Javier Pradera y Santos Juliá no sólo son dos influyentes intelectuales con predicamento izquierdista. Su mayor activo ante la opinión pública radica en formar parte del núcleo duro del diario El País, ese otro pensador orgánico que desde el arranque de la transición ha servido de espejo de progresistas. Por eso, su lectura de la Amnistía del 77 como Ley de Punto Final y su crítica al alimón de la Ley de Memoria Histórica y del Garzón de la justicia penal universal para las víctimas del franquismo, hay que valorarlas como una defensa cerrada del statu quo que “disfrutamos”.
Bien, pero por qué tanto empeño en descalificar algo que para todo demócrata que se precie no es sino una solemne obviedad. Anular los juicios del franquismo no es volver a las andanas ni un refrito vengativo. Anular los juicios del exterminio y sacar las consecuencias pertinentes es un acto de decencia moral y de responsabilidad democrática. Un régimen de libertades no puede descansar sobre los pilares de una dictadura genocida. Para que exista una auténtica legitimidad de origen y de ejercicio es preciso expurgar esa aluminosis que corroe sus cimientos.
De ahí que no se comprenda el interés del tándem Pradera-Juliá por ejercer de corporación dermoestética de nuestro pasado incorrupto. No es un lifting más o menos apañado de aquel horror instituyente lo que demanda un sector de la sociedad española comprometido con hacer real la profundización de la democracia que propone la vigente constitución. Sino luz y taquígrafos para ponerlo en lugar años de silencio y autismo ético-político.
La Amnistía que sirve de parapeto al alegato compartido de Pradera y Juliá se aprobó en 1976 (Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio) por un gobierno preconstitucional y predemocrático y fue ratificada en 1977 (Ley 40/77 de 15 de octubre) por una Cortes igualmente preconstitucionales y parademocráticas, con 41 senadores designados directamente por el Rey elegido a dedo por Franco. Por algo, distintos organismos jurídicos internacionales, como el Consejo de Europa en el 2006 (Recomendación 1736, de 17 de marzo) y hace unas semanas la Sala de Derechos Humanos de Naciones Unidas (94 periodo de sesiones, de 27 de octubre), han solicitado reiteradamente al gobierno español que acabe con esa aberración derogando la Ley de Amnistía.
Cosa que lejos de conmover a los ilustres defensores de la norma que otorgó la inmunidad vitalicia para los crímenes del franquismo, al dejar incorporada su legislación penal al acervo jurídico de la democracia sucesoria, ha servido para empecinarlos. El pasado domingo 23 de noviembre, Javier Pradera tildó de “un viaje alucinógeno” la pretensión rectificadora del juez Garzón, al tiempo que calificaba de “ajustes de cuentas”, en plural vindicativo, los actos de exterminio perpetrados. Y sin embargo, no por esa inclemente toma de postura pensamos que Pradera esté dando argumentos al revisionismo facha de los Pio Moa y Cesar Vidal, ni mucho menos a la postulación por el olvido hecha por el cardenal Rouco al reclamar una “auténtica y sana purificación de la memoria”.
Por su parte, al día siguiente, lunes 24 de noviembre, Santos Juliá, ponía la mano en el fuego en un artículo de opinión titulado “Amnistía como triunfo de la memoria”. En su exposición, el conocido historiador preguntaba : ¿Fue la ley producto de una amnesia, causa de un olvido ? ¿Midíó con el mismo rasero a los presos políticos que habían luchado pacíficamente (sic) contra la dictadura y a sus carceleros y torturadores ? Para responderse a sí mismo enfáticamente a renglón seguido : “En absoluto”.
Y claro, tiene toda la razón Juliá, aunque el terminante “en absoluto” sea interpretable, como ese impositivo “pacíficamente” referido a la lucha contra la dictadura. En verdad no fueron medidos con el mismo rasero víctimas y victimarios, y la prueba está en el propio diario El País que aloja las siempre interesantes posiciones de Santos Juliá, a cuya dirección no pareció crearle mayor problema nombrar como jefe de la asesoría jurídica del diario, se supone que para defender la libertad de expresión en aquellos tiempos inciertos, al que había sido el último juez del Tribunal de Orden Público (TOP) número 2 de la dictadura.
Al menos Santiago Carrilo es más coherente cuando justifica su oposición a la iniciativa de la Audiencia Nacional afirmando con la sagacidad que le caracteriza que “nos puede salir el tiro por la culata”. Precisamente la definitiva y total anulación de los juicios del franquismo es lo que ahora justamente se demanda, con creciente clamor social, para que de una vez por todas deje de hablarse de “ajustes de cuentas” y se haga efectiva moral, jurídica y políticamente la responsabilidad de unos, los que apadrinaban la Ley de Fugas, frente a los otros, aunque la lucha de estos últimos contra la dictadura no fuera todo lo pacífica que Santos Juliá desearía.
Fuente: Rafel Cid
