Reflexiones sobre la Ley de Dependencia

Pretender la atención y la igualdad ciudadana, desde la separación y el sectarismo, y desde el repago de unos servicios en el tiempo costeados y legítimamente garantizados es un grave error. Grave error que nuestro sistema político español está dispuesto a hacernos pagar a todos los ciudadanos con creces, a través de esa falaz por sus formas, creación del nuevo Sistema Nacional de la Dependencia, que refuerza sus inversiones en la creación masiva de nuevas plazas residenciales y de centros de día y en la instauración...

Basta con que cualquier ciudadano, reflexione un momento para diferenciar entre lo que la teoría de este sistema nos ofrece y la práctica que la realidad de su aplicación nos otorga. No son pocas las ocasiones en que los mensajes políticos que se trasladan a la sociedad inducen a la obstaculización e incluso al retroceso en nuestro desarrollo y avance social, dentro de un marco económico en el que las tendencias neoliberales, cada vez más agresivas del mercado van imperando gracias a ese traslado político del mensaje.

Cualquier ciudadano puede estar de acuerdo y conforme, con que hay que proteger a nuestras personas mayores y a nuestras personas con discapacidad, así como a todo su entorno familiar, que históricamente viene sufriendo las cargas de unas consecuencias naturales insertadas en sus propios núcleos.

Pero este mensaje puede acabar convirtiéndose en una gran vileza política y social, si la solución en la mayoría de los casos que ofrecemos es la residencialización y el aislamiento. Algo que por otra parte está muy de moda, puesto que se nos vende que las personas “improductivas”, “personas carga” son insertadas en paraísos enladrillados en los que habrán de ser felices y vivir como mariscales, a cambio de tres comidas, seis pañales diarios, un lavado a la semana, la administración de un medicamento y la colocación del residente frente a una pared o con suerte ventana, hasta la nueva llegada del personal de la residencia, obviando absolutamente el desarraigo real que eso supone tanto para la persona institucionalizada como para todo el núcleo familiar, porque, si algo al ser humano nunca le engaña, es el sentido de su propia conciencia.

En lo que a lo humano se refiere, de pronto nos encontramos ante unos individuos que si antes eran miembros de la colectividad en igualdad de condiciones, ahora, por simple razón de edad o de discapacidad, entre unos y otros, les hemos convertido en meros residuos sociales privados de su propia identidad, bien a titulo personal o a través de sus representantes directos, cuando son éstos quienes se ven obligados a optar por lo único que pueden elegir.

Pero ¿y en lo económico ? Para que una persona pueda vivir en igualdad de condiciones, precisa en estas situaciones de determinados apoyos que faciliten esta labor, tales como viviendas accesibles, material ortoprotésico, elementos técnicos favorecedores de su propio desenvolvimiento dentro de su entorno, tales como grúas de acceso a cama o ducha, personas remuneradas y reguladas de acompañamiento y asistencia que puedan favorecer o sustituir aquello a lo que por razón de su diversidad funcional, bien sea física, intelectual, mental o sensorial no llega la persona a realizar por si misma.

Pues bien, ante la falta y ausencia de todo esto, en aras a la justificación, tanto política como administrativa, de que la dotación de estos medios y servicios es demasiado costosa para ser cubierta por la administración, la opción no menos costosa, se denomina residencialización, forzada en definitiva, de la persona porque no le queda más remedio, cuando tal residencialización de entrada, en la mayoría de las ocasiones, duplica el gasto de lo precisado dentro del propio entorno del individuo.

El valor de una plaza pública en residencia asistida, ronda los 45.000 euros año. Cuando a los ciudadanos se nos dan estas cifras y vemos que nuestros ancianos o familiares con diversidad funcional sin apenas medios para pagarlo han conseguido una de estas plazas, no nos cuestionamos nada más y la primera reacción de nuestro cerebro es la de pensar que menudo chollo que ha tenido el abuelito y la familia por ende al ser admitido en una de esas residencias.

Pero no debería de ser tan simple nuestro pensamiento, porque esto funciona un poco como el ejemplo de las tarjetas de crédito. Hoy nos parece que no pagamos, pero en poco tiempo, la factura siempre llega.

En el caso de las residencias públicas, cuya aportación por parte del usuario es, en media, de 1,000 €/mes por usuario, en caso de no tener éste los recursos necesarios para cubrir el coste de residencia, se le hace pagar en una cuantía nunca superior al 80% de sus ingresos nominales mensuales y el resto se anota “a cuenta”, de manera que se cobrará, cuando fallezca, detrayéndolo de la herencia que deberían percibir sus herederos.

Por lo tanto estamos ante unas medidas sociales bastante engañosas, que se basan en el pago aplazado de un servicio que desarraiga a las personas y que tiene costes añadidos (sanidad, rehabilitación, ayudas técnicas, formación, etc.), que serían gratuitos en caso de permanencia en el hogar.

En realidad, para poder agarrar al toro por los cuernos, habría que hacer converger el gasto social español con el europeo, para lo cual no quedaría más opción que subir los impuestos en la parte equivalente al déficit de gasto social con respecto a la media europea.

Sin embargo, tanto partidos políticos, como sindicatos, como patronales, se niegan a una subida impositiva para mantener este sistema por parte de todos los ciudadanos porque por lo visto no es demasiado electoralista eso de subir impuestos.

Aunque yo más bien diría, que no es nada electoralista subir impuestos para lo que en realidad se pretende hacer, por la sencilla razón de que el planteamiento en todo esto es el del retorno de la inversión a cuenta de los exiguos recursos de los afectados que, en situación de aislamiento padecerán y sufrirán en silencio este expolio. No obstante el fracaso es inminente, en tanto en cuanto nadie cuenta con que cada vez somos más quienes nos encontramos de un modo u otro con situaciones similares.

Parece que esto es lo que quieren nuestros gobernantes y los sindicatos más representativos, porque sabe Dios con que clase de neoliberalismo dormitan, aunque un día también a ellos como hoy a nosotros habrá de desplumarles el sistema, ya que al despilfarro lo llaman solidaridad y al hurto dignidad.

Despilfarro en la inversión de un sistema mastodóntico, que irá a parar a manos privadas fundamentalmente y que no conformará a nadie, por lo que de hurto de derechos y económico encierra, cuando sería tan simple como dotar de los apoyos técnicos y económicos necesarios a estas personas en forma de acción directa, bajo todos los controles necesarios, eso sí, con lo que se estarían ahorrando posiblemente más de un 45% del valor de lo que piensa ser invertido, no desarraigarían a nadie de su entorno, salvo situaciones de excepción, y no se usurparía ni a usuarios ni a familias enteras por el logro de un derecho, que en esas condiciones, no nos engañemos nunca ha de ser alcanzado.

Par : María de los Ángeles Sierra Hoyos