Cara a la galería, son adversarios irreconciliables. Pero a la hora de la verdad su política económico-social, desmaquillada, es más de lo mismo. PP y PSOE, gobierno y oposición, tienen idéntica fórmula para conjurar la crisis : que la paguen los pobres. Por eso acaban de ponerse de acuerdo para meter la tijera en el presupuesto sanitario.
Como se trata de una competencia transferida a las autonomías, el primer acto que desenfunda el plan de austeridad comprometido por Zapatero ante Davos y Bruselas ha hecho inevitable el entendimiento del Estado central con los gobiernos de las comunidades del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, tanto monta, monta tanto.
Se trata de un acuerdo antisocial que han titulado por el lado más “mediático” del recorte en gasto farmacéutico en unos 1.500 millones de euros, pero que en realidad oculta una agresión a uno de los pilares del Estado de Bienestar. Y como corresponde a las políticas neoliberales compartidas por los dos partidos mayoritarios, evidencia la voluntad de cargar los costes de la crisis y del saneamiento del sistema financiero-inmobiliario que la originó sobre las espaldas de los trabajadores en sucesivas y bien administradas píldoras. Todo ello jaleado por los medios de comunicación placebos como una muestra más de la altura de miras de los contrayentes.
El “ajuste sanitario”, ejecutado cuando la víspera el Parlamento había escenificado el divorcio-trampa entre el gobierno y el primer partido de la oposición, no sólo implica una racionalización de la partida farmacéutica, también conlleva la congelación de los sueldos de los casi 500.000 trabajadores del sector, demostrando en la práctica que existe una estrategia para reducir los salarios de los funcionarios, a pesar de los desmentidos-truco de última hora de los portavoces gubernamentales. Y lo que es más grave, con el plan recién formalizado en Sanidad, limitando sus recursos y precarizando servicios, se bendice la misma filosofía reaccionaria que con las pensiones. El anuncio de inflación de costes que se proclama como justificación para la defensa de un presunto interés general encubre en realidad un intento de transferencia de renta social a los intereses estratégicos del sector privado.
Todo indica que la agenda oculta poscrisis se ha activado. Con su habitual brutalidad, Corbacho señaló en dirección a la banca al recomendar que se suscribieran planes privados para complementar la cobertura de jubilación estatal. Y ahora el forzado empobrecimiento de los servicios públicos de salud, en equipo humano, medios y recursos, alfombrará el camino hacia la privatización de ese importante segmento de negocio que se les resistía por la calidad de la atención médico-clínica y el nivel de las prestaciones sociales. Haciendo de la necesidad virtud y ante la escasa contestación ciudadana, PP y PSOE al alimón están convirtiendo la crisis en una extraordinaria cantera de inversiones para el capital sostenible.
Se trata de un ataque al Estado de Bienestar tan importante como los proyectos hasta ahora frustrados para intervenir a la baja en el mercado de trabajo y las pensiones, mientras los sectores responsables de la crisis que ha provocado ya unos 4,5 millones de parados aumentan sus beneficios exponencialmente sin que el Gobierno se atreva a hacerlos pasar por caja. Solamente cumpliendo las recomendaciones del ministerio de Sanidad sobre prescripción de genéricos, un informe del Servicio de Salud de Galicia (SERGA) realizado en 2009 cifraba en unos 6.000 millones de euros el ahorro anual que reportaría esa medida. Una propuesta sutilmente “saboteada” por el lobby de las multinacionales farmacéuticas, la misma industria que ha causado un agujero de gasto sobrevenido de decenas de millones de euros en las cuentas de Sanidad con la compra al por mayor de las inútiles vacunas contra la pandemia de Gripe A que nunca existió.
El acuerdo para precarizar la Sanidad que ha unido a los supuestos rivales políticos no es una excepción sino la regla. PP y PSOE llevan tiempo pactando políticas endógenas. La nómina de la cohabitación es abundante : gobierno compartido en el País Vasco ; asociación de intereses por aliado interpuesto (UPN) en el ejecutivo de Navarra ; votación común para la elección del presidente de la Comisión Europea en la persona de Durao Barroso, el candidato del Partido Popular Europeo, y acuerdos parlamentarios en asuntos relevantes como el recorte del principio de Justicia Universal y el desbloqueo de la normativa que condicionaba la fusión de canales privados de televisión, ente otros.
La crisis ha unido a PP y PSOE en una especie de gobierno en la sombra para implantar la agenda oculta de la refundación del capitalismo sostenible a costa del patrimonio y los recursos públicos, presentes y futuros. Adictos a la obediencia debida que dictan los mercados financieros, los gobiernos de la Unión Europea basculan entre desconvocar una cumbre sobre desempleo “por falta de ideas” y aplazar otra sobre la regulación de los fondos especulativos por presiones de los propios afectados. No hay oposición que se oponga. Aunque en Islandia, Grecia, Rumania y Letonia (donde el Tribunal Constitucional ha tirado abajo la contrarreforma de las pensiones) la gente se está echando a la calle harta de estar harta.
Rafael Cid
