La contestación de la Consejería Andaluza de Educación, 17 meses después, de la presentación de un escrito remitido por CGT, ha sido el resultado de los requerimientos que el Tribunal Superior de Justicia andaluz le ha venido haciendo en el sentido de aportar el expediente administrativo, en la demanda presentada por CGT por la existencia de Ratios Ilegales en numerosos centros andaluces.

La contestación de la Consejería Andaluza de Educación, 17 meses después, de la presentación de un escrito remitido por CGT, ha sido el resultado de los requerimientos que el Tribunal Superior de Justicia andaluz le ha venido haciendo en el sentido de aportar el expediente administrativo, en la demanda presentada por CGT por la existencia de Ratios Ilegales en numerosos centros andaluces.

De la lectura del expediente remitido por la Consejería de Educación podemos deducir que en modo alguno pretende esta entrar en el fondo de la cuestión planteada, que no es otra que la vulneración de las ratios establecidas en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo. Centrándose la pretensión de la Consejería de Educación en negar legitimidad a esta organización sindical con argumentos que deberán ser rebatidos en el procedimiento.

Nos encontramos ante la ausencia de argumentación sobre el hecho, cierto, de que numerosas unidades escolares en Andalucía superan las ratios legalmente establecidas, sin que hayan concurrido circunstancias previstas por la ley para ello, sino que obedece a una planificación premeditada e ilegal con pretensión de burlar el ordenamiento legal, hurtando derechos fundamentales a los niños y niñas andaluces y a sus familias, así como empeorando voluntariamente las difíciles condiciones laborales de los profesores y profesoras que deben atender a un número superior de escolares de lo que la Ley establece, aumentando su trabajo y preocupación por el buen desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje y educativos de todos los alumnos y alumnas a ellos encomendados.

De esta forma un conjunto numeroso de familias que tienen sus hijos en edad escolar son víctimas de un empeoramiento de las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza de sus hijos e hijas, con el único fin de ahorrarse, la Consejería de Educación, dineros para utilizarlos en otros menesteres que sin duda proporcionan a los políticos que dirigen esta institución posibilidad de promoción política mediante la publicidad mediática de programas estrellas, (Nuevas tecnologías, Fomento de la Lectura, El año del quijote, el año de la Generación del 27, Premios a la innovación, Medallas de Educación, publicaciones múltiples, etc.), que podrían justificarse si previamente se cumpliera con el mandato legal de ofertar a la ciudadanía los requisitos mínimos establecidos como estándares de calidad. Sobre todo cuando dice promover programas de compensación educativa para el alumnado más desfavorecido manteniendo la ratio de manera ilegal por encima de lo establecido.

CGT ha requerido en numerosas ocasiones datos relativos al número de unidades y de grupos en cada centro escolar andaluz, que ha sido en vano e incluso contestada con una enorme arrogancia por aquellos que tienen obligación de ofrecer públicamente los datos de la gestión que realizan con recursos de toda la ciudadanía. La más absoluta oscuridad envuelve el simple dato del número de alumnos por unidad en cada centro escolar andaluz. Esta oscuridad llega hasta el mismo Consejo escolar Andaluz que reconoce no tenerlos, e incluso la Alta Inspección del estado que confiesa por escrito tampoco conocerlos. Este Sindicato se pregunta como es posible que cada año se realicen informes sobre el Estado de la Educación en Andalucía por estas dos instituciones sin que puedan contrastar mediante este simple dato si se cumple o no la normativa de carácter estatal (Básico para todo el Estado) de la ratio en los centros andaluces.

CGT, además de las demandas judiciales presentadas, se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz ante tamaño atropello, no solo de la ley sino y sobre todo de la democracia, ya que a fuerza de ocultar datos a la ciudadanía se llega a la tiranía más absoluta sin solución de continuidad. Pero también y principalmente por la necesidad de que alguien “El Defensor del Pueblo” vele porque los derechos a unos elementos mínimos que afectan tan directamente a la calidad de la oferta educativa que los niños y niñas andaluces reciban sean reales. Igualmente se le solicita se interese por este asunto y requiera a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, facilite los datos de la unidades y número de alumnos en cada centro educativo andaluz de los curso 2006/07 y del presente 2007/08. No basta con aportar en los informes anuales las medias o datos globales, ya que de esta forma se hace imposible el conocimiento de la realidad de cada contexto educativo. Al mismo tiempo inste a la Consejería de Educación a que en la planificación que actualmente realiza para el curso 2008/09, ya que el proceso de escolarización está iniciado, sea obediente al mandato legal de escolarizar a todos los alumnos y alumnas andaluces de Educación Infantil y Educación Primaria comprendidos entre los 3 y los 12 años en unidades o grupos que no superen al finalizar el mes de junio 25 alumnos. Y a escolarizar a todos los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria, en grupos que no superen al finalizar la matriculación en el mes de julio los 30 alumnos.


Fuente: Rafael Fenoy Rico
Secretario General de la Federación de Enseñanza de CGT