Endesa es soberana, pero el pueblo vasco y el catalán no. Lo que decidan los directivos y accionistas de la empresa energética va a misa, mientras la opinión de los legítimos representantes Euskadi y Catalunya exige el nihil obstat previo de Madrid. En resumen, parece justo y necesario que el mercado reclame para sí el derecho a decidir, en tanto en el Estado- nación ese mismo derecho de autodeterminación es mera retórica. O sea, que a la altura de la globalización neoliberal lo que en el mundo de los negocios se considera sagrado ejercicio de soberanía en el plano político se reduce a una autonomía controlada y preventiva. Ergo, el silogismo es obvio : la soberanía del mercado se erige sobre el intervencionismo de los ciudadanos. En la democracia realmente existe el Estado-nación esta subordinado al Estado-capital, aunque nunca haya existido capital ni acumulación de capital que no proceda en origen de una expoliación social.
Eso se mire por dónde se mire, sin excepciones ni paliativos. Siempre que no se tengan en cuenta las opiniones mercenarias (intervenidas y no soberanas) de muchos medios de comunicación y buena parte de los sempiternos expertos de cámara. El ejemplo más flagrante en el caso español lo encontramos en la propia dinámica global de la triada capital-estado-nación. Bruselas, meninge propiciatoria del mercado único, en pleno uso de las competencias delegadas por los estados advierte a Rodríguez Zapatero de la imposibilidad normativa de oponerse a la OPA de la alemana ON sobre la nacional Endesa.
Pero esa misma “auctoritas” supranacional se esgrime, a la inversa y no a la viceversa, para negar de raíz el derecho de autodeterminación – incluso en la fórmula utilizada por Canadá en el contencioso de Québec – de vascos y catalanes con sus “fueros”. Pasando por alto el hecho clave, esencial y definitorio de que mientras el parlamento vasco y el catalán han aprobado por mayoría un nuevo código de convivencia con su entorno, ni los subconjuntos del pueblo vasco y catalán, ni siquiera el pueblo español en su conjunto, fueron consultados en su momento sobre la inclusión en la Unión Europea y la correspondiente cesión de soberanía que ello implicaba. Es más, cuando se pidió a la “nación” su opinión (no vinculante, claro, como corresponden a entes intervenidos) sobre la Constitución europea, su clamoroso rechazo fue olímpicamente ignorado.
Todo ello en un juego de ordenamiento jurídico constituyente y constituido que busca su primera referencia en el tenor literal del artículo 2 de la Constitución vigente de 1978 al proclamar : “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Y así se valida un sinuoso tráfico constitucional que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, en este caso no a gusto del consumidor sino del controlador. Si se tira de la C.E como norma suprema, el pueblo es soberano y sacamos pecho. Si se escoge el ancho de vía europeo, impuesto por la fuerza de la coacción del sistema, el paradigma es la legalidad vigente que permite la soberanía del mercado y al mismo tiempo la intervención sobre el pueblo. Lo que indica que el valor primordial, el primus inter pares, es siempre el mercado. Y también que hoy como ayer lo que es bueno para el capital (llámese General Motor o Endesa) es bueno para el país. Así es si así os parece.
Por eso Rodríguez Zapatero coincide en la misma longitud de onda con los trogloditas emboscados en la clase política, financiera, mediática, dinástica y militar a la hora de abordar el tema del derecho a decidir. “La autodeterminación no renegocia porque tal derecho no existe”, ha dicho el presidente del Gobierno en respuesta a Mariano Rajoy, olvidando que en la historia del centenario Partido Socialista Obrero Español pesan más los años autodeterminacionistas que los colonialistas. Sin ir más lejos, el PSOE del congreso del 1977 aún refrendaba el derecho de autodeterminación como autonomía de la voluntad política, para Navarra por ejemplo, pero poco después se convertía al dependentismo rampante aceptando la entrega del entonces Sahara español a su verdugo el genocida Hassan II, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver este rosario de incoherencias, deslices y trágalas constitucionales con las manifestaciones de uno y otro signo efectuadas sobre el derecho a decidir ? ¡Todo !. La derecha se ha echado a la calle, movilizada por el primer partido de la oposición y habitual denigrador del método de la pancarta, para pedir que se impida que vascos y catalanes decidan autónomamente, ya sea sobre el Estatut o sobre la paz con ETA. Vascos y catalanes, a su vez, lo han hecho en sentido contrario. La manifestación del pasado 18 de febrero en Barcelona se llevo a cabo bajo la divisa “somos una nación, no un preámbulo”, en alusión a la última redacción del Estatut pactada por PSOE y CiU, y convocó según la delegación del gobierno a 125.000 personas. La última del PP, celebrada una semana más tarde en Madrid contra la negociación con ETA, reunió según las mismas fuentes (en ambos caso “fuentes” adversas) a 110.000 personas.
El pulso está servido, porque aunque las contundentes manifestaciones nacionalistas e independencias efectuadas en el País Vasco se vean concienzudamente ninguneadas en la prensa “nacional”, se olvida que el 16 de febrero de 1990 el parlamento de Vitoria, siguiendo los pasos del parlament de Catalunya en 1989, aprobó “que el pueblo vasco tiene derecho a autodeterminación”. Circunstancia que llevó a un historiador “nacional” a escribir que “al aprobar este derecho, el parlamento vasco se convierte en la primera asamblea nacional de un país de la Comunidad Europea que adopta esta decisión”. (Fernando García de Cortázar, El nacionalismo vasco, pág. 150). Teniendo en cuenta que estos pronunciamientos de soberanía, por parte de los legítimos representantes del ambos pueblos, se hicieron cuando la comunidad internacional bendecía los procesos de secesión en curso en la antigua URSS, se comprueba que los pilares del capital a menudo representan un campo de minas para la política. Que es otro enfoque del conocido aserto de Mandeville acerca de que los vicios privados prefiguran virtudes públicas.
Fuente: Rafael Cid
