Recurrida por la fiscalía anticorrupción la polémica sentencia que absolvía por prescripción a Cesar Alierta (Presidente de Telefónica) y su sobrino de un delito de utilización de información privilegiada en el que incurrió por usar su cargo de presidente de Tabacalera para obtener una « ventaja patrimonial considerable ».
La sentencia y el recurso
La Audiencia Provincial de Madrid consideró que el juez de instrucción se retrasó en el tramite de la demanda, lo que dio lugar a la prescripción del delito. A pesar de la prescripción, el juez recogió, en el apartado de « hechos probados », las tesis del Fiscal Anticorrupción, quien, durante el juicio oral, solicitó « una sentencia condenatoria » al considerar que el entonces presidente de Tabacalera « utilizó su cargo para prever su inversión » al conocer que la compañía iba a comprar la empresa norteamericana Havatampa y a subir los precios del tabaco.
En esa misma vista oral, el fiscal dijo que la compraventa de acciones de Tabacalera reportó a Alierta un beneficio de 1,86 millones de euros, contradiciendo las declaraciones del propio imputado en las que negaba haber comprado acciones de Tabacalera « ni directa ni indirectamente ».
Tras la sentencia, el fiscal se ha apresurado a recurrir la prescripción por dos motivos : el primero, que la fecha de referencia debe ser la de interposición de la demanda y no, como establece la sentencia, la de su tardía tramitación por el juez de instrucción ; el segundo, que la prescripción se produce a los 10 años y no a los 5, tiempo que se aplica a los temas de interés general, ya que el fiscal considera que « quebrar la confianza de los ciudadanos en el mercado y la igualdad de oportunidades de los inversores » debiera tener esa consideación.
Breves noticias en la prensa del Caso Tabacalera
Tanto la sentencia como su recurso se recogen escuetamente en la prensa nacional e internacional, y se limitan a informar de lo sucedido, dando un marcado protagonismo a la actitud de la fiscalía anticorrupción.
Sólo la agencia de información swissinfo (de la que algunos diarios nacionales se hacen eco) se « atreve » a ir un poco más allá y recoge las declaraciones « de analistas anónimos » : « Creemos que a medio plazo podría aumentar la presión sobre Alierta para dejar su cargo … porque ya la sentencia inicial dejó una sombra de duda al no declararle inocente y absolverle sólo por la prescripción de los hechos » ; o la de Michael Kovacocy, analista de Daiwa tras la sentencia absolutoria : « Bajo el mandato de Alierta, Telefónica ha presentado unos resultados excepcionales incluso en tiempos difíciles » ; también la de uno de los 10 principales inversores, bajo la condición de no revelar su nombre : « Yo lo juzgaría si hubiera cometido un error al frente de Telefónica. Pero eso pasó antes de Telefónica. Se trata más de una cuestión de reputación. Si por eso no puede quedar en su cargo, nos preocuparía » ; y, finalmente, el silencio de un portavoz de Telefónica que no quiso hacer comentarios.
La presidencia de Alierta desde nuestro punto de vista
No compartimos la opinión de los que dicen que el « error » afectaría solo a su reputación y no a su presidencia en Telefónica, y que no debería tenerse en cuenta por los excepcionales resultados presentados en la empresa. La justicia deberá resolver el recurso pero, hasta entonces, lo cierto es que, junto a una absolución por cuestiones meramente formales, se afirma la comisión de un delito.
Respecto a sus nueve años de presidencia, no puede ignorarse que los excelentes resultados económicos también han dependido de un recorte de la masa salarial notable como supone la reducción drástica de plantillas, sobre todo en TESAU, y la introducción en la negociación colectiva de sistemas de discriminación (al mismo trabajo no corresponde el mismo salario) y, por extensión, de precariedad laboral. Cesar Alierta ha sido fiel continuista de la política de reducción de plantilla que se implantó desde su completa privatización, y durante su mandato los dos Expedientes de Regulación de Empleo presentados por la empresa y aprobados por los sindicatos mayoritarios, con el beneplácito del gobierno de turno (en una empresa con beneficios, los trabajadores acogidos han cobrado dos años de paro) han conseguido destruir 20.000 puestos de trabajo de calidad.
Tampoco hay que olvidar que, durante su presidencia, se produce la desaparición de la empresa colaboradora, el traslado de 9.000 trabajadores al destierro del Distrito C consecuencia de una clara especulación inmobiliaria- y, como colofón, la reciente criminalización de la lucha sindical de los que pretendíamos un convenio colectivo mejor que el firmado el año pasado, convenio que dejó abierta la puerta a la modificación sustancial de nuestras condiciones laborales sin justas contrapartidas ni mecanismos de solidaridad para con los nuevos empleos comprometidos en el mismo.
Salud y Libertad
Sindicato Federal de Telefónica – CGT
Fuente: SFT - CGT
