La apuesta de los grupos de poder del Estado Español, que dirigen los movimientos tanto del Gobierno de la nación como del Parlamento, a través de los partidos políticos, por finalizar la primera transición española ha surtido efecto. Liquidado el sistema de la anterior dictadura franquista han tomado posiciones suficientemente consolidadas, según su criterio, para romper el acuerdo tácito de no agresión entre los socios que hicieron posible la primera transición.

La apuesta de los grupos de poder del Estado Español, que dirigen los movimientos tanto del Gobierno de la nación como del Parlamento, a través de los partidos políticos, por finalizar la primera transición española ha surtido efecto. Liquidado el sistema de la anterior dictadura franquista han tomado posiciones suficientemente consolidadas, según su criterio, para romper el acuerdo tácito de no agresión entre los socios que hicieron posible la primera transición.

No obstante es muy probable que los grupos de poder real en España y fuera de ella, hayan decidido dar el siguiente paso para conseguir el control “democrático” de todas las instituciones del país. Para ello nada más oportuno que romper el “pacto” con los sindicatos “mayoritarios”, aquellos que por decreto Felipe González aupó a esta posición de privilegio, para mantener el “diálogo social” y los pactos de la Moncloa que garantizaron las paz social necesaria para el desembarco de los partidos en el poder sin obstáculos.

Mientras tanto la ciudadanía que no tiene nada de “tonta”, ha comenzado hace años a percatarse de que no todo lo que se dice se hace y mucho de lo que se hace no se dice. Llegando a comprender que el juego político de los partidos solo beneficia a estos a costa de la riqueza del país. Miles de millones en apuntalar a partidos políticos y otras instituciones del estado que solo promueven un mayor gasto para gloria de quienes de ellos viven, a costa de la subida de impuestos y el despilfarro de los mismos. Deudas millonarias que el estado, autonomías y ayuntamientos tienen contraídas sin que se vea una sombra de cordura en esta loca carrera por el poder.

Por ello la ciudadanía va a comenzar, probablemente ya lo haya hecho, la segunda transición española hacia la libertad, ya que hemos rebasado el límite de tolerancia a la dictadura : Dictadores NO, ni por cuatro años. Para ello una parte del Estado debe progresar poniendo límites a la ambición desmedida y asocial de partidos políticos, bancos y grandes fortunas. Nada más saludable que “civilizar” (hacer civil) la política y el sindicalismo. La sociedad civil debe asumir el total protagonismo de la dirección y consolidación de una nueva etapa en el camino hacia la libertad, la justicia y el bienestar de todas las personas que conforman este proyecto común. Ya se demanda la mayoría de edad de una sociedad civil que no necesita de tutores que “usufructúan” el patrimonio común como si propietarios de él fuesen. Todo aquello que se le exige por ley a las asociaciones ciudadanas (sistemas de elección y revocación de sus cargos directivos, la participación directa en la aprobación de los presupuestos mediante asamblea de todos sus asociados), deberá establecerse en la organización política del estado.

Los partidos políticos han tenido su oportunidad para hacer posible un futuro mejor. No han podido, no han sabido o simplemente no está en su naturaleza el conseguirlo, ya que su razón de ser es el bien del propio partido siempre, incluso por encima del interés general al que dicen servir. Por ello estos partidos deben asumir un nuevo papel como simples asociaciones civiles para orientar, reflexionar, posicionarse sobre todo aquello que entiendan objeto de su interés, pero no más. La representación política de los ciudadanos debe ser personal, ostentada por quien es elegido y con la posibilidad de ser revocado por aquellos que lo eligieron. Nadie puede obtener ventaja alguna por ser elegido y si el interés general no mueve suficientemente a ninguna persona para presentarse a ser elegido, se hace como en las comunidades de propietarios, se contrata un administrador y punto.

Fdo Rafael Fenoy Rico Secretario de Jurídica y Comunicación CGT Enseñanza