La Reforma de la Constitución para que se recoja el principio de estabilidad presupuestaria y que pone techo al gasto público supone el fin del “estado del bienestar”
La Reforma de la Constitución que ha pactado el gobierno socialista con la oposición conservadora, por su contenido y por su procedimiento, representa el máximo ataque que se ha cometido desde la dictadura franquista contra la sociedad civil y el modelo de democracia que tenemos.
Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel
máximo de déficit y de endeudamiento público, supone la consagración y
perpetuación de toda la política de reformas económicas, antisociales y
neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores y
sindicatos institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en
estos últimos años como soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el
único objetivo de satisfacer las ansias de los mercaderes, de incrementar el
nivel de explotación humana y de recursos en beneficio de una m
Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel
máximo de déficit y de endeudamiento público, supone la consagración y
perpetuación de toda la política de reformas económicas, antisociales y
neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores y
sindicatos institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en
estos últimos años como soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el
único objetivo de satisfacer las ansias de los mercaderes, de incrementar el
nivel de explotación humana y de recursos en beneficio de una minoría de ricos
y poderosos.
Este Reforma constitucional significa renunciar, de
hecho y de derecho, a cualquier posibilidad del políticas económicas basadas en
el reparto, en la justicia social, en el desarrollo del sector público, de los
servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y
laborales perdidos, podría incluso conducir a no poder garantizar el pago de
las pensiones públicas en el futuro, significa renunciar a lo que conocemos
como “estado del bienestar”, significa acentuar y ratificar el modelo
productivista, competitivo, consumista, crecentista que ha provocado la actual
crisis económica.
El cambio constitucional no contempla pedir
responsabilidades a quienes han provocado que el Estado esté en “bancarrota” y en la
ruina. Nos dicen y se exculpan con que el estado está endeudado porque no
obtiene ingresos y tiene muchos gastos, pero no nos dicen que las políticas de
los últimos años han sido quienes han provocado este endeudamiento. No hay
ingresos porque se ha legislado para que la patronal y las empresas dejen de
cotizar a las arcas públicas, dejen de contribuir, porque se han vendido las
empresas públicas rentables, porque se ha pagado la deuda privada de los
bancos, porque se están privatizando todos los servicios públicos que producían
beneficios…
El cambio constitucional significa una auténtica renuncia
a la soberanía popular, significa un verdadero déficit democrático y el
sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Europa. Se produce para
calmar a los mercados, en pleno ataque especulativo contra las arcas públicas,
en plena crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes
y franceses.
La reforma constitucional es una imposición a la
sociedad civil
de este país cuando no se le han planteado otros países con endeudamientos y
déficit público semejantes. El gobierno español ha pactado con la oposición y
resto de políticos de derechas y se han convertido en los mejores esclavos de
los mercados, haciendo de España el máximo exponente de la política neoliberal.
Por otra parte, la reforma constitucional se hace a
pocas semanas de la convocatoria de las elecciones políticas, con prisas, con
un gobierno desacreditado, agotado, provisional. ¿Por qué? Todo es una farsa. Cuando
nos han vendido las enormes dificultades que suponen los cambios
constitucionales, de la necesidad de un debate público para lograrlo, ahora en
un abrir y cerrar de ojos, en pleno periodo estival, un gobierno desprestigiado
y provisional nos arrastra a esta reforma.
Con este pacto de los políticos del gobierno y la
oposición de derechas, ¿para qué sirven las elecciones si este cambio constitucional
ratifica toda la política económica y antisocial que se viene haciendo? Ahora,
quizás más que nunca, es intrascendente el proceso electoral, dará lo mismo
quien salga ganador en las elecciones. Esta reforma constitucional ata de pies
y manos la acción social de cualquier gobierno. Volvemos a la frase “todo
atado y bien atado” y es que este país no sabe deshacerse de “salvadores”, que en el fondo
someten a sus intereses partidistas los intereses generales.
Para la CGT es inadmisible, intolerable este “autogolpe
de estado”
de los políticos contra la sociedad civil. Todas las medidas antisociales de
reducir los derechos laborales, las libertades, de reducir los salarios, de
reducir las pensiones, las prestaciones sociales, de no garantizar los servicios
sociales… todas esas políticas se han hecho para reducir el déficit hasta el
3% y para controlar el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas.
Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo, a toda
la sociedad. Ya ha reducido el déficit, ahora quiere plasmarlo en la
Constitución imponiéndonos que ese déficit se ha reducido con el único
sacrificio de la clase trabajadora y colectivos populares.
Para la CGT, pedir un referéndum para la reforma
constitucional es necesario pero, es insuficiente. El referéndum es siempre una
medida de participación directa, de democracia directa y la CGT apoya y
practica la acción directa, pero entendemos que el referéndum por si sólo es
insuficiente. Es preciso luchar y movilizar a la sociedad para no permitir esta
dictadura de los políticos, que desde la prepotencia, provocan cambios legales
irreversibles y transcendentes. Los caprichos de Zapatero, sus impulsos, su
legislar a golde de decretazos, con alevosía aprovechando el verano, nos
recuerda el viejo estilo más propio del caudillismo.
La CGT llama a la movilización y la revuelta
social para
impedir este gravísimo atentado a la sociedad de este país. Haremos cuantos
medidas estén en nuestras manos, asambleas, debates, movilizaciones, alianzas
con el máximo consenso de todas aquellas organizaciones y movimientos sociales
que todavía no hayan entregado su dignidad para parar este autogolpe de estado“
Además de la reforma constitucional, se ha dado a
conocer el pacto entre la patronal y el sindicalismo institucional para
mantener la moderación salarial pactada en 2010 hasta 2014, perdiendo descaradamente
las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha diseñado otras nuevas
medidas anticrisis igualmente perniciosas para los intereses de las y los trabajadores
y mantener los beneficios de los poderosos y empresarios. Las medidas a que nos
referimos son:
- Contratos de
Formación: se podrá realizar esta forma de contratación a todos los menores de
30 años. Estos contratos están exentos de tributar los seguros sociales de
las y los contratados bajo esta modalidad. - Rebaja del IVA en
adquisición de vivienda: se baja el tipo impositivo a la mitad -del 8% al 4%-
con la consecuente perdida de ingresos a las arcas públicas. - Reforma del FOGASA: Se permitirá que el
Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho días de indemnización en los
despidos justificados. - Prorroga de los
contratos temporales: a partir de ahora no será obligatorio convertir los
contratos temporales a indefinidos y se puede prorrogar indefinidamente la
relación laboral inestable hasta el 2013. Esto supone suspender el
artículo 15.5 del estatuto de los trabajadores.
Estos bandazos derechistas a golpe de decreto
perpetrados por el PSOE conllevan el mantenimiento de un empleo inestable y al
arbitrio del empresario de turno; expolian las arcas públicas mermando los
ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria; son un
golpe a las clases trabajadoras que pierden el empleo y ven que su
indemnización la cobraran en cómodos plazos (para el empresario y Fogasa); y se
pretende reducir la tasa de paro juvenil -del 45%- con la perpetuación de la
precariedad laboral hasta los 30 años.
La CGT llama a la movilización
para impedir la reforma de la Constitución así como la derogación de todas las
medidas económicas perpretadas contra la clase trabajadora y colectivos
sociales más desfavorecidos.
Madrid a 26 de agosto de 2011
Secretariado
Permanente de la CGT
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal
