paradas, 2.598.800.
De las personas consideradas inactivas, esto es, que no se encuentran en el mercado de trabajo asalariado o autónomo, que ascienden a 15.325.600, cerca de 8.700.000 son pensionistas, cuya pensión media asciende en el último trimestre a 806 € mensuales.
Las personas asalariadas son 16.746.200, de las cuales 11.000.000 perciben un salario mensual de 980 €, y en el otro extremo se encuentran los miembros de los consejos de administración de las empresas, los ejecutivos, los directores, los técnicos de alta cualificación, los cuales perciben salarios/rentas que se sitúan en los 450.000 € mensuales.
Las personas paradas, 2.598.800, perciben prestaciones de desempleo medias inferiores a los 800 € mensuales.
Las personas que han sido expulsadas de sus trabajos en el último trimestre del 2008 han sido 217.200 y quienes han perdido su puesto de trabajo en los últimos doce meses, han sido 806.900.
El despido y su consecuencia, el paro, ha aumentado en todos los sectores en el último trimestre : la construcción tiene 57.600 parados más, y ya suman 354.000 en los últimos 12 meses. Los servicios aumentan las personas paradas en 47.700 ; la industria, 27.200 más ; y la agricultura suma 26.900 parados.
Las personas que llevan sin empleo desde hace más de un año ascienden a 609.500, y el número de hogares con todos sus miembros activos en paro ha crecido en los últimos 12 meses en 258.800 personas.
Las 10 grandes entidades bancarias, ocho Bancos y dos Cajas, obtuvieron unos beneficios netos de 100.000 millones de € desde el 2000 al 2007. El Parlamento español, con el voto favorable de PSOE, PP, CIU, PNV, CC, UPN y el negativo de IU y BNG, aprobó financiar al sistema financiero-bancario “patrio”, con una partida de 50.000 millones de €, ampliable a 100.000 millones de €, para “devolver la confianza al mercado y que tengan dinero para financiar a la economía real”.
Desde CGT, no sólo repudiamos esta gran estafa legalizada por un acto político, sino que además denunciamos y nos oponemos a que se financien los beneficios privados de esa ínfima minoría social que percibe de media mensual 450.000 € por persona.
El sistema financiero patrio tiene dinero neto más que de sobra : los 100.000 millones de beneficios obtenidos en siete años de crecimiento sin fines sociales, insostenibles, inviables para la vida y destructivos para el planeta tierra.
Las partidas públicas, los 100.000 millones “regalados” al sistema financiero, salen de la deuda pública y sólo es un acto político el que decide para quién se dedica este dinero público. Los trabajadores, los pensionistas, los parados, los jóvenes, no han sido preguntados acerca de esta decisión.
El poder político tiene la obligación constitucional de velar por el bien público y que trabajos, rentas salariales, pensiones y contribuciones sociales sean repartidas pensando en el interés general y no en el interés privado de una minoría depredadora.
Los 100.000 millones hay que utilizarlos para garantizar rentas suficientes a los 2.600.000 parados actuales. Así percibirían 38.000 € por persona y año, lo que sólo supone aumentar en 2,01 la deuda pública, situada en el 32,6 %. Y dedicar otros 100.000 millones a subir las pensiones del 70 % de las personas pensionistas que se sitúan por debajo de los 630 €. Esto sólo aumentaría la deuda otros 2 puntos, es decir hasta el 38 %. Y dedicar otros 200.000 millones, cuatro puntos más sobre la deuda, hasta situarla en el 42 %, para terminar con la pobreza relativa que padecen cerca de 9.000.000 de personas en el Estado español. Y así hay que actuar hasta volver a una situación donde los derechos humanos inalienables de las personas y el respeto por la naturaleza y la tierra queden garantizados y la vida social buena sea posible para todos.
Los poderes públicos tienen que garantizar dinero suficiente y exigir de quien se apropia indebidamente y no contribuye al interés general responsabilidades, sean éstas civiles, políticas o penales. Exigir que sus salarios y sus rentas sean limitadas. Que sus impuestos sean mayores y que aporten sus beneficios privados para una economía sostenible y viable para la sociedad en general.
Desde CGT nos oponemos a los chiringuitos especuladores y sus altísimos beneficios. Y también a que los poderes públicos nos apliquen la ley del embudo, renombrada ahora por decreto del Parlamento, de las “leyes inexorables del mercado (capitalista)”, es decir legalizar (una vez más) sus maquinaciones y tropelías para alterar el precio de las cosas (viviendas, alimentos, materias primas, etc.) y requerir de los esquilmados y ninguneados (trabajadores, asalariados y clases medias) que los Estados y sus organismos de control del dinero público (Bancos Centrales, Reservas Federales) les “regalen” nuestros dineros, aquellos que aportamos a la hacienda pública para que nuestras necesidades sociales sean cubiertas con criterios de suficiencia, reparto solidario y equidad.
