A principios de este mes se publicaba con el siguiente titular “Los mayores de 55 años, a favor de retrasar la jubilación” una noticia que desarrollaba algunas de las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), presentado por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza.
Según este estudio un 65% de las personas encuestadas que tienen edades comprendidas entres los 55 y 64 años están a favor de que exista la posibilidad de seguir trabajando más allá de la actual edad de jubilación. Este estudio no ha cruzado esta respuesta con el nivel de expectativas de las personas encuestadas en referencia a obtener pensiones dignas. De hecho la pensión media en España es tan escasa que muchas personas necesitan seguir trabajando (aunque ilegalmente) para poder complementarla. Este detalle debería haber sido controlado en este tipo de estudios si de acercarse a lo real se tratara.
El asunto de la jubilación es un tema esencial, no sólo para las personas que se verán afectadas, tarde o temprano, sino al conjunto de la sociedad. La esperanza de vida que algunos estudios sitúan en España cercana a los 80 años, permite observar un horizonte de tiempo sin trabajo como en ninguna otra etapa de la humanidad se ha tenido. Por otro lado la presión demográfica sobre el sistema de pensiones, que aumenta considerablemente a medida que las generaciones más allá de la postguerra van llegando a la edad de jubilarse, es otro factor que necesariamente hay que valorar. La pirámide poblacional española dibuja franjas muy amplias de población que se acercan a los 60 años, es decir los nacidos en la década de los años 50. Inmediatamente detrás aparecen amplios colectivos de personas nacidas en la década de los 60, donde la natalidad fue especialmente grande en España.
Además es necesario tener presente que el actual mercado de trabajo arroja cifras de desempleo muy importantes, y especialmente preocupantes en las personas con menos de 30 años que padecen una situación de desempleo cercana al 50%. Es decir solo trabaja uno de cada dos jóvenes. El mantenimiento, no digamos ya el pretendido aumento de la edad de jubilación, supone trasmitir una gran desesperanza en esas personas jóvenes, a las que además se les ha confirmado por la reforma laboral aprobada en las cortes, que para el cálculo de su futura pensión de jubilación se tendrá en cuenta los últimos 20 años trabajados.
No reducir la edad de jubilación, aunque sea voluntaria, y el haber bloqueado las prejubilaciones con la reforma del Gobierno Socialista, suponen en la práctica negar la posibilidad de empleo a miles de jóvenes. Amentar esa edad de jubilación crea una nueva dificultad a la épica e infructuosa búsqueda de empleo.
Los cálculos que el gobierno y algunos expertos realizan se limitan a introducir datos de número de pensionistas, masa de recursos económicos recaudada, tiempo medio estimado de cobro de pensión y cuantía de la misma. Para abordar este aspecto esencial en la vida de la ciudadanía es preciso introducir el factor productividad, apropiación privada de la plusvalía y reparto de la misma. Las personas trabajadoras producen mucho durante su vida laboral y gracias a los avances tecnológicos ha aumentado esa capacidad de producción. Por ello debemos preguntarnos por qué ese enorme caudal de recursos económicos que producen millones de trabajadores y trabajadoras no se reparte de manera que se reduzca el tiempo de trabajo, no sólo semanal, sino durante la vida de cada persona, generando con ello puestos de trabajo y garantizando unas pensiones dignas. La clave no está en la reforma del Pacto de Toledo. La solución es mucho más global y hay que tener valentía política para abordarla.
Rafael Fenoy
